El dirigente del Partido Nacional Carlos Iafigliola, que durante la legislatura pasada fue diputado suplente y lideró la campaña para llevar a referéndum la Ley Integral para Personas Trans, tuvo una reunión con el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, en la que presentó una iniciativa que busca “desestimular los abortos” entre personas de alta “vulnerabilidad social y/o económica”.
En diálogo con la diaria, Iafigliola dijo que la idea es que el equipo interdisciplinario que toma contacto con la mujer que desea abortar le ofrezca “alternativas”, como vincularse con la ONG Ceprodih. En su página web, la ONG se presenta como una asociación cuya misión es “atender y promover a las familias más vulnerables, especialmente mujeres con niños en situación de alto riesgo social: desempleo, violencia doméstica, desamparo durante el embarazo”.
“No estaríamos violentando para nada la ley [de interrupción voluntaria del embarazo, de 2012], simplemente quienes tienen que dar las explicaciones en el equipo multidisciplinario van a tener que incorporar esta información hacia esas madres. Hoy estamos pensando en Ceprodih, pero seguramente hay otras organizaciones sociales que trabajan también en la misma temática”, dijo. Agregó que el plan piloto que espera que se ponga en marcha en ASSE especifica la vinculación con esta ONG.
Iafigliola –que fue uno de los portavoces de la campaña para derogar la ley que despenalizó el aborto, que fracasó en las urnas– manifestó que la idea es comenzar con el plan en las policlínicas de ASSE en Montevideo e involucrar al Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.
Señaló que el objetivo central de su propuesta es “desestimular los abortos” entre las mujeres que “se encuentran en situaciones complicadas a nivel social o económico”, es decir, “darles una puerta de salida que hoy no tienen y que justamente no aborten, sino que lleven adelante su embarazo y puedan tener a su bebé”.
Según describió el dirigente nacionalista –que actualmente se desempeña como asesor del presidente de Antel, Gabriel Gurméndez–, a mediados de setiembre envió una nota a Presidencia para dar a conocer su propuesta y le respondieron que la derivarían al Ministerio de Salud Pública (MSP) y a ASSE, pero que él tratara de “empujarla” en estos organismos por su propia cuenta. Fue así que pidió la entrevista con Cipriani, que se desarrolló el martes pasado.
Iafigliola afirmó que el presidente de ASSE “vio con muy buenos ojos la propuesta”, y entonces lo consideró “un muy buen socio” para “poder llevar adelante esta iniciativa”. Explicó que “el próximo paso” es buscar una reunión con el MSP y luego “seguir golpeando puertas”. Además, por esta “propuesta alternativa al aborto” Iafigliola iniciará una gira por el interior del país para dar “charlas abiertas”. En primera instancia viajará a Paysandú, San José y Colonia.
Para Iafigliola actualmente hay “voluntad política” para llevar adelante una propuesta de este tipo. Es que sostuvo que su iniciativa “está enmarcada”, en primer lugar, “en la definición que dio en mayo del año pasado el presidente” Luis Lacalle Pou, cuando en una conferencia de prensa dijo que el gobierno tiene una agenda “provida” y que “hay que tener una política de desestímulo de los abortos”. “Parado sobre esa definición y sobre lo que dice la propia ley es que armamos esta propuesta”, aseguró Iafigliola.
El dirigente blanco manifestó que 97% de las mujeres que inician el proceso para realizarse un aborto ratifican su intención luego del período mínimo de cinco días “de reflexión” a partir de la consulta con el equipo interdisciplinario. En este sentido, dijo tener “dudas respecto a que ese asesoramiento se esté haciendo como corresponde”.
En 2012, en su condición de director técnico del Círculo Católico, Cipriani pidió a la comisión de la Cámara de Diputados que estudiaba el proyecto de ley para despenalizar el aborto que se permitiera la “libertad de conciencia institucional”, es decir, que la mutualista no hiciera abortos. En aquella instancia, el ahora jerarca de ASSE dijo a Montevideo Portal que la institución estaba “totalmente en contra” de la interrupción voluntaria del embarazo. La ley habilitó la objeción de conciencia tanto de médicos como de instituciones, que igual deben garantizar la atención de sus pacientes en otros prestadores.
“Sostener el estigma” sobre el aborto
Lilián Abracinskas, directora de la ONG Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), dijo a la diaria que el alto porcentaje de mujeres que ratifican su intención de interrumpir su embarazo –luego del diálogo con el equipo interdisciplinario y el período de reflexión– “corrobora” que “cuando una mujer decide abortar, lo va a hacer; no importan las condiciones legales u obstáculos que le pongan, porque tiene muy claro que un embarazo impuesto o una maternidad forzada es un sufrimiento para ella y para el ser que va a traer al mundo”.
Abracinskas dijo que “Lacalle Pou se tiene que hacer cargo” de que surjan propuestas como la de Iafigliola, porque cuando declaró que el gobierno tenía una agenda “provida”, en 2020, “habilitó a este tipo de actores” que “lo único que quieren es sostener un sistema de privilegios en el que ellos siguen diciendo qué, cómo, cuándo y con quiénes las mujeres tenemos que opinar, decidir, hacer”.
“Lo único que tratan de hacer es imponer sus creencias desde todo lugar de influencia en el que tratan de meterse, aprovechando las estructuras democráticas, pero no porque respeten la democracia”, añadió en referencia a que el derecho al aborto fue consagrado en una ley y ratificado cuando fracasó el prerreferéndum de 2013.
Abracinskas manifestó que por normativa el equipo interdisciplinario “no puede influenciar ni en un sentido ni en otro” a la mujer que inició el proceso de aborto. Por este motivo, consideró que la intención de influir en las decisiones “tiene detrás el cometido de mandar el mensaje de que abortar está mal”, lo que significa “sostener el estigma” sobre esta práctica médica.
Desde el Frente Amplio (FA) indicaron a la diaria que no estaban al tanto de la propuesta de Iafigliola, pero que intentarán conocerla. Entre otras medidas, no se descarta realizar un pedido de informes o solicitar la concurrencia del directorio de ASSE a la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados, dijeron fuentes del FA. Una de ellas manifestó que al MSP ya se le han solicitado otros informes respecto de cómo están funcionando los servicios de interrupción voluntaria del embarazo.
Días atrás, el Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva de MYSU publicó el informe “Aborto en Cifras. Datos del Uruguay al 2021”, que, con base en información del MSP, reveló que en 2020 las interrupciones voluntarias de embarazos fueron 9.915, 295 menos que en 2019 y 458 menos que en 2018, que fue el año que registró la mayor cifra desde que se aprobó la ley. El informe señala, además, que en total se hicieron 75.117 abortos legales desde que se instalaron los servicios: 36.998 en el sector público y 38.119 en el privado.