El expresidente José Mujica opinó este martes sobre el proyecto de ley que Cabildo Abierto busca aprobar en el Parlamento para habilitar la prisión domiciliaria a presos mayores de 65 años, salvo para los que estén presos por algunos delitos. Recordó que durante su mandato intentó impulsar un proyecto similar, y sobre esto puntualizó: “En soledad en este país hace muchos años dije que no era partidario de que los ancianos permanecieran en la cárcel, pero la ancianidad para mí no son 65 años”.
El dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) dijo en una rueda de prensa, tras participar en la presentación de un libro en la sede del Banco Central, que para él una persona anciana es una persona “de 75 para arriba”. “No me jodas, si ahora van a subir las jubilaciones, el tipo va a tener que trabajar por lo menos hasta 65 años y todo lo demás, ¿a los 65 años un hombre es un anciano? No”, opinó en referencia a la propuesta de la coalición en la Comisión de Expertos en Seguridad Social para aumentar la edad jubilatoria.
Además, el expresidente aseguró que estaría de acuerdo con una iniciativa que marque la prisión domiciliaria para mayores de 75 años, pero si es para todos los delitos, “no con tales o cuales presos, lo veo como una cuestión general”.
Para Cabildo Abierto el proyecto está “muy cerca” de aprobarse
Raúl Lozano, senador de Cabildo Abierto, aseguró a Telemundo que se está “muy cerca” de contar con los votos de legisladores de la coalición de gobierno para aprobar esta iniciativa, ya que sólo falta que “algún sector” confirme su respaldo. En diálogo con En perspectiva, el senador reafirmó que se trata de un proyecto “humanitario” y ante la crítica de que busca liberar a algunos de los presos recluidos por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura, descartó que tenga “nombre y apellido” y afirmó que es “generalista”.
En la entrevista radial Lozano reconoció que el proyecto está escrito desde mayo, pero se presentó el 3 de agosto al Senado porque en un primer intento se buscó que fuera enviado por el Poder Ejecutivo. “Al principio dijeron que lo veían con buenos ojos, pero al final se resolvió no presentarlo”, comentó Lozano sobre la postura de Presidencia.
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Uno de los principales argumentos de Cabildo Abierto para justificar la prisión domiciliaria para las personas mayores de 65 años es la pandemia. Lozano reconoció que actualmente la situación sanitaria del país ha mejorado, “pero no sabemos cómo vamos a estar mañana, los datos de otros países nos llaman a la alarma”, señaló, y agregó: “Las personas de alto riesgo siguen siendo los adultos mayores; las organizaciones internacionales de derechos humanos ponen hincapié en eso y así lo dijo el comisionado parlamentario”.
De aprobarse, el proyecto cabildante afectaría a menos de 1% de la población carcelaria, que además se encuentra mayoritariamente en la cárcel de Domingo Arena, donde las condiciones son mejores que en otros centros de reclusión. Para Lozano, a pesar de que atiende a una pequeña parte, es importante que se apruebe esta iniciativa porque se trata de personas de “alto riesgo”: “Este proyecto se basa en el principio de humanidad; los adultos mayores impedidos de libertad tienen un alto riesgo sobre su integridad física e incluso riesgo de muerte. Uruguay debe adaptar su legislación a esta parte que está olvidada”.
Tal como lo había hecho el líder del partido, Guido Manini Ríos, días atrás, Lozano mencionó otro argumento a favor del proyecto que no se presenta en la exposición de motivos: “Otro aspecto que no se considera es que las personas que van a visitar a las personas añosas también son añosas y están esperando ahí en la visita, o sea que estamos exponiendo al adulto mayor preso y a la familia de ese preso”.
El proyecto de Cabildo Abierto aclara que la prisión domiciliaria no se otorgará en casos de violación, homicidio agravado o crímenes de lesa humanidad, siempre que se hayan cometido después de 2006, que fue cuando se aprobó la ley que penaliza ese delito en el país. Consultado sobre por qué los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura no entrarían en este grupo de excepción, Lozano se limitó a responder “porque la ley entró en vigencia en 2006, antes no existía el delito”. Para el senador, además, en muchos casos los militares y policías detenidos por crímenes de la dictadura están cumpliendo pena por “abuso de funciones”.