La asociación de ex presos políticos Crysol envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitando que se expida negativamente sobre el proyecto de ley de Cabildo Abierto (CA) para otorgar prisión domiciliaria a los presos mayores de 65 años de edad, que beneficiaría a más de 20 represores procesados por crímenes cometidos en dictadura que están recluidos en Domingo Arena.
En la misiva, Crysol argumenta que se trata de “una iniciativa destinada a mitigar el castigo penal impuesto por la Justicia al reducido grupo de criminales en prisión” y que, “adicionalmente, actúa de manera preventiva para los nuevos procesamientos que puedan ocurrir y desalienta a los operadores judiciales que promueven las causas”.
También recuerda que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, “ya ha expresado públicamente que considera positiva la iniciativa, al igual que algunos referentes gubernamentales”.
Por lo anterior, la asociación solicitó a la CIDH “que se expida negativamente sobre la iniciativa, recuerde al gobierno los compromisos asumidos internacionalmente en materia de justicia y las recomendaciones de los Relatores Especiales de la ONU pendientes de implementación en materia de resarcimiento a las víctimas del terrorismo de Estado”.
Familiares: “acción de censura” del ministro García
La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos emitió este martes una carta pública dirigida al ministro de Defensa Nacional, Javier García, tras la decisión de finales de octubre de declarar como reservadas las actas de un tribunal militar realizado al coronel retirado Armando Méndez. Los documentos fueron solicitados en junio por la organización y el tema tratado fue un delito económico —conocido como Operativo Conserva— por el que se acusó al represor Gregorio Álvarez.
Si bien Familiares reconoce que se “han respondido muchas de las solicitudes de información formuladas”, recuerda al ministro: “Nuestro reclamo principal es que nos suministre la información clave, relevante, sobre los procedimientos en los que se detuvieron en forma arbitraria y brutal a nuestros familiares. A quienes el Estado continúa desapareciendo y por los que hemos exigido, permanentemente, que nos brinden los datos para ubicar sus restos, ocultados por más de cuarenta años”.
La organización señala que García brindó “un argumento que no es aceptable” para declarar la reserva por 15 años, “y es que se trata de ‘asuntos personales’”. También consigna que fue declarado reservado en forma parcial el tribunal de honor del teniente coronel retirado Néstor Ramón Silveira Fonseca.
“No existen los argumentos para clasificar como reservada la información allí contenida, que refiere, básicamente, al negociado millonario en dólares perpetrado en contubernio entre un grupo económico ligado al frigorífico Carrasco, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de la época, y un sector del ejército liderado por Gregorio Álvarez que ungía como presidente de la dictadura”, dice la carta enviada al jerarca de gobierno.
“Creemos que es necesario que la sociedad conozca la verdad documentada. En este caso, que quienes decían venían a salvar al pueblo de los corruptos son los protagonistas centrales de una de tantas maniobras corruptas de la dictadura”, manifiesta la organización. Como corolario de la misiva, Familiares expresa: “Consideramos que la declaración por usted formulada, dado lo improcedente de los argumentos, no es otra cosa que una acción de censura y le solicitamos reconsidere la misma en el sentido de nuestros reclamos”.