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Cámara de Senadores, el 17 de noviembre, durante la interpelación.

Foto: Federico Gutiérrez

En una interpelación inédita, el oficialismo planteó diversas dudas sobre los gastos y contratos del Antel Arena

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“En mi barrio estas cosas se llaman corrupción”, dijo Jorge Gandini, quien encabezó la interpelación al propio gobierno; el presidente de Antel dijo que el estadio polideportivo costó “tres veces más” de lo proyectado y es “un negocio ruinoso”

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Leído por Andrés Alba.
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Por cerca de cinco horas se desarrolló este miércoles una sesión inédita en la Cámara de Senadores, donde transcurrió una interpelación promovida por el oficialismo por los gastos en la construcción del Antel Arena, una obra hecha en las pasadas administraciones del Frente Amplio (FA). El hecho de interpelar a un ministro de un gobierno del mismo partido político que el interpelante era algo con escasos antecedentes, a lo que se sumó que el FA decidió retirarse de sala. Según el politólogo Daniel Chasquetti, “nunca había ocurrido en la historia del Parlamento” una interpelación sin presencia de la oposición.

Tanto el miembro interpelante, el senador blanco Jorge Gandini, como el interpelado, Gabriel Gurméndez, presidente de Antel –que formó parte de la comitiva del gobierno que encabezó el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini–, y otros legisladores del oficialismo repasaron diversas dudas que tienen acerca del proceso de construcción del Antel Arena, los gastos asociados, la falta de planificación y los contratos por compra directa que decidieron quienes dirigían por entonces la empresa pública. El nombre de la actual intendenta y extitular de Antel y del Ministerio de Industria, Carolina Cosse, estuvo en el centro de la escena.

Buena parte de los discursos giraron en torno a la auditoría privada que contrató Antel sobre el proceso de construcción del complejo polideportivo, que llevó a cabo la firma Ecovis –cuestionada por el FA–, y el posterior dictamen por unanimidad que realizó tomando ese contenido la Junta de Ética y Transparencia Pública (Jutep), lo que derivó luego en la salida del miembro del organismo en representación del FA.

Según Gurméndez, esa auditoría fue la que permitió echar luz sobre los números del Antel Arena, ya que la pasada administración había declarado la reserva de diversos expedientes vinculados a la obra. El costo total ascendió a 120 millones de dólares, señaló, “cifra que demuestra un desvío de tres veces más del costo original que se anunció”.

“Han huido del debate cara a cara”

Al inicio de su intervención Gandini expuso los motivos por los que entendía necesario que tanto Paganini como Gurméndez dieran explicaciones sobre lo ocurrido con el Antel Arena, y apuntó al FA: “Estamos ante señalamientos graves que las actuales autoridades tienen que explicar, pero lamentamos que no estén presente quienes dicen por allí otras versiones”.

Criticó que “no haya en sala nadie que esté dispuesto a defender a la actual intendenta de Montevideo, lamento que no haya nadie que esté dispuesto a poner la cara para decir lo que dicen en la prensa, lamento que nadie se haga cargo de las responsabilidades que de aquí pueden surgir, políticas o, mañana, penales”. Para el senador, la señal de protesta que plantea el FA es en realidad “la excusa para huir del debate; que no han ingresado a sala es una interpretación, yo creo que han huido del debate cara a cara que el Parlamento y la ciudadanía merecen”.

Luego, el interpelante repasó la historia del Cilindro Municipal, el incendio en 2010 y posterior derrumbe, así como las promesas electorales del FA de realizar una obra en el predio. Según el racconto, tras naufragar un llamado a licitación para una remodelación del estadio que incluía una feria gastronómica, el tema salió de la órbita de la Intendencia de Montevideo y pasó a Antel. Tanto Gandini como otros miembros del oficialismo hicieron foco en que el rubro del complejo polideportivo está por fuera de las potestades constitucionales que tiene Antel, y que así lo hizo saber el Tribunal de Cuentas.

Recordó que Cosse argumentó, en respuesta al fallo contrario del Tribunal de Cuentas, que había un informe de la Universidad de la República que avalaba la obra, pero Gandini sostuvo que ese informe era “del doctor [Alberto] Pérez Pérez, asesor del FA por mucho tiempo”. El senador subrayó que fue “engañado” y que se “falsificó” el documento, porque se presentó como que era de la Universidad y no de alguien particular.

También mencionó que el FA habló sobre “auditorías previas” sobre la obra, y según Gandini hay “una auditoría encargada a una repartición interna de Antel que estaba a cargo de alguien que luego se confirma [que] era una persona de confianza de la presidenta del organismo, porque se la llevó como cargo de confianza a la Intendencia al asumir”.

“Son otras perlas del secretismo y el ocultamiento. [La declaración de reserva] no era para proteger a Antel, sino a quienes desviaron. En mi barrio esas cosas se llaman corrupción. Para la Jutep es violación a la ética, para mí es corrupción. La suma del secretismo, con todos los desvíos, las adjudicaciones directas y los sobrecostos, es un hecho de corrupción que se ocultó el interés político de una fuerza partidaria para preservar la imagen de la presidenta de Antel para una carrera política. Ya nos pasó con Ancap y con [Raúl] Sendic, que terminó como el primer vicepresidente destituido y procesado”, expresó Gandini.

El senador resumió su postura: “En algún lado están los 63 millones que faltaron [en el presupuesto proyectado]; se adjudicó de forma directa a muchos proveedores y eso es para beneficiar a alguien que a la vuelta de la esquina lo devuelve”.

“Un negocio ruinoso”

A su turno, Gurméndez indicó que la auditoría halló “irregularidades y apartamientos de la norma”, tras revisar “contratos, expedientes, facturas, ingresar al sistema interno de la compañía y entrevistarse con gerentes y personal, así como gerenciadores; un exhaustivo trabajo de siete meses”. Según planteó, al 30 de junio de 2020 “había pendiente 48 millones de dólares de obligaciones por este proyecto, 40% del costo total, lo que sigue siendo una carga financiera que recae sobre las tarifas”.

Señaló que las anteriores autoridades de Antel “iniciaron el proceso con cierto grado de improvisación, no había plan de negocios”, y de la auditoría surge que hubo “falta de planificación y de gestión en el desarrollo del emprendimiento”, y resumió: “Hubo un plan de negocios voluntarista, y rentas ilusorias que después no se reflejaron”.

Según lo citado por el jerarca, no hubo control financiero ni seguimiento de los gastos, sino que “parece que se fue gastando a medida que era necesario”. Además, señaló que el mecanismo de compra directa es de excepción para las compras públicas, y “Antel lo utilizó como regla para la selección y contratación”. También criticó que para algunos casos, como la construcción de la obra civil, “se diagramó un proceso competitivo especial” y a medida para la ocasión, mientras que para definir a la firma que se encargaría de la gerencia del estadio se salteó el proceso habitual. “La gestión se privatizó”, porque no era del “conocimiento” de la empresa pública la organización de espectáculos, aseguró.

Sobre los números del Antel Arena, dijo que hasta el 30 de junio había pérdidas por 3,7 millones de dólares, mientras que en 2019 –con el estadio funcionando a pleno y sin pandemia– hubo una pérdida de 1,8 millones de dólares. “Esto es un negocio ruinoso”, sentenció.

“Despilfarro arena” y contratos “a investigar”

Luego de Gandini y las autoridades del gobierno, tomaron la palabra algunos legisladores presentes en sala. El colorado Raúl Batlle dijo que la obra debería llamarse el “despilfarro arena” y el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, cuestionó la declaración de confidencialidad que decidió el FA, porque “no era una central nuclear la construcción, sino un estadio”. Este último atacó a la oposición por no dar el debate en sala, sostuvo que actúan con “cinismo político” y realizan “una burla al pueblo uruguayo”.

El senador blanco Sergio Botana repasó los procedimientos y permisos que se realizaron para concretar las obras en el predio del ex Cilindro Municipal, que también incluyó el pasaje de predios que eran propiedad del Ministerio del Interior. Dijo sobre ese proceso que hay contratos “a investigar”, entre los que mencionó el que cedió los terrenos que pertenecían a “una dependencia de tránsito y el polígono de tiro” de la cartera: “El teniente Alfredo Clavijo, de carrera meteórica en la Policía, firmó la entrega de las llaves [de estos predios] a Antel, y saben dónde reviste a la fecha, casualmente en la Intendencia de Montevideo de Cosse”.

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