“Nos llamó la atención que se vote a último momento, porque los interlocutores del Poder Ejecutivo hacían pensar que esto iba a discutirse en la legislatura del año que viene”, señaló a la diaria José Lorenzo López, vicepresidente del PIT-CNT, sobre el proyecto de ley para que los sindicatos tengan personería jurídica que se discutió este martes tanto en la Comisión de Legislación de Trabajo y Seguridad Social como en el plenario de la Cámara de Representantes. “No sabemos a qué se debe, pero podemos interpretar que tiene que ver con los líos de la coalición de gobierno”, agregó.
Con el respaldo de la coalición, la negativa de la bancada del Frente Amplio (FA) y reparos del PIT-CNT, en una sesión extraordinaria la cámara baja aprobó el proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Cabildo Abierto (CA) presentó dos aditivos, que serán tratados en la comisión: que en las elecciones internas de los sindicatos el voto sea secreto y que “los aportes económicos de los trabajadores a las organizaciones serán de total libertad del trabajador, no siendo el empleador el agente de retención”.
El proyecto está compuesto por ocho artículos y establece la implementación de un Registro de Organizaciones de Trabajadores y de Empleadores dentro del MTSS. La obtención de la personería jurídica se debe tramitar ante dicho registro, lo que incluye brindar ciertos datos: “Objeto de la organización según estatutos”, “nivel de actuación y alcance territorial de la organización”, “forma de afiliarse o desafiliarse de la organización y condiciones para ser elector o elegible”, así como la información de sus representantes y los estatutos ‒original y copia‒ autenticadas por escribano público.
La falta de tiempo para tratar el proyecto fue un punto reiterado por legisladores del FA. El diputado Gabriel Otero mencionó expresamente que tienen una “visión muy crítica de esta forma de hacer, que hace que los tiempos políticos no sean los adecuados”. En ese sentido, afirmó que esa carencia perjudicó el trato que merecían los informes que recibieron en la comisión, que “han sido bastante negativos”. Daniel Gerhard, también diputado del FA, mencionó el informe elaborado por docentes del Instituto de Derecho Laboral de la Universidad de la República, en el que se afirma que el proyecto contradice el ordenamiento jurídico y las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ‒especialmente el convenio 87‒. A pesar de ello, “no se cambió ni un punto ni una coma”.
Desde el FA se planteó como principal argumento que actualmente 90% de los sindicatos poseen personería jurídica, por lo que el título del proyecto de ley “es un decorado”, dijo Otero. A modo de complemento, el diputado Felipe Carballo dijo que es “una forma solapada de legalizar las listas antisindicales, porque no va a existir reserva de la información personal sino que va a ser de conocimiento público”. Por otro lado, aludió a que las organizaciones que ya tienen personería jurídica “ahora se tienen que ir a registrar igual al Ministerio de Trabajo. Y si no actualizan la información de sus dirigentes, no se les descuenta más la cuota ni se les da más información para la negociación directiva”. En resumen, señaló que “todos los sindicatos se van a ver perjudicados, pero fundamentalmente los que son más débiles”.
La “falta de autonomía”, el “intervencionismo” y la posible aparición de “sindicatos amarillos” fueron otras de las implicancias de la ley puntualizadas por los frenteamplistas. “Esta no es sólo una mala ley, sino que hace que el movimiento sindical retroceda en su autonomía, en su real saber y entender”, afirmó Otero. “Desde esta banca este proyecto no lo vamos a acompañar. Estamos totalmente en contra”, concluyó Carballo.
“El menos nocivo”
El proyecto tomó como base distintos proyectos de ley presentados en 2020 por integrantes de la coalición: uno de la senadora nacionalista Carmen Asiaín, otro de CA y uno del nacionalista Pablo Viana . Si bien en todos los casos se incluían elementos relacionados con la personería jurídica, también se pretendía la reglamentación de la actividad sindical, por lo que no fueron integrados en el proyecto final presentado por el MTSS. Al mismo tiempo, se consideró el proyecto presentado por el exministro de Trabajo, Ernesto Murro, durante el último gobierno del FA.
El proyecto fue discutido en el Consejo Superior Tripartito entre el MTSS, el PIT-CNT y las cámaras empresariales, que según afirmó el ministro Pablo Mieres meses atrás, “vieron positivamente” la propuesta, al igual que el PIT-CNT, salvo por el reparo al artículo 7. El hecho de que en el proceso de conformación hayan estado presentes las distintas partes fue la principal argumentación del oficialismo. “No es un capricho”, afirmó el diputado nacionalista Pedro Jisdodian. “Lejos de entorpecer la actividad sindical este proyecto viene a fortalecerla”, sostuvo Iván Posada, representante del Partido Independiente, apoyado en la misma base del acuerdo general conjunto.
Asimismo, se reiteró que la personería jurídica no es de carácter obligatorio. “No se impone ningún requisito, formalidad o exigencia que signifique un obstáculo”, aclaró Jisdodian, y agregó que “vinimos a dar una solución y regulación a una faceta que ya había sido observada por la OIT de que Uruguay estaba en falta”.
Desde el PIT-CNT se mantiene la posición de rechazo ante el artículo 7, pero también se considera que este proyecto es “el menos nocivo” en comparación con los presentados por los legisladores mencionados. En virtud de la mayoría parlamentaria oficialista, “preferimos que salga este”, dijo López.
Sebastián Sanguinetti, diputado del Partido Colorado, aseveró que el artículo 7 “fomenta la transparencia del sistema”. A su vez, certificó que “la obtención de la personería jurídica es facultativa, por tanto tiene efectos gremiales que no contradicen los lineamientos de la OIT”. El artículo 7 es el que provocó mayores reparos en la central de trabajadores, que, expresamente, solicitó que se retirara, pero el pedido no fue atendido. Esta disposición establece que los sindicatos que no posean personería jurídica “no tendrán derecho a que se retenga a su favor la cuota sindical para su depósito en la cuenta bancaria de la organización”. Semanas atrás, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo en diálogo con la diaria que no están de acuerdo “con el hecho de que se condicione una cuestión que nosotros tenemos conquistada por la ley de libertad sindical, y previamente en múltiples convenios colectivos, en un país donde hay afiliación voluntaria al sindicato”.
El otro punto de mayor discordia es uno de los propuestos como aditivo por CA: que las elecciones internas de los sindicatos sean con voto secreto. “Yo sé que el voto secreto no es aplicable para cualquier tipo de elecciones de un sindicato, por las mismas formas que nosotros acá no votamos por voto secreto, porque nuestros representados tienen que saber lo que sus representantes votan. En todo el sistema sindical es lo mismo”, dijo en la sesión el diputado cabildante Sebastián Cal. “¿Cuál puede ser el argumento para que en la elección individual de autoridades de un sindicato no exista el voto secreto? Por eso es que convencidos estamos solicitando que el camino correcto es el voto secreto para la elección de autoridades”, agregó Cal.
El diputado nacionalista Federico Casaretto arguyó que desde el Partido Nacional “están dispuestos a estudiarlo en tiempo y forma como corresponde”, y que por esta última razón votaron en contra del aditivo. “Que no se entienda que estamos en contra del voto secreto”, resumió. El ministro del MTSS había dicho a la diaria que este lineamiento no fue incluido en el proyecto de ley porque “es parte de la negociación que se hizo en el Consejo Superior Tripartito” y, a su vez, debido a que es un tema en el que “la OIT no tiene una posición muy definida”.