Ingresá

Enrique Call, Ignacio Errandonea , Graciela Montes de Oca, Marcelo Abdala y Eduardo Ceviña en la sede del PIT-CNT, el 29 de noviembre.

Foto: .

Más de 30 organizaciones sociales llaman a movilizarse este jueves contra proyecto de Cabildo Abierto de prisión domiciliaria

2 minutos de lectura
Contenido exclusivo con tu suscripción de pago

La coalición se encamina a postergar su tratamiento para el año que viene.

Contenido no disponible con tu suscripción actual
Exclusivo para suscripción digital de pago
Actualizá tu suscripción para tener acceso ilimitado a todos los contenidos del sitio
Para acceder a todos los contenidos de manera ilimitada
Exclusivo para suscripción digital de pago
Para acceder a todos los contenidos del sitio
Si ya tenés una cuenta
Te queda 1 artículo gratuito
Este es tu último artículo gratuito
Nuestro periodismo depende de vos
Nuestro periodismo depende de vos
Si ya tenés una cuenta
Registrate para acceder a 6 artículos gratis por mes
Este audio es una característica exclusiva de la suscripción digital.
Escuchá este artículo

Tu navegador no soporta audios HTML5.

Tu navegador no soporta audios HTML5.

Leído por Andrés Alba.
Llegaste al límite de artículos gratuitos
Nuestro periodismo depende de vos
Para seguir leyendo ingresá o suscribite
Si ya tenés una cuenta
o registrate para acceder a 6 artículos gratis por mes

Editar

Más de 30 organizaciones sociales ‒entre ellas Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, el PIT-CNT y Crysol‒ se adhirieron a la consigna “Contra la prisión domiciliaria a los genocidas” y convocan a una movilización masiva este jueves contra el proyecto de ley presentado por los senadores de Cabildo Abierto (CA) para otorgar prisión domiciliaria a privados de libertad mayores de 65 años.

Las organizaciones convocan a una concentración a las 18.00 en la plaza Libertad para luego marchar hacia el Palacio Legislativo, donde se está discutiendo la iniciativa. Este martes se suspendió la sesión prevista en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado y la coalición prevé continuar su tratamiento el próximo año.

El senador de CA Guillermo Domenech, uno de los impulsores de la iniciativa, dijo a la diaria que para su partido se trata de un “proyecto prioritario”, pero dado que no se fijó una nueva sesión, evalúa que “va a ser difícil que el proyecto prospere, porque no encuentro que haya voluntad de los restantes miembros de la comisión de continuar con algún tema en específico”. En ese sentido, dijo que “siendo realista y haciendo una apreciación razonable de la situación, va a ser muy difícil que ese proyecto sea aprobado en comisión y mucho menos en el Plenario, porque las últimas sesiones son el 14 y el 15 de diciembre”, acotó.

El Comité Ejecutivo del Partido Colorado había resuelto el lunes discutir este proyecto y el de forestación para luego del referéndum contra la ley de urgente consideración. En el Partido Nacional (PN) hay posiciones encontradas en torno a la iniciativa y el senador nacionalista Jorge Gandini dijo a El País que en este momento “no están dadas las condiciones para aprobar” el proyecto y que su bancada recopilará más opiniones externas antes de tomar una decisión.

“Lo querían sacar sin hacer olas”

Para Ignacio Errandonea, integrante de Madres y Familiares, la postergación del tratamiento del proyecto está relacionada con la marcha de este jueves “porque lo querían sacar sin hacer olas”. “En la medida que estamos movilizados, que haya presión para que no se vote, le genera [a la coalición] contradicciones en la interna, entonces ese voto monolítico que aparentemente existía, si tienen que pagar el costo político, lo van a tener que pensar dos veces y van a tener que zurcir estas discrepancias que se están manifestando”, agregó.

El proyecto de ley que presentó CA beneficiaría a más de 20 represores que se encuentran cumpliendo pena en la Unidad 8 Domingo Arena por crímenes cometidos en la dictadura, ya que en su redacción, entre otros puntos, se exceptúan los crímenes y delitos de lesa humanidad contenidos en la Ley 18.026 “que se hubieran cometido con posterioridad” a la aprobación de la normativa, que fue aprobada en 2006.

Errandonea consideró que “indudablemente hay una estrategia”, que “no es sólo de CA”, para “replantear el pasado y negar los hechos”, como [“lo hizo la secretaria de Derechos Humanos, Rosario Pérez, cuando puso la huelga y los conflictos como justificación del golpe de Estado”. “Esperamos que sea una movilización importante para mostrar que hay un sector de la ciudadanía que no está de acuerdo con este tipo de proyecto y otros, porque es indudable que van a seguir insistiendo con este tema, y debemos estar atentos a este tipo de discurso que trata de distorsionar lo que fue el pasado”, afirmó.

¿Tenés algún aporte para hacer?

Valoramos cualquier aporte aclaratorio que quieras realizar sobre el artículo que acabás de leer, podés hacerlo completando este formulario.

Este artículo está guardado para leer después en tu lista de lectura
¿Terminaste de leerlo?
Guardaste este artículo como favorito en tu lista de lectura