Más de 30 organizaciones sociales ‒entre ellas Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, el PIT-CNT y Crysol‒ se adhirieron a la consigna “Contra la prisión domiciliaria a los genocidas” y convocan a una movilización masiva este jueves contra el proyecto de ley presentado por los senadores de Cabildo Abierto (CA) para otorgar prisión domiciliaria a privados de libertad mayores de 65 años.

Las organizaciones convocan a una concentración a las 18.00 en la plaza Libertad para luego marchar hacia el Palacio Legislativo, donde se está discutiendo la iniciativa. Este martes se suspendió la sesión prevista en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado y la coalición prevé continuar su tratamiento el próximo año.

El senador de CA Guillermo Domenech, uno de los impulsores de la iniciativa, dijo a la diaria que para su partido se trata de un “proyecto prioritario”, pero dado que no se fijó una nueva sesión, evalúa que “va a ser difícil que el proyecto prospere, porque no encuentro que haya voluntad de los restantes miembros de la comisión de continuar con algún tema en específico”. En ese sentido, dijo que “siendo realista y haciendo una apreciación razonable de la situación, va a ser muy difícil que ese proyecto sea aprobado en comisión y mucho menos en el Plenario, porque las últimas sesiones son el 14 y el 15 de diciembre”, acotó.

El Comité Ejecutivo del Partido Colorado había resuelto el lunes discutir este proyecto y el de forestación para luego del referéndum contra la ley de urgente consideración. En el Partido Nacional (PN) hay posiciones encontradas en torno a la iniciativa y el senador nacionalista Jorge Gandini dijo a El País que en este momento “no están dadas las condiciones para aprobar” el proyecto y que su bancada recopilará más opiniones externas antes de tomar una decisión.

“Lo querían sacar sin hacer olas”

Para Ignacio Errandonea, integrante de Madres y Familiares, la postergación del tratamiento del proyecto está relacionada con la marcha de este jueves “porque lo querían sacar sin hacer olas”. “En la medida que estamos movilizados, que haya presión para que no se vote, le genera [a la coalición] contradicciones en la interna, entonces ese voto monolítico que aparentemente existía, si tienen que pagar el costo político, lo van a tener que pensar dos veces y van a tener que zurcir estas discrepancias que se están manifestando”, agregó.

El proyecto de ley que presentó CA beneficiaría a más de 20 represores que se encuentran cumpliendo pena en la Unidad 8 Domingo Arena por crímenes cometidos en la dictadura, ya que en su redacción, entre otros puntos, se exceptúan los crímenes y delitos de lesa humanidad contenidos en la Ley 18.026 “que se hubieran cometido con posterioridad” a la aprobación de la normativa, que fue aprobada en 2006.

Errandonea consideró que “indudablemente hay una estrategia”, que “no es sólo de CA”, para “replantear el pasado y negar los hechos”, como [“lo hizo la secretaria de Derechos Humanos, Rosario Pérez, cuando puso la huelga y los conflictos como justificación del golpe de Estado”. “Esperamos que sea una movilización importante para mostrar que hay un sector de la ciudadanía que no está de acuerdo con este tipo de proyecto y otros, porque es indudable que van a seguir insistiendo con este tema, y debemos estar atentos a este tipo de discurso que trata de distorsionar lo que fue el pasado”, afirmó.