Este lunes a las 10.30 se desarrolló una audiencia judicial de mediación convocada por el juez Gabriel Ohanian, a raíz de un pedido de acceso a la información pública a Presidencia de la República realizado por tres senadores del Frente Amplio (FA) —Charles Carrera, Mario Bergara y Eduardo Bonomi— para acceder a los informes del gobierno sobre la adenda al contrato con Katoen Natie. Tras la instancia, para la oposición se confirmó que al igual que ocurrió con el contrato original firmado a principio de año, para esta modificación no hubo informes jurídicos ni económicos sobre las consecuencias o impactos de efectuar el acuerdo.
El contrato original con la multinacional belga que firmó el gobierno extendió la concesión de la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo hasta 2081 y aseguró a la firma una preferencia en desmedro de los muelles públicos —en los que también opera la empresa Montecon—, lo que desató conflictos a nivel portuario y diversas críticas en el plano político.
Cuando en agosto se interpeló al ministro Luis Alberto Heber, que lideró las negociaciones por el gobierno, Cabildo Abierto (CA) mostró reparos con el acuerdo y entre otras cuestiones, pidió una modificación legal que asegure que en caso de que Katoen Natie desee vender la empresa que tiene la concesión —Terminal Cuenca del Plata (TCP), 80% de la multinacional belga y 20% del Estado— deba tener el aval de las autoridades de turno.
Esa adenda se incorporó tras gestiones del gobierno y la disposición de Katoen Natie. Tras este hecho, los tres senadores del FA que han seguido el asunto presentaron un pedido de acceso a la información pública, y este martes está previsto que el juez emita sentencia. Carrera dijo a la diaria que si bien buscaban que por vía legal se obligue a Presidencia a remitir la información, en la audiencia se constató, según “la expresión de las dos abogadas representantes de Torre Ejecutiva, que no existe esa información”.
“Pedimos saber si existía un informe jurídico de análisis de las consecuencias del cambio contractual; la información económica de eso; si había existido una consulta al Tribunal de Cuentas; quién redactó la adenda. Hoy surge de la audiencia que no existe esa información, y que no se remitió al Tribunal de Cuentas. Esto muestra que el gobierno sigue con la metodología de trabajo anterior, con la que se firmó el contrato original, actuando de forma abusiva y con ilegitimidad manifiesta”, expresó el senador del FA.
Además, adelantó que en línea con lo ya resuelto por la bancada de senadores del FA, este asunto y otros se agregarán a la denuncia ya presentada contra autoridades del gobierno por el acuerdo con Katoen Natie en setiembre. “Ya resolvimos que vamos a ampliar la denuncia en febrero porque han surgido nuevos elementos que demuestran el accionar espurio de la administración, entre ellos esto”, indicó Carrera en referencia a la falta de informes sobre la adenda.