“Lo que sucedió ayer [por el viernes] es un atropello republicano”, expresó la intendenta de Montevideo (IM), Carolina Cosse, en un video difundido a propósito de la decisión de la oposición de iniciar un juicio político en su contra en la Junta Departamental de Montevideo. La jerarca apuntó que con esta medida los “dirigentes de la coalición de gobierno” buscan “distraer y confundir a la ciudadanía”.
Mensaje de la Intendenta de Montevideo ante la solicitud de un juicio político. pic.twitter.com/Zrhtt0SC64
— Intendencia de MVD (@montevideoIM) October 8, 2022
“Estas figuras están previstas en el caso de delitos o de violación de la Constitución”, explicó Cosse, y agregó: “Ninguna de las dos cosas sucedió. Lo que sí sucedió es que la intendencia respondió todos los pedidos de informes”. La intendenta comentó que a lo largo de 2021 la IM recibió “234 pedidos de informes” de parte de los ediles de la oposición y todos fueron respondidos. En tanto, en lo que va de 2022, la comuna recibió “otros 234” pedidos de informes, de los cuales 225 han sido respondidos y los nueve restantes aún están en plazo de trámite.
La intendenta señaló que, además, el año pasado se presentaron 2.159 solicitudes de acceso a la información pública desde la ciudadanía. Del total, 2.136 (98%) fueron respondidos. “El restante 2% no se respondió porque correspondían a otros organismos del Estado. La intendencia responde y la intendenta da respuesta”, aseveró Cosse.
A su vez, Cosse señaló que la IM fue evaluada en 2021 por la Unidad de Acceso a la Información Pública, unidad dependiente de Presidencia de la República. En esa evaluación, que consideró a 228 organismos del Estado, la comuna capitalina “quedó posicionada en el ranking de transparencia en los primeros diez lugares” y entre las intendencias en el “lugar número uno”. “Por lo tanto, la única explicación que encuentro para haber generado este hecho es que se quiere distraer y confundir a la ciudadanía. No lo van a lograr”, manifestó.
“La preocupación por el trabajo, por la economía, por los precios que suben, por la inseguridad con decenas de homicidios. La preocupación por la falta de medicamentos en los hospitales, por los miles de uruguayos que se alimentan en las ollas populares mientras el Mides [Ministerio de Desarrollo Social] ataca a las organizaciones de las ollas. La preocupación por el aumento de la pobreza en los niños de 0 a 6 años, por los niños que pasan hambre en el Uruguay. Todo eso no va a desaparecer a pesar del humo que se genere con este hecho”, expresó la intendenta.
Cosse apuntó que “lamentablemente los dirigentes de la coalición de gobierno, en vez de dedicarse a ayudar a que estos asuntos se solucionen, pretenden distraer y confundir”. A su vez, señaló que “por si fuera poco” esta situación se da en medio de un contexto “muy complejo” a nivel del gobierno nacional por la entrega del pasaporte nacional al narcotraficante Sebastián Marset, el caso del exjefe de seguridad del Presidente, Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano y la “entrega directa de beneficios a la industria tabacalera”. “Son momentos muy complejos de la institucionalidad democrática”, afirmó.
En la Junta, la coalición acusó a la intendenta de incumplir el artículo 285 de la Constitución, que dice: “La Junta tiene facultad por resolución de la tercera parte de sus miembros, de hacer venir a su Sala al Intendente para pedirle y recibir los informes que estime convenientes ya sea con fines legislativos o de contralor. El Intendente podrá hacerse acompañar con los funcionarios de sus dependencias que estime necesarios, o hacerse representar por el funcionario de mayor jerarquía de la repartición respectiva, salvo cuando el llamado a Sala se funde en el incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2º del artículo anterior”.
Ese párrafo, del artículo 284, establece: “Si éste [el intendente] no facilitara los informes dentro del plazo de veinte días, el miembro de la Junta Departamental podrá solicitarlos por intermedio de la misma”.
Lozano: “A nosotros siempre nos gusta primero ver los hechos”
Por otra parte, el senador del Partido Nacional Jorge Gandini dijo a la diaria que la decisión de la Junta “es absolutamente ajustada a derecho”, pero, en relación al “fondo del asunto”, sostuvo que “más vale no pronunciarse”, dado que el Senado será “el tribunal”. Indicó que la cámara alta tendrá que recibir la denuncia, “con todos los fundamentos”, y luego pasará a la Comisión de Constitución “y se formará opinión”.
“Con respecto a la valoración: es clarísimo que los ediles reaccionaron con irritación, frente a un nuevo desprecio de la intendenta de Montevideo, en cuanto al ejercicio del contralor natural y garantizado. La intendenta nunca compareció, la bancada del Frente Amplio [FA] bloqueó todas las investigadoras que se han planteado, y el hecho de no contestar pedidos de informes, tal cual dice la Constitución, llevó a utilizar el mecanismo que prevé la propia Constitución”, indicó.
El artículo 93 de la Constitución establece que la acusación ante la Cámara de Senadores debe ser “por violación de la Constitución u otros delitos graves”. Para Gandini, en el caso de Cosse “hubo una violación a la Constitución clarísima”, pero “si esto amerita o no un juicio político es una valoración subjetiva”. “A primera vista, da la impresión de que aplicaron lo que establece la Constitución, pero eso lo definirá luego el Senado”, insistió.
El artículo 102 de la carta magna establece: “A la Cámara de Senadores corresponde abrir juicio público a los acusados por la Cámara de Representantes o la Junta Departamental, en su caso, y pronunciar sentencia al solo efecto de separarlos de sus cargos, por dos tercios de votos del total de sus componentes”.
La coalición no llega a dos tercios en el Senado, por lo tanto, Gandini dijo que “se supone” que no podrán votar la separación del cargo, pero van a “verlo”. “Todo puede pasar: desde que se rechace antes de considerarlo, por no corresponder, hasta que aparezcan los dos tercios. Eso no lo vamos a saber hasta más avanzada la discusión del asunto”, finalizó.
A su vez, el senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano dijo a la diaria que si está previsto en la Constitución de la República “que si el intendente es citado a la Junta Departamental, debe concurrir, y que si no lo hace, puede ser sometido a un juicio político en la Cámara de Senadores, está perfecto” que se proceda como lo hizo la coalición en la Junta. “Más allá de que habría que ver los hechos. A nosotros siempre nos gusta primero ver los hechos y después determinar qué postura tomar. Quisiéramos ver realmente cuáles son los hechos, porque, la verdad, no los conocemos”, indicó.
De todas formas, como se necesitan dos tercios para separarla el cargo, Lozano señaló que “todos sabemos cuál va a ser el futuro” del tema, dado que “no están los dos tercios en la coalición”, y ya saben “cómo vota el FA, en forma unánime”.
Carrera recordó al alcalde de las “mil gauchadas”
En tanto, el senador del FA Charles Carrera dijo a la diaria que el juicio político a Cosse es “absolutamente improcedente”, porque “no cumple con las dos causales que marca la Constitución”. El senador, al igual que la intendenta, opina que la coalición busca armar “una cortina de humo, para imponer otros temas en agenda, y no los temas graves que se están viviendo”, como el caso de Astesiano, “los problemas de seguridad y convivencia y los problemas de seguridad alimentaria”.
“Es grave que los ediles de la oposición utilicen mal los instrumentos jurídicos, porque así la sociedad pierde la confianza”, acotó. Agregó que este lunes el FA tendrá reuniones de Secretariado Ejecutivo y Mesa Política, y en ambas instancias analizarán el tema. De cualquier manera, Carrera subrayó el “total respaldo” a Cosse y a su equipo, y adelantó que cuando el tema llegue al Senado, el FA se opondrá. “El Senado ya tiene algunos casos de juicios políticos que fueron promovidos por delitos graves, como el del alcalde de las mil gauchadas [Alfredo Sánchez], pero el oficialismo lo tiene parado en la Comisión de Constitución. Ahí sí tendrían que poner un poco de cabeza, porque está comprobado que es una persona que cometió delitos graves de corrupción pública, y están dentro de las causales de lo que es un juicio político”, finalizó.