Una reciente declaración de la Vertiente Artiguista reavivó a nivel del Poder Legislativo la situación de la Fiscalía General de la Nación. El sector del Frente Amplio (FA) propuso llevar adelante una modificación legislativa en el sistema de elección del fiscal de Corte subrogante, cargo que ocupa actualmente Mónica Ferrero.
El planteo se da en el marco de una negociación “trabada” -según reconocen desde el oficialismo- con respecto a la designación de un fiscal de Corte titular, luego de que la oposición haya mostrado meses atrás su respaldo a Ferrero en una conferencia de prensa. Asimismo, la propuesta surge tras algunas críticas de dirigentes del oficialismo a la decisión de Ferrero de trasladar al fiscal Alejandro Machado, quien tenía a su cargo los casos de Cardama y de la destrucción de documentos públicos en la Torre Ejecutiva, desde la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos a la Fiscalía de Cibercrimen.
Pero el movimiento de la Vertiente Artiguista para cambiar la situación de la Fiscalía no es el primero que nace desde el oficialismo en ese sentido. En febrero de este año, el senador del FA Daniel Caggiani anunció que el oficialismo impulsaría un “diálogo multipartidario” con la oposición para negociar las vacantes en el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral y la propia Fiscalía.
Días después del anuncio de Caggiani, en marzo, la mayoría de los legisladores de la oposición —con la excepción de Identidad Soberana— manifestaron su respaldo a la gestión de Ferrero y aseguraron su continuidad, debido a que la designación de su eventual reemplazo requiere una mayoría especial de dos tercios de los votos, que el FA no tiene por sí solo.
Según supo la diaria, luego de la propuesta de la Vertiente Artiguista, y ante recientes planteos del sector Vamos Uruguay del Partido Colorado de volver a poner sobre la mesa los cargos en la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, desde la bancada de senadores del FA se vuelve a retomar la idea del denominado “diálogo multipartidario”.
Los entretelones
Según señalaron a la diaria desde el FA, el senador colorado Tabaré Viera, de Vamos Uruguay, planteó en la mesa de la coordinación interpartidaria del Parlamento la necesidad de “cumplir con lo comprometido” al inicio de la gestión del actual gobierno con relación a los cargos de contralor. Según dijeron fuentes coloradas a la diaria, en aquel entonces se acordó el número de cargos tanto en la Corte Electoral como en el Tribunal de Cuentas.
El Partido Colorado (PC) ya designó a quienes serán sus representantes en dichos organismos y espera que el Poder Ejecutivo remita los nombres al Parlamento para que se cumpla con la venia parlamentaria. En el caso de la Corte Electoral, se entiende que el PC no tiene una “representación política” acorde al resultado de las últimas elecciones nacionales.
Esta postura de Vamos Uruguay, a su vez, lleva a que desde el oficialismo se entienda que se modifica la situación de estancamiento en la negociación sobre la Fiscalía. De todos modos, en el sector colorado aún se mantiene el hermetismo sobre si estos planteos abren directamente la puerta a hablar sobre la situación de Ferrero.
“Nosotros tenemos la disposición de discutir todo”, señalaron desde la bancada del FA. Para la designación de un nuevo fiscal de Corte, el oficialismo necesita dos votos de la oposición en el Senado. Justamente, Vamos Uruguay tiene dos representantes en la cámara alta, Viera y el líder del sector, Pedro Bordaberry.
Más allá del impulso de la negociación vinculada al Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, la esperanza del FA de una eventual negociación surge a partir de otras acciones, como la propuesta de avanzar hacia una “coordinación ampliada”, realizada en julio del 2025. En aquel momento, el sector liderado por Bordaberry envió una carta a las bancadas de los partidos proponiendo un ámbito de trabajo en pos de “arribar a acuerdos sustantivos”, entre ellos, “el otorgamiento de venias, designaciones y ascensos en la Suprema Corte de Justicia, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de la Nación y Corte Electoral”.
La vacante en la Suprema Corte de Justicia
Al margen de la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, en estas horas las aproximaciones entre las bancadas también se vienen dando en relación con la vacante existente en la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Tras cumplir 70 años, el ministro Tabaré Sosa dejó su cargo el pasado 10 de marzo y, según lo establece el artículo 236 de la Constitución, la sustitución de este cargo se tiene que dar dentro de los 90 días, con el apoyo de dos tercios de los componentes de la Asamblea General. Sin embargo, hasta el momento a nivel parlamentario no hay un acuerdo al respecto. En ese caso, la misma norma dispone que, una vez cumplido el plazo, “quedará automáticamente designado” el miembro de los Tribunales de Apelaciones “con mayor antigüedad en tal cargo”.
Según informó Búsqueda días atrás, el nombre que está sobre la mesa para la sustitución automática es el de la ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia de 1° turno, María del Carmen Díaz. Según informó ese medio, y confirmó la diaria, se trata de un perfil que genera preocupación dentro de los actuales componentes de la SCJ, lo cual fue transmitido a los legisladores.
En ese sentido, desde Vamos Uruguay señalaron a la diaria que hay disposición a tratar esa vacancia. Desde el FA, en tanto, también buscan acercar posiciones para llegar a un consenso que necesita consolidarse en un plazo exiguo.