Poco más de 30 personas presenciaron la aprobación de la minuta de comunicación en silencio, sin aplausos, sin comentarios. En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores resolvió, este martes, solicitarle al Poder Ejecutivo que envíe un proyecto de ley que “consagre la indemnización moral, social y económica” de las víctimas de “hechos y actos acaecidos” entre 1962 y 1976 “cometidos por integrantes de grupos armados de carácter ideológico”. Familiares y allegados de las víctimas escucharon la discusión parlamentaria desde las barras del Senado.
La moción, aprobada sólo con los votos del oficialismo, fue presentada por Cabildo Abierto (CA) sin “un propósito partidario”, según dijo el senador Guillermo Domenech. Se trata de reparar a “víctimas muchas veces absolutamente inocentes” que “sufrieron perjuicios irreparables”, como hurtos, extorsiones y asesinatos. Afirmó que durante 40 años se ignoró el “sacrificio” de estas personas, “quizás porque no le han servido de bandera a ningún partido político”.
El legislador de CA aseguró que cuando redactó la minuta de comunicación lo hizo con la expectativa de obtener el apoyo unánime de los partidos políticos porque, a su entender, “no pueden haber dos opiniones sobre este tema”. “No vamos a entrar en la polémica de si algunos derechos humanos son más importantes que otros. Lo importante es que se violaron los derechos humanos y que deben ser reparados”, manifestó.
Durante su intervención, Domenech cuestionó el argumento de que el Estado no tiene responsabilidad por delitos perpetrados por particulares. “Durante estos últimos años hemos visto leyes, como la 19.039, que buscan la indemnización de los daños materiales ocasionados a víctimas de delitos violentos. El Estado es responsable de mantener el orden interno”, afirmó.
Asimismo, puntualizó que el mensaje enviado al Poder Ejecutivo no especifica el nombre de los grupos armados porque “la intención es reparar daños y no tanto señalar responsabilidades”. “Cada uno asumirá la responsabilidad que le toque en los hechos del pasado que tanto les duelen a los compatriotas”, expresó.
La senadora del Partido Nacional Carmen Asiaín, en tanto, destacó el aspecto de la reparación moral, que si bien “no implica ningún desembolso”, resulta “particularmente importante” dado que “en otros países la Justicia restaurativa dispuso una reparación moral a las víctimas, más allá de lo económico”. Al igual que Domenech, sostuvo que la propuesta consiste en “reparar los daños sin importar quién los cometió ni quién fue la víctima”.
El senador del Partido Colorado Pablo Lanz manifestó que, tras la aprobación de la minuta de comunicación, espera que el Poder Ejecutivo remita “de forma urgente” un proyecto que “encierre lo que conceptualmente se está solicitando el día de hoy”, esto es, “continuar en una línea de reparación de los hechos históricos”. “Creemos fundamental seguir haciendo justicia, reconocer a todas las partes y encontrar el punto final”.
La negativa del Frente Amplio
El Frente Amplio (FA) no acompañó la iniciativa. A su turno, la senadora frenteamplista Liliam Kechichian sostuvo que el “ámbito natural” para “profundizar y analizar un tema de este tipo” es el Parlamento y no solicitarle al gobierno la elaboración de un proyecto. “Hoy no vamos a acompañar esta minuta porque creemos que el ámbito es el Parlamento”, subrayó. No obstante, aclaró que la bancada del FA “comparte absolutamente el sentimiento de reparar a todas las víctimas inocentes”.
“Para cerrar esa dolorosa etapa sigue faltando verdad, justicia y un compromiso mucho más fuerte con el nunca más. Sigue faltando saber el destino de los desaparecidos y sigue faltando el reconocimiento a las víctimas inocentes”, afirmó Kechichian.
Acerca de la responsabilidad del Estado ante víctimas de agentes no estatales, expresó: “No compartimos la equiparación entre terrorismo de Estado y acciones individuales, que son muy condenables, pero son dos cosas diferentes”. Añadió que no ha encontrado antecedentes en otros países de “reparaciones de acciones individuales”.
Kechichian mencionó además que en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado ya existe un proyecto, también presentado por CA, que propone que el Estado asuma “como suya” la responsabilidad de reparar moral, social y económicamente a las víctimas de grupos armados, y afirmó que el FA “estaba dispuesto a analizarlo”.
Al respecto, el senador cabildante Raúl Lozano dijo que el proyecto fue presentado “hace dos años”, por lo que “hubo bastante tiempo para analizarlo, si hubiera habido voluntad política para hacerlo”. El proyecto de CA propone, entre otras cosas, la construcción de memoriales que “enaltezcan y visibilicen” a las víctimas; la adecuación de los programas educativos “a los efectos de darle cabida al relato de las víctimas”; e indemnizaciones de hasta 500.000 unidades indexadas.
“Nadie se preocupó por nosotros”
En las barras del Senado, este martes, estaba presente Alejandro Viera Piazza, hijo de Juan Antonio Viera Piazza, funcionario policial asesinado en 1969. En diálogo con la diaria, dijo que su padre “era técnico de las máquinas de escribir Olivetti” e “ingresó a la Policía por un acuerdo que tenía Olivetti con Jefatura, pero como técnico”.
“Yo tenía 5 años, no sé bien cómo fue la historia, pero sé que este movimiento armado fue a la oficina en la calle Julio Herrera y terminó con la muerte de mi padre”. Un par de años después falleció su madre. “Nadie se preocupó por nosotros. Veo que hablan de grupos armados, torturas y todo, pero no hablan de los niños que dejaron tirados y que nadie protegió, porque a mi hermano y a mí no nos protegió nadie. Hoy yo tengo 57, él tiene 59 y sale a buscar cosas que le regalan para vender en la feria. Esto es parte de la verdad”.
Acerca de la aprobación de la minuta de comunicación, dijo que “hace años” que “dicen que va a haber una reparación”, pero “pasan los años y sigue siendo lo mismo”. “Ahora, cuando tuvieron que reparar al otro lado, fue enseguida. Se votó rápido y todo bárbaro”.
En julio de 2021 el ministro de Defensa, Javier García, se había referido al tema y apoyado que haya “una reparación económica para las víctimas o las familias de quienes fueron víctimas de la guerrilla”. Consultado este martes por la diaria, el ministro dijo que mantenía esa postura, tras la votación en el Senado de la minuta de comunicación.
“Víctimas hubo, terribles, de un momento negro de nuestra historia de sectores que estuvieron enfrentados. También hubo víctimas de la guerrilla y de los grupos armados, creo que corresponde también la reparación económica para las familias, no importa si de civiles o militares”, opinó García el año pasado en una entrevista con radio El Espectador. “Los derechos humanos se defienden integralmente, no es que hay derechos humanos para unos humanos y no hay para otros”, agregó.
La posición de Madres y Familiares
Antes de la votación en el Senado, Ignacio Errandonea, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijo a la diaria que “el Estado debe reparar a las víctimas del Estado”, es decir, “cuando las violaciones de los derechos humanos las hace el Estado a través de sus agentes”. A su modo de ver, “una cosa son delitos cometidos por particulares y otra cosa son los delitos que comete el Estado, por órdenes”.