Este martes la Cámara de Senadores tratará la minuta de comunicación que fue aprobada la semana pasada, con los votos del oficialismo, que pide al Poder Ejecutivo “la elaboración de un proyecto de ley” que indemnice “moral, social y económicamente” a las víctimas de “grupos armados de carácter ideológico” entre 1962 y 1976.

El senador de Cabildo Abierto –impulsor de la minuta– Guillermo Domenech, presidente de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, había señalado que “Uruguay tiene que superar ese enfrentamiento de la década de los 60 y 70”. “En lo personal, creo que es una herida abierta que tiene Uruguay y, además, una deuda con quienes fueron las primeras víctimas de un enfrentamiento ideológico que debió haber quedado en el campo de las ideas y nunca debió haber transitado por el camino de la violencia física”, sostuvo.

El senador del Partido Nacional Carlos Camy dijo a la diaria que acompañarán la solicitud porque es un proyecto que requiere iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, porque “si no, se inhabilita a que el tema se trate”, por tanto, “casi que es una cuestión de cortesía parlamentaria, para que la iniciativa, si es que viene, precisamente habilite después el tratamiento del proyecto en sí”. En cuanto al tema de fondo, señaló que “todo lo que sea resarcir víctimas del enfrentamiento y de la violencia armada que hubo en el país es de Justicia, provenga de donde provenga”.

Por otro lado, Ignacio Errandonea, de la organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, dijo a la diaria que “el Estado debe reparar a las víctimas del Estado”, es decir, “cuando las violaciones de los derechos humanos las hace el Estado a través de sus agentes”, mientras que los otros delitos son “particulares”, por lo tanto, está en contra de esta minuta.

Subrayó que es como si mañana se quisiera aprobar una ley para reparar “a todos los muertos que hay” por la inseguridad. “Una cosa son delitos cometidos por particulares y otra son los delitos que comete el Estado, por órdenes, no porque se le va la mano o porque es un anormal. Si un Policía asesina a una persona es un delito particular, salvo que haya recibido órdenes, que sería un delito de Estado”, finalizó.