La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, salió al cruce de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) diez días después de que ese organismo publicara un informe en el que pidió una “urgente investigación” del gobierno sobre los casos de abuso policial denunciados por la Asociación de Defensores Públicos el año pasado. En el marco de esa publicación, uno de los directores de la institución, Wilder Tayler, dijo a la prensa que el gobierno “minimiza” la problemática e identificó una “tendencia a desestimar la seriedad” de las denuncias, salvo en los pocos casos en que hay filmaciones.
Para la vicepresidenta, al pronunciarse sobre este tema la INDDHH “intervino” en la campaña de cara al referéndum contra la ley de urgente consideración del 27 de marzo, y en rueda de prensa consideró que “llegó el momento de replantear muchos aspectos” del funcionamiento de la institución. Argimón recordó que este año, en setiembre, culmina la gestión del actual consejo directivo de la entidad –el segundo desde que se creó la institución, en 2012–, y que ante la necesidad de elegir a los nuevos integrantes es un buen momento para “hacer un balance”: “En qué contribuyó, en qué no y qué aspectos hay que mejorar”.
“Creo que intervenir de la forma que intervino en estos casos realmente no es lo que entiendo corresponde a la INDDHH”, consideró la jerarca, y añadió que ante este escenario “se necesita una rápida revisión de cómo debe funcionar esta institución”. Además, planteó que “seguramente esto va de la mano de algunas reformas a nivel legal que le den un marco de garantías diferente, preservando la independencia técnica que tiene que tener”.
La de Argimón no es la primera crítica que recibe la INDDHH por parte de la coalición gobernante: días atrás, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, afirmó que “la INDDHH, como dijo Jorge Larrañaga, es un club político”, en alusión a las declaraciones que hizo el exministro fallecido, en setiembre de 2020, cuando anunció que el Ministerio del Interior no seguiría más sus recomendaciones. En agregado, en febrero del año pasado, Cabildo Abierto (CA) votó en contra del presupuesto de la institución, por entender que el organismo ha tenido una actuación sesgada.
“Un sesgo ideológico inocultable”
¿Qué es lo que proyecta el Partido Nacional (PN) para la INDDHH? Consultado por la diaria, el senador herrerista Gustavo Penadés coincidió con Argimón en que “es el momento adecuado para analizar la función y la misión que debe cumplir una institución de este tipo, justo cuando va a haber un cambio de autoridades, para que nadie pueda pensar que esto se trata solamente de un tema de represalias de carácter político”. A su entender, no se debería revisar solamente “las competencias” que otorga la Ley 18.446, sino “toda la institución” y “repensar la agenda de los derechos humanos hacia el siglo XXI”.
Por otro lado, Penadés afirmó que la INDDHH “ha tenido polémicas declaraciones durante todo el transcurso de su existencia”, pero opinó que “lo desafortunado” en este caso es que las declaraciones sobre los abusos policiales “se hagan en un contexto político-electoral”. Igualmente, resaltó que no comparte “la idea de que cuando los informes me dan la razón o me gustan están bien y cuando no me gustan están mal”.
“Entiendo, sí, que la INDDHH tiene un sesgo político que responde a mayorías parlamentarias que en aquel entonces existían y que hoy ya no existen más”, analizó el senador blanco, e indicó que “como las mayorías parlamentarias cambiaron, seguramente la integración va a cambiar también” luego de setiembre. En ese sentido, explicó que si se continúa con “el criterio que utilizó el Frente Amplio [FA] en los últimos períodos, son cuatro [integrantes] para el gobierno y uno para la oposición”, pero aclaró que “el mecanismo de selección no responde a una cuota política”, sino “a la presentación de candidatos por diferentes instituciones vinculadas a los derechos humanos”.
Aunque consideró que “la INDDHH en el transcurso de la historia ha tomado algunas posiciones que son absolutamente sesgadas a una visión parcial de la historia, fundamentalmente en los temas vinculados a la historia reciente”, y que demuestra “una severidad mucho mayor con el actual gobierno que con las administraciones pasadas”, Penadés dijo no compartir la calificación de “club político” que le atribuyeron sus correligionarios. “No creo que sea un club político. Creo, sí, que evidentemente hay un sesgo ideológico inocultable”, manifestó.
El senador blanco Jorge Gandini, en tanto, compartió con sus compañeros la idea de que la INDDHH “se introdujo en la campaña, con intencionalidad de influir en ella”. “Sin demasiado dato ni documento ha hecho una afirmación, y no es la primera vez que se introduce en este tipo de debate”, apuntó, y puso como ejemplo “afirmaciones que hizo sobre la compra y la utilización de chalecos vencidos en el Ministerio del Interior [MI]”, a lo cual “el MI hizo una respuesta contundente y documentada que demuestra que la afirmación fue de una enorme ligereza e injusticia”.
Por lo anterior, el senador de Por la Patria aseguró a la diaria que “las afirmaciones de la vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General son para considerar”. En su opinión, el “problema” es el uso que hace el directorio de las competencias que le atribuye la ley, y consideró que “si la ley ha permitido que se generen estas intervenciones de clarísima intencionalidad política, capaz que hay que reformarla”. En esa línea, añadió: “Si hay un momento para hacerlo, es precisamente antes de que se renueve la institución, para no personalizar, sino crear un marco que dé mayores garantías”.
Bianchi propone cambiar la forma en que se conforma el directorio
“Lo que más cuestiono son dos cosas: primero, que para lo que fue creada la INDDHH está la Justicia. Segundo, no estoy de acuerdo con la integración político-partidaria”, afirmó la senadora nacionalista Graciela Bianchi en conversación con la diaria. Luego agregó, como tercer elemento: “La memoria y el museo que está en el subsuelo [de la sede de la institución, donde funcionó un centro de detención en la dictadura y el Servicio de Información e Inteligencia] tienen que ser para las víctimas del terrorismo de Estado y para las víctimas de la guerrilla. Si nosotros gastamos millones de dólares –porque lo pagamos los contribuyentes– para sostener semejante edificio, que sea para todos, porque acá hubo víctimas y victimarios de la guerrilla y del terrorismo de Estado”.
Por las razones que mencionó, la legisladora dijo no estar “dispuesta a seguir bancando a la INDDHH así” y consideró que “hay que cambiar” la ley que la ampara. “Una institución de derechos humanos, si está bien hecha, la puedo llevar sin ningún problema. Lo que digo es que hay que darle el sentido que tiene que tener una institución de derechos humanos, que no debe ser sesgada para algunos, porque además la bancamos todos”, señaló, en referencia a que el presupuesto, “que es de millones de dólares”, lo vota el Parlamento.
“A mí me dan vergüenza”, dijo Bianchi en referencia a los integrantes del directorio actual –exceptuó a la abogada Mariana Blengio, propuesta por el PN–, por considerar que hacen “militancia político-partidaria” desde su rol. El resto de los directores son la exjueza Mariana Mota, de activa participación en las causas de violaciones a los derechos humanos en la dictadura; el abogado Juan Faroppa, subsecretario del Interior en el primer gobierno del FA; el abogado Wilder Tayler, fundador del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay; y Josefina Pla, exintegrante de la organización Servicio Paz y Justicia.
Para la senadora blanca, el cambio en la composición “puede ser un principio”, pero subrayó que igualmente se debería cambiar la forma en que se designan los cargos: la INDDHH “tiene que estar integrada por grandes catedráticos, por intelectuales, por personas que no estén identificadas con política partidaria. No pueden ser integrantes panfletarios”, aseveró.
Domenech quiere “derogar” la ley que creó la INDDHH
El senador y presidente de CA, Guillermo Domenech, ya lo había adelantado cuando no levantó la mano para votar el presupuesto de la institución: en su opinión, la entidad de defensoría del pueblo “no debería existir”. Luego de las declaraciones de Argimón, el legislador dijo a la diaria que “es una institución que fue creada por una ley que tiene numerosas previsiones que entiendo que son inconstitucionales, y que ha cumplido una función sesgada y yo diría hasta mentirosa, porque no hay peor mentira que una verdad a medias”.
Domenech señaló que una de las principales diferencias que mantiene con la institución radica en su interpretación de la historia reciente: “Es grave que se sigan haciendo memoriales en los que se honra a personas que fueron homicidas y no hayan memoriales para las víctimas de esos homicidas”, sostuvo, en referencia a las víctimas de la guerrilla, y consideró que “eso es responsabilidad de este instituto de derechos humanos”.
Si bien aclaró que CA no ha tomado postura sobre este tema; “en lo personal” dijo que la Ley 18.446 “debería ser derogada, porque invade competencias de los organismos constitucionales y particularmente del Poder Judicial”. Consultado sobre si CA va a proponer a alguien para el directorio, si se resuelve mantener el organismo, adelantó: “Si podemos tener a un representante, lo tendremos, para imponer una nueva política que les haga justicia a víctimas y victimarios”.