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Archivo, noviembre de 2016.

Foto: Ricardo Antúnez, adhocFOTOS

Conaprole demandó al Estado por casi 62 millones de dólares tras negociación fallida del gobierno anterior con Venezuela

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La cartera que encabeza Fernando Mattos estudia la documentación presentada por la cooperativa para evaluar si el Estado fue “garante” del intercambio con el país caribeño.

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Conaprole demandó al Estado uruguayo por casi 62 millones de dólares a raíz de la negociación fallida de exportación a Venezuela en el gobierno pasado, encabezado por Tabaré Vázquez. Según dijo este lunes Fernando Mattos, titular del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), la cooperativa lechera reclama el pago de 31,8 millones de dólares por embarques de leche en polvo al país caribeño que aún no se han cobrado, más otros 30 millones de dólares por daños y perjuicios.

Tras reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva, Mattos dijo a la prensa que recibieron recientemente la notificación y están “analizando el contenido de la demanda. Supuestamente hay una garantía del gobierno que en su momento fue otorgada y que estamos verificando su veracidad a efectos de poder responder”.

El subsecretario del MGAP, Ignacio Buffa, dijo este martes en radio Carve que “aquellos polvos trajeron estos lodos y hoy estamos transitando una situación jurídica por los negocios con Venezuela que realizó la anterior administración”. A su entender, el proceso penal será “un buen instrumento para dirimir las responsabilidad que pudo haber habido” en el proceso: “Algo se habrá hecho mal en aquel entonces para hoy estar en esta situación de juicio con el Estado”, agregó.

El equipo jurídico del MGAP ahora estudia la documentación presentada por Conaprole para argumentar que el Estado fue garante de esa transacción. Según recuerda El Observador, a fines de 2018 el productor lechero e integrante de la Agremiación de Tamberos de Canelones (ATC) Justino Zavala hizo un pedido de acceso a la información para conocer “el texto completo del Memorándum de entendimiento firmado en 2015 entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela”. Sin embargo, la respuesta que recibió de parte del exsecretario de la Presidencia Miguel Ángel Toma fue que no se había firmado “ningún memorándum” entre ambos países sino “un acuerdo entre ambos países que estableció la cancelación de un crédito de Venezuela por la compra de crudo; y a su vez, el compromiso de Venezuela de utilizar ese dinero para el pago a exportadores, específicamente en el sector alimentario”.

Desde el comienzo

En 2015, Vázquez acordó con Maduro el intercambio de 265.000 toneladas de alimentos de origen uruguayo (entre las que se incluían 44.000 de leche en polvo y 12.000 de queso), a cambio de liberar de deudas que Ancap tenía con Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa).

“Oxígeno puro para el país”, dijo Vázquez en su momento, pero a principios de diciembre de ese año los pagos por alimentos, que estaba previsto que se hicieran por medio de un fideicomiso del país caribeño en la sucursal uruguaya de la institución bancaria Bandes -“como garantía de cobro inmediato”, según Vázquez-, empezaron a escasear. De hecho, el fideicomiso no se creó en Bandes, sino en un banco de origen chino, a pedido de Venezuela.

Más adelante el excanciller Rodolfo Nin Novoca admitió que Uruguay depositó lo que le correspondía por la deuda de Ancap, pero Venezuela no terminó de entregar el dinero que debía por los alimentos. “Nosotros ya cumplimos con nuestra parte. La verdad es que de buena fe depositamos el dinero y a nosotros no nos depositaron. En realidad era: nosotros poníamos el dinero en el Bandes y de ahí se cobraba la deuda. Bueno, ese dinero no fue al Bandes sino a otro lado y fuimos sorprendidos en nuestra buena fe”.

Antes de que asumiera Carlos María Uriarte en el MGAP se reunió con el entonces presidente de Conaprole Álvaro Ambrois y a la salida dijo a la prensa que “es un reclamo lógico, justo, porque el gobierno saliente tuvo una responsabilidad muy evidente de por qué se hizo negocio con Venezuela, y por lo tanto creemos que es un tema que debemos recibir y analizar con mucha seriedad”, especificó.

Cuando Francisco Bustillo asumió la cancillería también se reunió con el presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo para el Desarrollo, Martín Fernández, y en ese entonces el ministro se comprometió a encontrar líneas de trabajo para que puedan acceder a esos pagos.

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