La ley de urgente consideración (LUC) consolidó un nuevo régimen de alquiler sin garantía, que incluye un mecanismo de desalojo que se ha denominado “exprés” por parte de los promotores del referéndum, y que ha sido uno de los ejes centrales en la discusión entre el oficialismo y el Frente Amplio (FA) de cara a la consulta popular del 27 de marzo. A dos años de su aprobación, la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU) informó recientemente que hubo unos 1.400 desalojos y cerca de 30 de ellos fueron a través de la modalidad dispuesta por la LUC.
El relevamiento se realizó entre los 800 socios de la gremial y el rango de precios de los alquileres sin garantía fue de 8.000 a 12.000 pesos, informó el presidente de la CIU, León Peyrou, la semana pasada a Subrayado. En diálogo con la diaria, Peyrou explicó que no hay datos para saber en general cuánta gente adoptó contratos sin garantía en el régimen previsto por la LUC, ya que no es obligatorio hacerlo en la Dirección General de Registro.
Los artículos que crean el nuevo régimen de alquiler sin garantía no están entre los 135 que se buscan derogar. Los promotores del referéndum buscan anular 34 artículos que refieren a los procesos de desalojo. El régimen anterior -que sigue vigente- determina que los plazos de desalojo por vencimiento del contrato son de un año o seis meses y que el desalojo por mal pagador es a los 20 días. En el nuevo régimen que establece la LUC los plazos se acortan y el desalojo por vencimiento del contrato es a los 30 días y, por mal pagador, a los seis días.
En el caso de expulsión, la ley de arrendamientos de 1974 establece que el plazo puede ser prorrogable hasta 120 días, mientras que la nueva normativa fija un máximo de 15 días y de cinco, con prórroga de siete y cinco días, tomando en cuenta si la persona es buen o mal pagador.
El presidente de la CIU entiende que el nuevo mecanismo tiene varios beneficios. “Es una opción más, la toma el que la quiere”, señaló y manifestó que, por ejemplo, le puede servir al “que arrancó con un laburito, hace tres meses, que no le da para cumplir el seguro” y si es mal pagador, el propietario no tiene que esperar un año o seis meses, sino en dos o tres meses recupera su casa. “Amplía el mercado, favorece a los inquilinos, regula la tasa de los valores. De verdad, más allá de cualquier tendencia política, creo que es bueno”, expresó.
Además, señaló que el mecanismo en el interior “va a servir mucho también por esa idiosincrasia de alquilar en confianza, pero también le da tranquilidad al individuo que alquila su casita que no se tiene que clavar un año con alquilarle la casa a un conocido de un conocido”.
Choque de visiones
En el último debate sobre la LUC en Canal 5, la senadora frenteamplista Liliam Kechichian recalcó que el alquiler sin garantía ya existía en Uruguay, en referencia a los acuerdos informales entre las partes, y resaltó que el FA impulsó un fondo de garantías para utilizar por quienes desean arrendar un inmueble y no pueden postular a las opciones que brinda el mercado. La senadora cuestionó que hoy ese fondo está sin recursos por decisión del gobierno. En el FA se hace foco en la evolución de la ejecución presupuestal del Ministerio de Vivienda (Mvot) en el rubro “Política nacional alquileres de vivienda de interés social”, donde se observa una reducción en 2020 respecto de lo ejecutado en 2019 de un 13% en términos reales (423.900 miles de pesos contra 403.900 miles de pesos, respectivamente).
Desde el Mvot informaron que en 2020 el crédito disponible inicialmente para alquileres fue menor que en 2019, pero se ejecutaron cuatro millones más de pesos por medio de excepciones aprobadas por el MEF. En total, se ejecutaron 641 millones de pesos en valores reales, dijo a la diaria Gabriel Albornoz, director de Secretaría del Mvot.
Señaló que es “mentira” lo que plantea el FA porque “hay fondos” anuales, que figuran en el presupuesto quinquenal en el programa que corresponde a alquileres, y que son mayores en comparación con el promedio anual del período anterior (2015-2019), unos 641 millones frente a 502 millones de pesos. “No tiene nada que ver eso con [el nuevo régimen] de alquiler sin garantía, porque en este el que pone plata del bolsillo es quien alquila”, expresó Albornoz.
La diputada frenteamplista y exdirectora nacional de Vivienda (2010-2016) Lucía Etcheverry dijo a la diaria que en la medida que la actual administración recortó el presupuesto del Fondo Nacional de Vivienda, también disminuyeron los recursos que se destinan al Fondo de Garantía de Alquileres del Ministerio de Vivienda. “Lo que decimos es que si efectivamente había una intención de generar una nueva opción, tiene que haber una opción en términos de garantizar acceso y permanencia en la vivienda, por un tema de estabilidad, de certeza, de seguridad. Lo cual acá no hay justamente por la modificación de los plazos de desalojo”, expresó.
“Entonces si la intención hubiera sido esa, ¿por qué no fortalecer el fondo de garantías del Mvot?”, se preguntó Etcheverry, y apuntó que quien “no accede a una garantía tiene un ingreso muy bajo o un trabajo muy precario, es un trabajo informal, zafral, o sea, no cumple los requerimientos de las garantías”.
Para la legisladora, si ese es el problema que quiere subsanar el gobierno, tuvo que haber fortalecido el fondo de garantía y, por ejemplo, a partir de allí establecer una política habitacional, con posibilidad de generar un alquiler social o un alquiler con opción a compra.