El directorio de la Caja de Profesionales Universitarios se reunió este martes con varios jerarcas del gobierno para avanzar en su reforma, necesaria para equilibrar las cuentas del instituto ya que, de continuar como hasta ahora, se quedaría sin fondos para pagar las pasividades en 2024. Para este proceso, que se pretende sea por separado y anterior a la discusión de la reforma de la seguridad social que abarcará al resto del sistema previsional, los directores de la institución han buscado distintas posibles medidas para presentar al gobierno, el único que tiene iniciativa para elevar un proyecto que abarque temas jubilatorios. Algunas medidas que se pensaron inicialmente, como cobrar una tasa anual a los profesionales declarados en no ejercicio libre de la profesión, ya se descartaron.
A partir de esta reunión, en la que participaron el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, e integrantes del Ministerio de Economía y Finanzas, se acordó crear una comisión que estará integrada por seis miembros, tres de la Caja de Profesionales y tres del gobierno, que analizará la viabilidad de todas las medidas que puso sobre la mesa la directiva de la institución. Según se anunció, en un plazo no mayor a un mes se tendrá redactado un anteproyecto de ley.
El vicepresidente del directorio, Daniel Alza, ofició como presidente en esta reunión ante la ausencia de Virginia Romero, que asumió la conducción de la Caja tras la elección el año pasado. En diálogo con la diaria, Alza señaló que las medidas que continúan arriba de la mesa y que formarán parte de la discusión con el gobierno son de dos tipos: unas de “impacto inmediato” y otras de “impacto rezagado”. Las primeras “aumentan los ingresos del instituto” inmediatamente y sirven para alargar brevemente la sustentabilidad y consisten en “el incremento en la tasa de aportes de los activos en dos puntos” porcentuales, es decir, de 16,5% a 18,5 %, y “una contribución pecuniaria de los pasivos” en torno al 7% de lo que reciben de jubilación.
El segundo conjunto de medidas son de tipo paramétrico. Allí ingresa el aumento de la edad jubilatoria de 60 a 65, con dos escenarios de transición iguales a los que planteó el documento con recomendaciones del oficialismo para todo el sistema: comenzar a incrementar un año la edad por cada año calendario a partir de los que tengan 54 años al momento de la reforma, o desde los que tengan 50 años.
Otra medida es el “aumento de la cantidad de años para el cálculo del sueldo básico jubilatorio”, ya que hoy el monto a percibir de jubilación se calcula sobre lo aportado a la Caja de Profesionales en los últimos tres años, y pasarían a tomarse en cuenta los últimos 15 años. El cambio provocaría una reducción de las pasividades en la mayoría de los casos y apunta a una conducta habitual a nivel de los profesionales de mayores ingresos, que aportan por las categorías más altas en los últimos años de vida laboral para hacer crecer la jubilación.
También se propone la disminución de las tasas de reemplazo –lo que la persona cobrará como jubilación en función de su sueldo o aporte promedio– por causales como la incapacidad, y una nueva escala de sueldos fictos para las contribuciones mensuales, que implicaría pasar de las diez categorías actuales a 15, con cambios cada dos años.
“No es la solución”
Fernando Rodríguez Sanguinetti, director del instituto, dijo no estar de acuerdo con la mayoría de las medidas propuestas y tener otras, por lo que fue invitado por el directorio a participar en la reunión con las autoridades –ya que no suelen ir todos– y a título personal presentó su proyecto. En diálogo con la diaria, criticó que sus compañeros “todavía siguen jugando con el toqueteo de los valores paramétricos” y que esto “no es la solución porque ninguno de los escenarios da una rentabilidad como para que la Caja se salve”.
Frente a esto, propuso que a partir de 2023 todos aquellos nuevos profesionales que ejerzan su profesión, de forma independiente o no, pasen a aportar a la Caja de Profesionales, o sea que los dependientes también deban contribuir de forma obligatoria, a diferencia de lo que ocurre hoy –solo los independientes tienen la obligación–.
Rodríguez Sanguinetti explicó que a partir de estos ingresos la Caja tendría “dos sistemas paralelos”, uno con aportes por sueldos fictos para los trabajadores independientes y otro con los aportes con base en sueldos reales para los dependientes, y estos últimos “tendrían los mismos beneficios que tienen en el Banco de Previsión Social (BPS)”. Añadió que una de las posibilidades es que el cobro de sus aportes jubilatorios los siga haciendo el BPS, pero que este transfiera el dinero a la Caja de Profesionales.
Según dijo, el BPS debe “ceder” esos aportantes porque de esa forma el Estado se estaría haciendo responsable de la omisión que, a su entender, tuvo durante las administraciones anteriores de la Caja de Profesionales, que habrían llevado a la situación actual de riesgo financiero.
“Lo único que puede rendir en la Caja es agrandar la base de cálculo”, señaló Rodríguez Sanguinetti, que consideró que “la mitad” de los aportantes actuales lo hacen “de forma voluntaria” y “esos se van a volar si les decís que se van a jubilar más tarde y que además se van a jubilar con menos”.
Consultado sobre esto, Alza dijo que el directorio “escuchó” la propuesta de Rodríguez Sanguinetti, pero sobre ese proyecto “falta muchísima información”, ya que “no tiene estudio de impacto a largo plazo”, motivo por el que se le ofreció ir a presentarlo como “idea adicional” pero no a nombre de la institución.
Visiones partidarias
Por otro lado, los partidos políticos, de a poco, comienzan a acercarse al problema que atraviesa la Caja de Profesionales, ya que serán, en última instancia, los que discutan el proyecto de ley que presente el Poder Ejecutivo. Tiempo atrás, un grupo de profesionales se había organizado a través de redes sociales para manifestarse en contra de algunas medidas que había propuesto el directorio, e incluso pidieron la “remoción” de las autoridades. Según supo la diaria, en los últimos días los voceros de este grupo comenzaron un diálogo con senadores de la comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social y les plantearon sus preocupaciones.
Según dijeron a la diaria, hasta el momento los partidos no analizaron orgánicamente la situación de la Caja de Profesionales y esperarán a conocer el proyecto de ley, pero previo a eso habrá un intento para que las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social concurran a la comisión para informar de la situación, y también serán invitados el grupo de usuarios y el directorio.
Daniel Caggiani, senador del Frente Amplio, comentó a la diaria que el ministro Mieres ya fue convocado a la comisión por otro proyecto de ley y que podría aprovecharse la instancia para consultarle respecto al problema de la Caja de Profesionales, aunque no se descarta citarlo para una sesión aparte. Según Caggiani, en su partido “hay mucha preocupación por la situación financiera” del instituto, pero consideró que el Poder Ejecutivo “es mano” para presentar posibles soluciones, debido a la “iniciativa privativa” en esta clase de proyectos.
Mientras tanto, el senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano, presidente de la comisión, consideró que “hay toda una problemática importante que hay que atenderla” porque la institución “se encuentra en una situación crítica”, y que es esperable una citación a todos los involucrados.
Por su parte, el Comité Ejecutivo del Partido Colorado (PC) recibió a Rodríguez Sanguinetti, que es dirigente de esa colectividad. El coordinador de la bancada de diputados del PC, Felipe Schipani, señaló que la Caja de Profesionales “quizás” es la institución de seguridad social “que está en peor situación” y “por tanto la que requiere rápidamente una reforma”, porque, de lo contrario, se haría “inviable”. En este sentido, opinó que es “muy sensato lo que plantea” el director sobre “ampliar la base” de aportantes “porque hay muchos profesionales que están en una situación de enorme dificultad y tener que aportar más sería enormemente gravoso para el ejercicio profesional”.