“Nadie niega que haya personas con situaciones clínicas que ameriten su ingreso en una institución hospitalaria, pero también hay que entender que esa solución que aportamos es una puerta giratoria: la persona entra y, seguramente, en una o dos semanas estará en la misma puerta de emergencia, traída por la misma gente [del Ministerio de Desarrollo Social, Mides], que quizás la conoce mucho, pero no le está dando una solución integral”, dijo el psiquiatra Gabriel Rossi, en representación de la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia, durante la sesión del 18 de mayo en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes.
La instancia convocó a delegaciones de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, de la Clínica de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (Utmides) para intercambiar sobre un proyecto de ley que el gobierno elevó al Parlamento. La iniciativa, con base en la Ley 18.787 de 2011, amplía la “hospitalización involuntaria”, que abarca ya no sólo a las personas en situación de intemperie completa con “riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte”, sino también a quienes “su capacidad de juicio se encuentre afectada como consecuencia de una descompensación de su patología psiquiátrica o por el consumo de sustancias psicoactivas”.
El año pasado el Poder Ejecutivo reglamentó la ley de asistencia obligatoria a personas en situación de calle, aprobada hace una década pero sin aplicarse a falta de un decreto que fije condiciones. El 15 de mayo de 2021 el Mides implementó el Plan Invierno para personas en situación de calle, que se desarrolló hasta el 31 de octubre, y se reeditó este año. En el período transcurrido entre mayo y octubre de 2021 se efectuaron nueve hospitalizaciones involuntarias tras constatar un médico el riesgo de vida de la persona, y, según los datos que proporcionó el Mides a la diaria, desde entonces no hubo ningún caso más.
Rossi, de la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría, explicó ante los legisladores que las personas terminan en situación de calle como “vía final común de muchos lugares: vienen de ser liberados de la prisión; de situaciones relativas a la salud mental; del consumo de sustancias; del abandono; de la prostitución; millones de causas”.
En ese marco, aseguró que las posibles soluciones deben ser “comunitarias, sociales y, por último, sanitarias”. Sin embargo, “acá estamos poniendo adelante lo sanitario dando a los médicos un lugar que me parece no tenemos”, dijo, en relación al proyecto de ley y la modificación de que ya no sería un médico quien corrobore la situación y decida la hospitalización, sino un médico psiquiatra. En la Ley de Salud Mental, las hospitalizaciones involuntarias requieren de dos médicos -uno de ellos psiquiatra- y, además, la mediación de un juez, repasó.
Por otra parte, Rossi afirmó: “Creo que no se cambia nada con este proyecto de ley, incluso en lo agudo”. En una línea similar se manifestó Carlos Moreira, integrante de Utmides, para quien el proyecto “no toca las causas; en todo caso, termina tocando una consecuencia más”. Usualmente, dijo, “los problemas de salud mental son una consecuencia que experimentan las personas luego de estar mucho tiempo viviendo en la calle”, y las causas se vinculan “con problemas de convivencia, ruptura de vínculos y situaciones económicas -pérdida de empleo o de recursos-; eso luego trae como consecuencia problemas de salud mental”.
“La urgencia puntual” o “el primer acercamiento”
Uno de los reclamos que llevó el sindicato fue la necesidad de mayor presupuesto, que, según Moreira, esperan sea atendido en la Rendición de Cuentas. Destacó, como ejemplo, que el Mides tercerizó el servicio del equipo móvil en el que los trabajadores recorren y atienden a las personas en situación de calle. Según dijo, “es un problema importante”, porque se “quitan garantías y derechos a las trabajadoras y trabajadores” y el Mides “pierde capacidad de control de sus propias tareas”, ya que “no siempre un privado tiene como su único o su principal objetivo garantizar un derecho”.
Ana Casteluccio, también integrante de Utmides, enfatizó que la Ley de Salud Mental plantea que la hospitalización “debe ser el último recurso y no el primero”, con un “acento en el componente comunitario, en el componente de redes y en el nivel primario de atención”; en este caso, para Casteluccio, el proyecto del gobierno “pone a la hospitalización como el primer acercamiento”. A propósito, desde Utmides remarcaron la preocupación de que los aspectos relacionados a la atención establecidos por la Ley de Salud Mental comiencen una vez que la persona es llevada al hospital.
Al respecto, el director del Programa Calle del Mides, Gabriel Cunha, dijo a la diaria que la Ley de Salud Mental “rige en todo momento porque la línea es respetar los lineamientos básicos” que se plantean en la norma, en relación a la reinserción y autonomía de la persona. Subrayó que la intención de la ley enviada por el gobierno es “atender la urgencia puntual que se vive cuando intervenís en calle y efectivamente corre riesgo una vida”, pero que la Ley de Salud Mental es “de carácter general”.
Según el jerarca, sin la reglamentación del año pasado y sólo con la Ley de Salud Mental, los procesos de hospitalización involuntaria llegaban a demorar semanas o incluso meses. Asimismo, Cunha hizo referencia a la necesidad de que intervenga un médico psiquiatra, por la clase de intervención que se efectúa.
El relato de trabajadores
“Podemos pensar que para que el Mides presente este proyecto de modificación de la ley la demanda existente de tratamientos de salud mental y de consumo problemático de sustancias está cubierta”, planteó la sindicalista Paula Guerrero, y sentenció: “Sin embargo, según nos relatan los trabajadores y trabajadoras del Mides, esto no siempre sucede”.
Según dijo, trabajadores han relatado que “son pocas las veces que llegan a las emergencias y existe una cama o una forma de hospitalización para esa persona que se traslada. Esto significa que lo que se hace, por ejemplo, en la puerta del Vilardebó, es aplicar una medicación y llevar a la gente a un refugio Mides”.
A su vez, Guerrero dijo que “el Mides no tiene expertise en las patologías psiquiátricas ni en el uso problemático de sustancias” y que la Ley de Salud Mental “especifica que el Ministerio de Salud Pública debe formar, capacitar, actualizar a las y los trabajadores de las instituciones públicas implicadas”. Además de preguntarse si efectivamente esto se está llevando a cabo, remarcó que las horas técnicas por persona han disminuido.
En respuesta, Cunha aseguró que se conformó un equipo específico para tratar los problemas de salud mental y de consumo problemático de drogas, que está trabajando con las distintas jefaturas, la supervisión y los equipos que trabajan en la atención directa con las personas en situación de calle.