El Poder Ejecutivo decretó en abril una serie de modificaciones a la normativa de caza que permite, entre otras cosas, la caza deportiva en todo el país -menos en Montevideo- y la caza nocturna de especies exóticas. Este decreto fue duramente criticado por organizaciones animalistas y por parte del sistema político. Así las cosas, este lunes, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, aseguró que las modificaciones estarán en evaluación durante seis meses y no descartó hacer ajustes luego.
“Desde el Ministerio de Ambiente nos estamos dando una ventana de tiempo para analizar los efectos de este decreto, si es que lo tiene”, dijo en el programa de Canal 4 Buen Día, y agregó: “En la medida en que tengamos evidencia de que esto ha afectado a la preservación o biodiversidad, que es lo que nos compete a nosotros, estaremos planteando modificaciones al mismo, pero nos vamos a una ventana de unos seis meses para analizar”.
Peña enfatizó que la modificación está dirigida a la caza de especies exóticas y que en ningún caso está permitida la caza de especies autóctonas. En ese sentido, comentó que las especies exóticas invaden al animal autóctono: “Que exista una población descontrolada de ciervos genera problemas en la protección del venado, lo mismo con el jabalí. Esto ya estaba permitido, lo que hay son dos o tres medidas que flexibilizan la caza nocturna porque se explica que de día es muy difícil cazar a estos animales y lo que tiene que ver con la distancia”.
Al respecto, la Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado (Socobioma) aclaró que las especies autóctonas también tienen mayor actividad de noche, por lo que “nada garantiza que cacen sólo a las especies habilitadas”.
Consultado por la procedencia de este decreto, Peña dijo desconocer si se trataba de una iniciativa empresarial, algo que fue reconocido por el presidente Luis Lacalle Pou. La organización Conservación de Especies Nativas del Uruguay (Coendu) informó que en una reunión con el mandatario el viernes, les “confirmó que el decreto surgió de un grupo de empresarios de turismo de caza con extranjeros y que está convencido de que es bueno, que no promueve sino que regula y que formaliza la caza en nuestro país”.
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Coendu señala que argumentó al presidente que el decreto “es muy perjudicial para la conservación de especies nativas y del ambiente en general y para otros intereses nacionales, como la seguridad rural, la seguridad pública, entre otros”, y que se espera “un mejor control de la caza actual, que para muchos representa un peligro y amenaza, y no normas que van en sentido contrario”. Sin embargo, Lacalle Pou aclaró que no lo iba a derogar, aunque habilitó la posibilidad de introducir modificaciones.
Por su parte, Peña remarcó el interés del sector turístico de caza y enfatizó que se modificaron los permisos necesarios para cazar. El decreto establece que los permisos de caza serán independientes del tipo de arma y ya no se exigirá justificar la autorización del propietario u ocupante del predio donde se llevará a cabo la actividad para obtenerlos.
Según Peña, dentro de las modificaciones en los permisos, ahora se le solicita al cazador más información: “El cazador puede relevar información que le es útil al Ministerio de Ambiente para la toma de decisiones. Esto es muy común en el mundo, es decir, hay una cooperación entre la caza y la conservación, porque el cazador necesita que no desaparezca la caza”.