Faltan 20 días para que el Poder Ejecutivo envíe el Parlamento el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, y mientras trabaja en la redacción de los artículos, recibe varias propuestas de los diferentes socios de la coalición. Ciudadanos, el sector mayoritario del Partido Colorado, fue el primero en marcar la cancha, con varios pedidos que buscan atender las necesidades de los organismos encabezados por dirigentes de esa agrupación.
Pero Cabildo Abierto (CA), el otro socio importante del Partido Nacional en el gobierno, no se quiere quedar atrás, y ya tiene varios pedidos entre manos. la diaria accedió al documento con las propuestas que los liderados por el senador Guido Manini Ríos le presentarán al Ministerio de Economía y Finanzas. Están divididas en dos grandes grupos: con costo y sin costo. En el primero aparecen reivindicaciones que los integrantes de CA habían adelantado: la suba de sueldos para militares de bajo rango y para docentes que trabajan en centros de contexto crítico.
En el apartado “Seguridad” se propone establecer un aumento en las retribuciones al personal militar alcanzado por la reforma de la ley de retiros de 2019. Los aumentos serían en tres franjas: 5% a los oficiales, 7,5% a los suboficiales y cabos de primera, y 10% a los cabos de segunda y soldados. Además, “se signará una partida fija por nocturnidad de $ 300 por guardia a los oficiales y $ 250 por guardia al personal subalterno”. CA estima que todo esto tiene un “costo total” de 1.350 millones de pesos anuales.
A su vez, en la sección “Educación” CA pide que se le asigne a la Administración Nacional de Educación Pública una partida anual de 650 millones de pesos para docentes de Primaria, Secundaria y UTU que trabajan en centros de enseñanza ubicados en zonas de contexto crítico. Esto “incluye a 9.000 docentes”, se aclara.
Los cabildantes también piden que se asigne una partida para la Universidad Tecnológica del Uruguay (Utec), “por única vez”, de cuatro millones de pesos y una partida anual de 1,2 millones de pesos, con el objetivo de “incrementar hasta 100 la cantidad de cupos de ingresos para la carrera de Tecnólogo en informática en el departamento de Maldonado”.
Por último, entre las propuestas con costo hay varias referidas a impuestos. Por ejemplo, cambios en la aplicación del impuesto a las rentas de las actividades económicas (IRAE), que pagan las empresas en función de sus utilidades. Se propone derogar dos decretos (359/015 y 36/017) que eliminan la posibilidad del ajuste por inflación para el IRAE y establecer que la escala del artículo de 64 del Decreto 150/007, referente al IRAE “ficto” sea progresivo. “Esto es, en caso de superar los topes, en lugar de aplicar la nueva tasa a la totalidad de las rentas, aplica sólo al exceso del tope”, se explica en el documento.
Cableoperadores, Policía y servicio postal
En el grupo de propuestas “sin costo” de CA hay una referida a la Policía: la “reforma del sistema de ascensos” en el Ministerio del Interior, “restableciendo el ascenso en el personal superior por antigüedad calificada”. También el traspaso del fondo de subsidio por fallecimiento del Servicio de Retiros y Pensiones Militares –la Caja Militar– al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial –cuya titular es la cabildante Irene Moreira–, para ser “destinado a viviendas del personal militar, en actividad o retiro, de menores recursos”.
Otro planteo establece que los organismos públicos que destinen fondos para el servicio postal deberán contratar a la Administración Nacional de Correos “como mínimo por 33% del monto empleado para esos fines”.
Por último, CA insiste con una iniciativa que quiere impulsar hace tiempo, para que los cableoperadores del interior puedan brindar servicio de internet. Ya intentó incluir este cambio en la nueva ley de medios, que hace dos años se viene debatiendo dentro de la coalición sin acuerdo, y por eso pretendió que se incorpore en la Rendición de Cuentas de 2021, lo que tampoco prosperó. En aquella oportunidad, que se dejara afuera la iniciativa generó molestia en filas cabildantes, y ahora vuelven a insistir para que se añada a la próxima Rendición, ya que aún no aparece la salida para aprobar la nueva ley de medios.
CA propone que se sustituya el artículo 56 de la actual ley de medios por la siguiente redacción: “Los titulares de licencias de servicios de difusión de contenido audiovisual de televisión para abonados, excluyendo expresamente aquellos cuya licencia implique alcance nacional, tendrán derecho a prestar simultáneamente servicios de banda ancha y acceso a internet mediante el empleo de sus redes propias o de acuerdos que realicen con terceros, en igual área de cobertura a la de su respectiva licencia”.