Por cuatro votos contra tres, el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) resolvió “no formular observaciones” al contrato entre Antel y los tres canales privados de Montevideo, por el que la empresa pagará 1.230.000 dólares por año a cada uno por tres años (y prorrogable por un cuarto año), a cambio de poder transmitir su contenido en Vera TV, según informó el semanario Búsqueda. Los tres ministros designados por el Frente Amplio (FA), Enrique Cabrera, Diana Marcos y Miguel Aumento, fueron quienes fundamentaron en contra de la resolución del tribunal, en minoría respecto a los votos de los tres ministros nombrados por el oficialismo y la presidenta del organismo, Susana Díaz.
La contratación directa incluye una cláusula de exclusividad que impide que los canales hagan acuerdos similares con otros operadores de telefonía móvil, por lo que Movistar y Claro no podrán emitir sus contenidos.
La resolución señala que el interés en que Antel “ofreciera el contenido de sus señales para ser consumido a través de sus servicios móviles” surgió en julio de 2021 por parte de los tres canales abiertos privados y Tenfield, que luego no participó de la contratación.
Para la mayoría del tribunal, la contratación directa por excepción está habilitada en el Tocaf para cuando “el bien o servicio integre de manera directa o indirecta la oferta comercial de una entidad pública que actúe en régimen de competencia”. Además, consideraron “subsanable” que faltara la firma de uno de los directores de los canales, en referencia al de Monte Carlo TV SA (canal 4).
Según los ministros designados por el FA, en cambio, la falta de la firma de una de las partes es “inadmisible”, ya que quien firmó por Monte Carlo “no posee facultades de representación” de la empresa. El ministro Aumento recordó, en su argumentación, que en otras ocasiones se ha observado resoluciones por este motivo.
Además, Aumento señaló que Antel “no fundó ni motivó debidamente la calificación de reserva” de la documentación y, a diferencia de la mayoría del TCR que justificó el pedido de reserva por parte de Antel, para el ministro “no se ha demostrado la existencia de elementos objetivos que permitan determinar que la divulgación de esta genera un riesgo claro, probable y específico de daño al interés público protegido”.
Sobre la exclusividad, Aumento se cuestiona si sería ajustado a derecho que Claro o Movistar hicieran un contrato para utilizar “frecuencias de propiedad del Estado uruguayo, las cuales son usufructuadas por los tres canales de televisión abierta”. Cabrera y Marcos, por su parte, añadieron que “no hay justificación técnica” que garantice la exclusividad de los contenidos en los servicios móviles de Antel en tanto hay “múltiples y diferentes tecnologías” para acceder a las transmisiones. “Es prácticamente imposible que Antel asuma la obligación de controlar que sus usuarios no casteen el servicio que se comercializa”, señalan.
Además, cuestionan una de las condiciones de la contratación que establece que para que Antel tenga una bonificación de 30% del costo de publicidad en esos canales, tendría que invertir más de 500.000 dólares en un año, lo que, dicen, es “por lo menos el 50% del costo anual de este contrato”.
El semanario recuerda que el acuerdo de Antel con los canales recibió las críticas de la oposición, pero que también generó dudas en miembros del oficialismo como el senador Jorge Gandini, quien dijo a Nada que perder, de M24: “No sé si será un buen negocio para el país”.
El director del FA en Antel, Daniel Larrosa, votó en contra de la contratación en su momento, y la consideró negativa para Antel: “Los contenidos que nos vendieron son los que no compiten con el cable, porque son para pantalla chica de celular. Entonces, ¿quién mira un informativo en la pantalla chica del celular? Además, es gratis en la televisión y lo tenés en el cable. No hay mercado para eso. Es darles un regalo [a los canales]”.
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