“Vamos a escuchar qué dicen. Evidentemente, todos pensamos que esas cosas no pueden ocurrir”, dijo a la diaria el senador de Cabildo Abierto (CA) Raúl Lozano, horas antes de la interpelación que el Frente Amplio (FA) les hará a los ministros Luis Alberto Heber (Interior) y Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores), que tendrá lugar en la cámara alta el lunes desde las 15.00. Cuando Lozano dice “esas cosas”, se refiere, como se sabe, al pasaporte nacional que se le dio al uruguayo Sebastián Marset, que estaba detenido en Dubái por tener pasaporte paraguayo falso y es buscado por Interpol por narcotráfico, motivo por el que la oposición interpelará a ambos ministros.
Lozano subrayó que habría que analizar si ese trámite estuvo “acorde con la normativa vigente” y, si “lo que está mal es la normativa, hay que modificarla rápidamente”, porque “es increíble que pasen estas cosas”. “Vamos a escuchar la exposición de ambos ministros y ver de quién son las responsabilidades, porque alguien las debe tener; esas cosas no pueden pasar en este país”, señaló el senador cabildante. Agregó que le parece bien que se explique la situación, ya que “la gente tiene derecho a saber qué fue lo que pasó”, porque, a su juicio, “cuando suceden estas anomalías, de alguna manera hay que actuar, y ver qué es lo que está mal para modificarlo”.
El ministro Heber dijo en más de una oportunidad –la última vez fue el viernes, en declaraciones al programa de radio En Perspectiva– que la entrega del pasaporte fue posible por un decreto de 2014, del gobierno del entonces presidente José Mujica, por el que se estableció que “en los requisitos para poder otorgar un pasaporte no esté contemplada la situación de que esté preso o que tenga antecedentes en el exterior, solamente causas abiertas en el país”. Para el senador del FA Mario Bergara, el miembro interpelante, el decreto no inhabilitaba a que se diera pero tampoco “obligaba a expedir el pasaporte”.
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Lozano sostuvo que leyó ambos decretos –el de 2014 y el de 1993 que se modificó– y el más viejo era “más limitativo”, mientras que el modificado “quitaba controles”. “Si uno se ajusta a lo que dice el decreto de 2014, no había por qué no darle el pasaporte a este señor. Pero también hay una cuestión de sentido común. Una cosa no quita la otra: de repente se cumplió con lo que dice la normativa, pero, por sentido común, no se lo deberían haber dado”, aseguró.
Sea como fuere, Lozano subrayó que Uruguay está “en un debe” en la lucha contra el narcotráfico y “no es este gobierno sino la política de Estado, que se viene arrastrando desde antes”. Puso como ejemplo “lo bien que se llevó una política antitabaco”, pero, sin embargo, “en el tema de las drogas no hay nada”, no ve “propaganda ni algún programa educativo para que los jóvenes sepan a qué se están exponiendo cuando entran en el camino de las adicciones”.
El ministro Peña espera “que se explique exactamente el procedimiento”
En filas coloradas, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, del sector Ciudadanos, señaló a la diaria que no tiene “un conocimiento fino” de lo que pasó y que siguió el tema “como cualquier otro ciudadano”, pero que le parece que la interpelación será una instancia oportuna para “que se explique exactamente el procedimiento, los tiempos y la secuencia de los hechos”. “Cómo, dónde estaba quién, quién tramitó cada cosa y cuál es la responsabilidad dentro de cada organismo, porque me parece que son responsabilidades distintas, viéndolo de afuera. Eso es lo que espero de la interpelación, que eche luz sobre el episodio y estemos todos tranquilos de que se hicieron las cosas bien”, indicó.
Además, el ministro se refirió al hecho de que la subsecretaria de cancillería, Carolina Ache, de su sector, a través de Twitter, haya negado haber participado en el trámite del pasaporte, aunque admitió que hubo consultas sobre el tema, en noviembre, cuando en su despacho recibió al abogado del narcotraficante, Alejandro Balbi. Ache hizo su descargo en redes sociales el miércoles. Según Peña, dos días antes, el lunes, la jerarca lo llamó y le informó de “todo” lo que luego escribió en Twitter, y le aseguró que “no tuvo ninguna actuación vinculada al trámite”.
En cuanto al debate sobre el decreto de 2014 que habilitó el trámite, Peña dijo que si se entiende que hay que cambiarlo para que no haya errores de ese tipo, habrá que estudiarlo, pero “tampoco debe ser que a uno se le cante que a una persona se le da un pasaporte o no”. Subrayó que tiene que haber “elementos objetivos suficientes para que la ley lo autorice”, que no sabe si en este caso “estaban”, pero es lo que piensa que se sabrá en la interpelación. Por último, Peña subrayó que “está bueno” que la instancia parlamentaria se dé ahora, “rápido, antes de que esto se siga contaminando de un lado y del otro”.
Argimón: “Es una forma que nos sorprendió”
En tanto, el domingo, la vicepresidenta Beatriz Argimón también se refirió al tema, en rueda de prensa, cuando asistió al partido que la categoría sub 20 de Peñarol y Benfica disputaron en el estadio Centenario. La jerarca señaló que, “por supuesto”, estuvo “recabando” información sobre el tema y recordó que la moción de interpelación también fue votada por la coalición de gobierno, porque al oficialismo le parece importante “que cuando hay temas de preocupación se transparente la información, y qué mejor lugar que el Parlamento nacional” para eso.
Sobre el hecho concreto, el trámite del pasaporte de Marset, la vicepresidenta dijo: “Creo que es una forma que nos sorprendió, de pronto por no conocer los decretos que amparan la situación de un uruguayo que está en el exterior, cómo la diplomacia no puede dejar a un compatriota nuestro sin identificación, y el tema de los plazos, que no todo el mundo los tiene presente. Por eso es buena la instancia y que se transparente todo lo hecho por ambos ministerios”.
Por último, Argimón negó que la reunión de Ache y Balbi aumente las dudas sobre el caso y subrayó que la subsecretaria “ya salió a aclarar qué es lo que ocurrió”, que fue “un episodio puntual que no hace a la esencia”.