Al límite del plazo, el lunes se presentó la lista de aspirantes a integrar el próximo Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) para el período 2022-2027. Hay 28 candidatos para cinco cargos y la elección final la hará la Asamblea General el 1º de agosto. Se prevén dos instancias de votación en las que se necesita una mayoría especial de dos tercios para aprobar el quinteto de nombres, pero si no hay acuerdo se termina resolviendo por mayoría simple –el oficialismo tendría los votos para hacerlo de no haber acuerdo con la oposición–.
Según establece la ley de creación de la INDDHH, los candidatos podrán ser propuestos por las organizaciones sociales integrantes de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos, así como por los parlamentarios. Así lo ratificó un informe del departamento jurídico del Parlamento, al que accedió la diaria, luego de una discusión sobre la potestad de los legisladores de promover aspirantes. El Frente Amplio no presentó ninguno; en cambio, los parlamentarios de la coalición de gobierno recomendaron a 13 personas. El estudio de los perfiles de los candidatos por parte de una comisión parlamentaria especial comenzará la semana que viene.
Verdad, no justicia
Sergio Molaguero. Tiene 74 años de edad y fue propuesto por el diputado colorado Omar Estévez. Cuando tenía 23 años, en mayo de 1972, casi un año antes del golpe de Estado, fue secuestrado por la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales y estuvo en cautiverio 69 días. Su padre, José Molaguero, era el dueño de la fábrica de calzados Seral, ubicada en Santa Lucía.
Tres décadas después, Molaguero contó su experiencia en el libro Conocer la verdad: la historia de mi secuestro. Más adelante, en 2020, fundó la Asociación Toda la Verdad, que “agrupa a víctimas y familiares de víctimas de la sedición que actuó en el país en las décadas del 60 y 70”.
En diálogo con la diaria, Molaguero consideró que “llegado el momento” puede “dar un aporte importante” a la INDDHH en base a “la experiencia que he recogido en muchos años sobre toda esta historia de los derechos humanos”. “Por razones obvias, por mi pasado, me interesé en recopilar mucha información que enriqueciera mis conocimientos sobre derechos humanos”, señaló.
Sobre el trabajo del actual Consejo Directivo de la INDDHH, opinó que “no ha estado a la altura de las circunstancias en muchas cuestiones que son claramente omisiones a los derechos humanos”. Como ejemplo mencionó “los medicamentos de alto costo [por los] que se tiene que recurrir permanentemente a la Justicia para que sean otorgados”. A su juicio, “eso es un disparate” y la institución “nunca hizo una recomendación al respecto, por lo menos, una recomendación pública”.
Consultado, asimismo, por algún aspecto positivo de la actual dirección, Molaguero dijo: “El hecho de reiterar la búsqueda de los uruguayos desaparecidos durante la dictadura me parece que está correcto; es lo que corresponde que haga una institución de derechos humanos”.
A su entender, existe una intromisión de la política partidaria en la actuación de la INDDHH, algo que “también va a suceder en cierta forma cuando venga la nueva institución, pero a la inversa”; esto en virtud de las negociaciones que se avizoran en el oficialismo, que al menos de forma inicial planteó la posibilidad de quedarse con cuatro de los cinco cargos. “Espero con mucha ansiedad que estos próximos nombramientos no se transformen tampoco en actitudes partidarias de sus integrantes, porque los derechos humanos no tienen partidos políticos”, acotó.
Al igual que su padre, Molaguero –hoy ya jubilado– estuvo vinculado a la industria del calzado. A su vez, fue candidato a la Intendencia de Canelones por el Partido Colorado en 2005, al frente de la Lista 321 de la Unión Colorada y Batllista. Su candidatura a la INDDHH fue respaldada también por el Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas, el Centro de Derechos Humanos del Uruguay, el Instituto Uruguayo de Cultura y la Fundación Rioplatense de Estudios.
Diego Burgueño. Es otro integrante de la Agrupación Toda la Verdad postulado a la INDDHH. Su nombre fue acercado por la diputada nacionalista Nancy Núñez, con quien comparte afinidad político partidaria.
Burgueño nació el 7 de octubre de 1969. Un día después, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros desplegó a 30 kilómetros de Montevideo la llamada “toma de Pando”, en la cual fue asesinado el civil Carlos Burgueño, su padre, por una bala perdida en un tiroteo entre policías y guerrilleros.
Junto a Molaguero, fundó la Asociación Toda la Verdad. Semanas atrás, en una entrevista con Canal 5, expresó: “Las culpabilidades son más que compartidas. Acá no hubo dos demonios, acá hubo múltiples demonios. Por algo es que la verdad se ha enterrado tantos años, ya no por la izquierda, por todo el sistema”. No obstante, apuntó que “lamentablemente la narrativa de izquierda ha querido siempre justificar, alivianar o descafeinar todas las acciones del terrorismo civil; a esta altura ya indigna”.
Según comentó Burgueño, la Asociación Toda la Verdad intentó reunirse con el Frente Amplio, el PIT-CNT y “organizaciones de detenidos desaparecidos”, pero “nunca jamás nos quisieron recibir”. “Nosotros no vamos a escarbar en el pasado. Nosotros queremos verdad, no queremos justicia. Ya está. Lo de la justicia ya fue. Es lo que estamos cediendo nosotros para sentarnos a hablar”, manifestó.
El círculo blanco
Sofía Maruri. Fue recomendada por la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y por la Fundación Canguro y la Universidad de Montevideo (UM), su casa de estudios. Es abogada y profesora de la Facultad de Derecho de la UM y tiene un máster en Derechos Humanos por la Universidad de Oxford, Reino Unido. Fue asesora de legisladores en temas de derechos humanos y apoya decididamente al colectivo antieutanasia Prudencia Uruguay, impulsado, entre otros, por el diputado nacionalista Rodrigo Goñi.
El día del lanzamiento de Prudencia Uruguay, Maruri afirmó con relación al proyecto de ley de eutanasia y suicidio asistido presentado por el diputado colorado Ope Pasquet: “Una ley de este estilo lo que haría es clasificar dos tipos de vidas: las vidas dignas, que tienen 100% de protección, a las cuales no hay que matar, y las vidas que no son dignas, que no tienen 100% de protección porque se las puede matar”.
Carmen Rodríguez Núñez. Su postulación contó con el apoyo de cuatro legisladores blancos: Gustavo Penadés, Gloria Rodríguez, Juan Martín Rodríguez y Daniel Martínez. Fue asesora del primero en el Parlamento entre 2017 y 2018 mediante un pase en comisión. Doctora en Derecho especializada en Derechos Humanos, actualmente trabaja en la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Santiago Ruete. Abogado penalista y asesor de la senadora nacionalista Carmen Asiaín, fue recomendado para integrar la dirección de la INDDHH por la legisladora.
Sandra Rivas. Doctora en Derecho y Ciencias Sociales, actualmente es asesora de la senadora nacionalista Gloria Rodríguez. Su nombre fue promovido por Sergio Delpino, quien, a su vez, es senador suplente de Rodríguez.
Gabriela Fulco. La expresidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) fue propuesta por el diputado blanco Álvaro Viviano, con quien coincidió en el directorio del organismo en el período pasado, cuando Fulco ocupó el cargo por nominación del gobierno frenteamplista y el legislador por la entonces oposición. Al día siguiente de su postulación, el Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y del Inisa emitió un comunicado en rechazo a su candidatura, en el que recordó que Fulco declaró estar a favor de instalar el servicio militar para mayores de 18 años como “una medida de inclusión social”.
Robert Parrado. El nombre del comisario mayor retirado, psicólogo y licenciado en Seguridad Pública fue acompañado por el diputado nacionalista Javier Radiccioni. Fue asesor en materia de seguridad del candidato presidencial Edgardo Novick y ahora es asesor del Ministerio del Interior.
Pablo Galain. Lo recomendó la senadora nacionalista Graciela Bianchi. Es abogado, investigador y docente de la Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile, donde dirige el Diplomado en Criminología.
A mediados de 2018, en una columna de opinión publicada en la diaria, que analizaba en parte la seguridad en Uruguay, la reforma Vivir sin Miedo y el nuevo Código del Proceso Penal, Galain reflexionó: “El miedo se vence justamente recomponiendo las relaciones sociales rotas, involucrando a los ciudadanos, permitiendo que víctimas y autores se encuentren para resolver el conflicto (posibilidad de brindar explicaciones, solicitar perdón y ser comprendido y/o perdonado), dando valor jurídico a la reparación del daño”. Más adelante, en ese mismo texto, indicó que “cuando se trata de la seguridad pública no caben actitudes propias de irresponsables y, menos aún, de gatillo fácil legislativo, inundando el orden jurídico de leyes que ya ni siquiera los eruditos saben cuál se aplica para qué casos, ni cómo, ni por qué, ni desde cuándo, ni si una deroga a la otra”.
Colorados, Cabildo Abierto y Partido Independiente
Gloria Robaina. Es exlegisladora del Partido Colorado y referente del sector Batllistas. Su nombre fue recomendado por el diputado colorado y exintendente de Rivera, Marne Osorio y por la organización Gurises Unidos. En conversación con la diaria, Osorio destacó su “currículum” con “varias habilidades que pueden ser importantes y oportunas” para la INDDHH. Aseguró que Robaina tiene “una motivación personal y vocacional” por los derechos humanos, ya que “le apasiona mucho la temática”.
Consultado sobre los apoyos político partidarios a candidaturas para ocupar cargos técnicos, Osorio comentó que “la contracara de tener partidos políticos fuertes” es que justamente “los partidos están en todo”. “Creo que está bueno que los partidos estén comprometidos, haciendo propuestas. Pero tendríamos que tratar de que la INDDHH tenga la mayor libertad técnica posible para proponer una agenda sin mandados, sin sesgos, sin contaminación con intereses electorales. El tema es encontrar el equilibrio”, señaló.
Jimena Fernández Bonelli. Está especializada en responsabilidad social empresarial; con una “amplia experiencia” en el “diseño y ejecución” de programas de organismos internacionales, según marca su perfil. Fue propuesta por la senadora colorada Carmen Sanguinetti, Manos Veneguayas y la Red de Empresas por el Desarrollo Sostenible.
Bernardo Legnani. El elegido por el senador Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, con una larga trayectoria como abogado especializado en Familia.
Dardo Rodríguez Custodio. El único candidato recomendado por el Partido Independiente a través de su legislador Iván Posada es hoy director del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.
Sin padrino
Fernando Menéndez. Exdirector de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) por el Partido Nacional y exdirector de Cultura de la Intendencia de San José, no lo promovió ningún legislador. Su nombre fue apuntalado por Stop Abuso Uruguay y por Familias Unidas por Nuestros Niños, dos organizaciones que respaldan el proyecto de ley de tenencia compartida en discusión actualmente en el Senado.
“Más bien surgió de una motivación personal”, dijo a la diaria Menéndez, en referencia a su postulación que, confesó, se decidió “a último momento”. “La verdad es que lo siento como una vocación y me pareció que, más allá de las posibilidades reales que haya o no [de ser electo], era un deber presentarme”, comentó.
Acerca del trabajo de la INDDHH, opinó que dentro de la actual dirección “hay ciertas inclinaciones ideológicas y filosóficas que influyen en esa postura de confrontación”, o en “esa especie de división a favor o en contra de la institución” que “surge de las redes sociales y hasta de protagonistas políticos y legisladores”. “Lo bueno sería que trascendiera lo político partidario, me parece que no se ha logrado”, agregó.
Menéndez aclaró que sus eventuales colaboraciones a la INDDHH no serían “tanto como un experto especializado en derechos humanos”, aunque indicó que “al ser abogado y docente ya tenés versación suficiente”, sobre todo, “si has tenido experiencia en un montón de situaciones”. En tal sentido, mencionó su pasaje por la Ursea, que controla el mercado de combustibles, entre otras cuestiones, “un organismo parecido” a la INDDHH, según consideró.
“Hay ciertas coincidencias entre la Ursea y la INDDHH en un montón de cuestiones que me parece que me podrían ayudar y dar un diferencial”, señaló. “Es un organismo que aconseja y controla, pero que no tiene fuerza jurisdiccional, legal ni ejecutiva. Lo que se busca hacer es lo que corresponde en el organismo, por encima de banderas políticas. En este caso todavía más, porque es un tema mucho más sensible. Me tengo mucha fe estando ahí”, declaró.
Los otros 14 candidatos a integrar el próximo Consejo Directivo de la INDDHH fueron recomendados por organizaciones de la sociedad civil, sin intervención de legisladores de ningún partido. Ellos son Mariana Mota y Wilder Tayler –actuales directores de la INDDHH–, Nelson Villarreal, Federico Álvarez Petraglia, Santiago Mirande, Daoiz Uriarte Araújo, Marcos Israel Cúneo, Javier Palummo, Isabel Adela Wschebor, Marcelo Cantón Pombo, Óscar Rorra, Ana Agostino, Tabaré Martínez y Jaime Saavedra.