El miércoles en el Parlamento fue uno de esos días en los que se definen asuntos tanto dentro de la sesión del plenario como afuera, en los pasillos, incluso con la presencia de algún miembro del Poder Ejecutivo. Fue el tercer día de votación de la Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados, y por los corredores y salas de bancada la coalición trataba de cerrar los temas en los que todavía no había logrado consenso.
Uno de esos puntos ya quedó definido, aunque sólo en parte: qué hacer con la ley de medios (19.307). En el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo se había establecido la derogación total de la norma, pero eso sólo era visto con buenos ojos por el Partido Nacional (PN) y el Partido Independiente (PI); ni Cabildo Abierto (CA) ni el Partido Colorado (PC) estaban de acuerdo.
El artículo que establecía su derogación, así como los siguientes, que restablecían viejas disposiciones sobre medios de comunicación, habían sido votados en forma negativa en la comisión que trató la Rendición de Cuentas, para que directamente no pasaran el plenario de Diputados. Pero, en medio de eso, el presidente Luis Lacalle Pou, en un almuerzo organizado por la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, dijo que su posición personal “y hablada con miembros del gobierno” era que en la Cámara de Diputados se votaran los artículos, “a favor o en contra”, porque “la calesita legislativa genera incertidumbre”. Por lo tanto, la población tiene que saber “claramente quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo”.
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Así las cosas, el miércoles la bancada de diputados del PN le dio el gusto al presidente y presentó un artículo aditivo para derogar la ley de medios, “así como las demás disposiciones modificativas, concordantes y reglamentarias de la misma”. En el plenario de la Cámara de Representantes ese artículo fue apoyado sólo por 31 votos de 96 diputados presentes (toda la bancada del PN más Iván Posada, el único legislador del PI), por lo que no fue aprobada.
Pero en el oficialismo sí hubo consenso para sustituir el famoso artículo 56 de la ley de medios, que prohíbe a los cableoperadores brindar servicios de internet y fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.
Con la modificación que se propuso, el artículo 56 quedó redactado así: “Los titulares de servicios de comunicación audiovisual de televisión para abonados que operan mediante cable tendrán derecho a solicitar licencias para prestar servicios de banda ancha y acceso a internet. A través del empleo de sus redes propias, desarrollos futuros o de recursos que contraten con terceros, en igual área de cobertura a la de su respectiva licencia”. Además, se agrega: “Los servicios referidos en el inciso anterior deberán resultar técnica y jurídicamente factibles conforme a la normativa vigente”.
La modificación fue presentada por los diputados Álvaro Rodríguez Hunter (PN), Sebastián Cal (CA), Martín Melazzi (PC), Conrado Rodríguez (PC) y César Vega (Partido Ecologista Radical Intransigente). En la cámara fue votada por toda la coalición y aprobada por 55 votos en 97.
En tanto, el diputado del Frente Amplio (FA) Carlos Varela señaló en una rueda de prensa que no votaron la derogación de la ley de medios porque la norma vigente “todavía tiene fortalezas para sostenerse, si bien necesita modificaciones, porque la comunicación es un campo que permanentemente está en evolución”. Además, recordó que hay un proyecto de ley de medios alternativa, del Poder Ejecutivo, que está a estudio de la Comisión de Industria de Diputados, con la que tal vez la oposición pueda tener “varios puntos de acuerdo”.
“Lo tercero es porque no nos parece un procedimiento adecuado, mediante un artículo, derogar una ley de 202 artículos, y encima en el marco de una Rendición de Cuentas, donde todos sabemos que el objetivo está centrado en otros aspectos”, subrayó. Además, Varela señaló que “no es cierto” que la actual ley de medios tiene muchos artículos inconstitucionales, ya que fueron declarados así sólo ocho de los 202: dos en forma total y seis en forma parcial”.
Ministro Mattos hizo dar marcha atrás a nueva forma de financiamiento para la Udelar
El otro asunto que le quedaba por resolver a la coalición era de dónde sacaría recursos para compensar lo que la Universidad de la República (Udelar) recibe por el adicional del Fondo de Solidaridad, cuya quita se estableció en la Rendición de Cuentas. Hasta hace pocos días, 25% del total que recauda la Udelar por ese concepto –cerca de 143 millones de pesos– se preveía sacar de utilidades que el Banco República (BROU) destina al Fondo para el Desarrollo (Fondes), pero por problemas de técnica legislativa esto se quitó. A cambio de eso, el martes de noche la coalición propuso que 20% de lo recaudado por un impuesto que recibe actualmente el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) vaya a la Udelar.
Pero esta nueva propuesta para tomar recursos activó las alarmas de la coalición a las pocas horas. El diputado colorado Juan Moreno, del sector Ciudadanos, se niega a votarlo. En diálogo con la diaria, Moreno subrayó que desde el principio estuvo en contra de votar la derogación del adicional del Fondo de Solidaridad, “por el solo hecho de saber a dónde van esos recursos, a la infraestructura de la Udelar en el interior”.
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En segundo lugar, Moreno señaló que en la mañana del miércoles se enteró de que la alternativa de recursos era sólo de 25% del total de lo que se recauda por el Fondo de Solidaridad, y que se le sacaba al INIA. Entonces, subrayó que, nuevamente, “planta bandera” y no “claudica” ante “otra idea de que lo primero que hay es manotearle los recursos al sector productivo”. Destacó que, por un lado, se reconoce “que una de las cosas más importantes” que hay en esta Rendición de Cuentas es la ciencia y la tecnología, y por otro lado, lo primero que se les ocurre es “sacarle recursos a la INIA”, por eso, “con fuerte convicción”, está en contra. Subrayó que la alternativa planteada “no es seria” y que él acompañaría la que sustituya “100% de los recursos” para compensar el adicional que se quiere derogar.
A su vez, Fernando Mattos, titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en la noche del miércoles fue al Parlamento para reunirse con la bancada de su sector, Ciudadanos, del PC, a la que se sumó el diputado colorado Conrado Rodríguez (Batllistas), impulsor de la quita del adicional del Fondo de Solidaridad.
A la salida de la reunión, Mattos dijo en una rueda de prensa que le comentó a la bancada colorada que no está de acuerdo con la fuente de financiación propuesta, porque entiende que sería “de alto impacto” para la acción que tiene el INIA, como tampoco está de acuerdo con la iniciativa que propone recursos de financiación del Instituto Nacional de Carnes –en referencia a la partida para proyectos de ciencia, innovación y tecnología–.
“Esto significaría, en forma indirecta, incrementar los tributos al sector agropecuario, porque estas instituciones, que tienen un cometido y las funciones específicas bien claras por la ley, de investigación agropecuaria y la promoción de nuestras carnes, respectivamente, se financian básicamente con aportes del sector agropecuario. Si nosotros desviamos la recaudación de estas instituciones para otras finalidades –que no las voy a discutir, todos queremos que existan más recursos para la Udelar–, no estamos de acuerdo”, insistió.
Por último, Mattos señaló que se volvió a manejar la fuente original de financiamiento para la Udelar que había planteado la coalición: utilidades del BROU para el Fondes. La coalición todavía no definió, y se espera que lo haga este jueves, para cuando en la Cámara de Diputados se vote el inciso relativo a la Udelar.
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Ya entrada la noche, para rematar una sesión con idas y vueltas, el FA pidió un cuarto intermedio de una hora y media en la cámara baja, con el fin de acompañar el desalojo del Instituto de Profesores Artigas (IPA) y los Institutos Normales de Montevideo (Magisterio), que se encontraban ocupados.
Ante esto, el diputado del PN Juan Martín Rodríguez escribió en su cuenta de Twitter que el FA había pedido el cuarto intermedio para ir a “acompañar, en la desocupación, a quienes en forma ilegal han ocupado en las últimas 48 horas centros educativos”. “Dejamos constancia de nuestro voto negativo”, finalizó.