El jueves el presidente Luis Lacalle Pou cumplió 49 años y se hizo un lugar en su agenda para acudir al 26º aniversario de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), que nuclea a los cableros del interior del país. Allí recibió una torta de cumpleaños de los anfitriones y realizó un discurso en el que apuntó contra los legisladores de la coalición de gobierno, que no acordaron incluir la derogación de la ley de medios dentro del proyecto de Rendición de Cuentas a votarse desde el lunes en el plenario de la cámara baja.

Luego de conocerse el miércoles a la noche que el tema pasaría para la discusión en el Senado, el mandatario expresó: “Mi posición personal, hablada con miembros del gobierno, es que en Diputados se voten los artículos. Que se vote a favor o en contra, porque la calesita legislativa genera incertidumbre. Aunque está en todo su derecho el Poder Legislativo, para mí deberíamos establecer claramente en Diputados quién vota a favor y quién vota en contra”.

Una postura similar había explicitado el miércoles el ministro de Industria, Omar Paganini: “La ley de medios vigente [aprobada en 2014] es francamente inconveniente para asegurar la independencia de los medios y la libertad de expresión”, escribió en Twitter. A su vez, pidió “a los legisladores” apoyar la derogación de la normativa en la Rendición de Cuentas, “en paralelo con el avance en la discusión del proyecto definitivo”.

A pocos meses del inicio del período, en 2020, el Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para revertir la legislación de 2014 y generar una normativa alternativa, que daba marcha atrás en la mayoría de las regulaciones que promovió el Frente Amplio. Fue tema de negociación en distintas oportunidades, pero tras idas y vueltas en el oficialismo el proyecto alternativo nunca logró ser votado en la Comisión de Industria de Diputados.

Así fue que se incluyó en la Rendición de Cuentas una disposición para derogar de forma total la ley de 2014. El Partido Nacional (PN) y el Partido Independiente se inclinaban por votarla, pero Cabildo Abierto (CA) y el sector Ciudadanos del Partido Colorado (PC) —que también frenaron el proyecto alternativo en comisión— sólo quieren derogar el artículo 56 de la norma, que prohíbe a las empresas de cable brindar servicios de internet.

“Ahora va a saber el presidente quién está arriba o abajo de la calesita”

El diputado cabildante Sebastián Cal, consultado por la diaria, aceptó que el mensaje del mandatario fue dirigido a su fuerza política y respondió: “Retruco, presidente”, en referencia a que CA presentará un aditivo para atender el reclamo de los cableros por el artículo 56 y votarlo el lunes cuando la Rendición de Cuentas sea analizada en el plenario de la cámara baja. “Ahora va a saber el presidente quién está arriba o abajo de la calesita”, dijo Cal, continuando con la metáfora de Lacalle Pou.

El aditivo de CA plantea una nueva redacción para el artículo 56 de la vigente ley de medios, que de aprobarse permitirá a las empresas de cable “prestar simultáneamente servicios de banda ancha e internet mediante el empleo de sus redes propias o de acuerdos que realicen con terceros, en igual área de cobertura a la respectiva licencia”. La disposición excluye a las empresas con licencia “de alcance nacional”, es decir que Directv continuará imposibilitado de brindar internet.

Washington Melo, presidente de la CUTA, dijo que la gremial, que nuclea a 84 empresas del interior, pretende que se habilite a las firmas a prestar internet, y que la forma para implementar esa habilitación es indistinta, “pero tiene que suceder ya, porque las compañías, que pertenecen a empresarios uruguayos, no soportan más seguir encerradas en su modelo de negocios”. A su vez, valoró como “una señal de respaldo” el discurso de Lacalle Pou: “Reconocemos que ha cumplido con lo que nos manifestó previo a ser presidente, durante la campaña; ahora esperemos que los partidos de la coalición puedan ponerse de acuerdo”.

Pago anual de los cables fue postergado

Un decreto del Poder Ejecutivo del 3 de agosto decidió prorrogar nuevamente, esta vez hasta enero de 2023, el pago anual del “costo de renovación de la licencia” que ostentan “los titulares de servicios de comunicación para abonados satélites”. Este canon, si bien está dentro de la ley de medios de 2014, fue reglamentado en 2019 y debía regir desde el año siguiente, pero el gobierno lo ha ido prorrogando en virtud de la emergencia sanitaria.

El decreto menciona que hoy resulta “particularmente inoportuno imponer nuevos gravámenes en momentos en que la coyuntura de emergencia sanitaria sigue vigente”, pese a que la emergencia sanitaria por el coronavirus cesó el 4 de abril.

Melo, de la CUTA, dijo desconocer el monto que implicaba el pago de este canon, pero subrayó que entre 30% y 35% de la recaudación de los cables del interior va para el pago de impuestos, por lo que “todo pesito que podamos evitar pagar ayuda a sostener la rentabilidad casi nula de muchas de las empresas”.

En tanto, el diputado frenteamplista Javier Umpiérrez, integrante de la Comisión de Industria, dijo que la medida debe leerse como “una más” en la dirección de “beneficiar a los grandes medios” por parte del Ejecutivo, y que “la frutilla de la torta sería la derogación de la ley de medios”. Agregó que las declaraciones del presidente buscan “provocar y controlar a los legisladores” de la coalición: “El gobierno ya no lo puede invisibilizar más, es muy grosero. En lo personal, creo que se trata de un adelanto de la campaña electoral”, sostuvo, en referencia al rol de “los canales privados” y su relación con el Ejecutivo.