En los últimos días de actividad parlamentaria, el miércoles 28 de diciembre, el Senado aprobó con los votos del oficialismo el proyecto de ley de “indemnización moral, social y económica” de víctimas “civiles, policiales, militares y sus familias” de grupos políticos armados, entre el 1° de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976.
La iniciativa, que nació a partir de una minuta de comunicación propuesta por Cabildo Abierto (CA), reavivó la discusión sobre las reparaciones económicas y simbólicas que recibieron las víctimas de la guerrilla en el pasado y desde el comienzo recibió las críticas de diversos colectivos de víctimas del terrorismo de Estado, en el entendido de que hay una intención de la coalición de gobierno –y particularmente de CA– de “reescribir el relato” sobre el proceso dictatorial.
“¿Deben todas las víctimas de la violencia política ser reparadas por el Estado? Mi respuesta es, en principio, sí. Esto incluye a las personas que están comprendidas por este proyecto que fue aprobado recientemente”, comenzó respondiendo el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) Wilder Tayler, al ser consultado por la diaria sobre su opinión personal respecto de la propuesta. No obstante, señaló que existe otra discusión “sobre si el Estado está obligado a hacerlo”. En este caso, sobre lo que no hay dudas es que “el Estado está internacionalmente obligado a reparar a las víctimas de la violencia del terrorismo de Estado”.
“Esto no quiere decir que no pueda reparar a otras víctimas de la violencia política, si es que resulta justo hacerlo. En este caso, si se considera que hay individuos que sufrieron, fueron víctimas y nunca fueron reparados, y no pueden conseguir la reparación por otro lado, por defecto, el Estado debe ampararlos con la reparación”, consideró.
Por otra parte, Tayler llamó la atención en que “visto cómo se plantea el debate sobre el pasado reciente en nuestro país y esta idea de reparación, que proviene de sectores que tradicionalmente niegan la existencia del terrorismo de Estado, o lo matizan o justifican como un escenario violento basado en la teoría de los dos demonios”, le “preocupa que la reparación a este grupo de víctimas venga a ser considerada como una contrapartida de la reparación a otro grupo de víctimas, como los expresos políticos o los familiares de los desaparecidos”. En su opinión, replicar ese escenario que plantea la teoría de los dos demonios “sería una tergiversación de la verdad histórica que no es admisible”.
Siguiendo el análisis, Tayler remarcó que “el hecho de que se repare a estas víctimas no cierra un capítulo en nuestro país de ninguna manera porque todavía hay muchas víctimas de la violencia política, pero sobre todo del terrorismo de Estado, que no fueron reparadas integralmente o se les puso condiciones que contradicen las obligaciones del país de repararlas”. El director de la INDDHH señaló, a modo de ejemplo, que “a los expresos políticos para que reciban su pensión especial reparatoria se los obliga a renunciar a jubilaciones que han generado con sus aportes”, una situación que la INDDHH reclamó al Estado que solucione.
Reparaciones
El colectivo Memoria en Libertad, que nuclea a niñas, niños y adolescentes que fueron víctimas del terrorismo de Estado, aún no ha tomado una posición respecto del proyecto de ley, pero una de sus integrantes, Marisa Rodríguez, manifestó a la diaria que “salimos a recordarle al Estado que es falso que todas las víctimas del terrorismo de Estado fueron reparadas, porque no es así. Hay un núcleo de víctimas que somos los que en aquella época éramos niñas, niños y adolescentes que sufrimos en carne propia el terrorismo de Estado y que no se nos reparó”.
Frente a esto, Rodríguez relató que “tuvimos que salir a [la Organización de las] Naciones Unidas (ONU) para que le recuerden al Estado uruguayo que las reparaciones tienen que ser completas, por esto el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó a todas aquellas organizaciones y colectivos que presentaron informes ante el Comité de los Derechos Humanos de la ONU”. En agosto de 2022 “fuimos y nos dio un poco de vergüenza ajena, porque ni siquiera habían leído el informe. El propio Estado no tiene idea de las leyes reparatorias que existen y quedó demostrado que no sabe lo que ya hizo ni lo que le queda por hacer. Esto es muy triste”, lamentó.
Victoria Sequeira, hija de padres presos políticos y víctima del terrorismo de Estado, publicó una carta en redes sociales en la que se manifestó “totalmente en contra de este proyecto de ley” y, en diálogo con la diaria, contradijo las afirmaciones de senadores oficialistas sobre las reparaciones a las víctimas de la guerrilla: “En el Parlamento se habló de que se tardó mucho en reparar a esta gente, cuando ya fue reparada en 1973, hace 50 años”.
Sequeira también criticó “eso que repite [la senadora nacionalista Graciela] Bianchi sobre 'el curro de los derechos humanos'. Yo quiero que alguien me diga cuál es, porque hace años que milito por los derechos humanos y lo único que hago es perder plata y tiempo”, afirmó. Además, valoró que “en Argentina fueron mucho mayores las reparaciones y más integrales. Hubo un presidente que bajó los monumentos y los cuadros de los represores, mientras que acá tenemos placas en honor a gente de la [Juventud Uruguaya de Pie] JUP”.
En la misma línea, el presidente de la asociación de expresos políticos Crysol, Gastón Grisoni, aseguró que detrás de este proyecto “hay toda una campaña publicitaria que pretende poner en la agenda política otros episodios de violencia que también existieron en aquel período, de manera de oscurecer y sacar de la agenda pública las atrocidades del terrorismo de Estado”. “No hay nada nuevo. Se trata de maquillar y embellecer en alguna manera a los responsables de esas atrocidades que han sido juzgados y condenados por la Justicia con todas las garantías del debido proceso”, evaluó.
Para Grisoni, desde el punto de vista jurídico el proyecto de ley es un “esperpento total”. “Basta compararlo con la Ley 18.033 [de ciudadanos que no pudieron acceder al trabajo por razones políticas o sindicales entre febrero de 1973 y febrero de 1985] que se aprobó en el primer gobierno de Tabaré Vázquez o con la Ley 18.596 [de reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado entre junio de 1968 y febrero de 1985] y ahí se observa con claridad que esto es un mamarracho, por definirlo jurídicamente”, agregó. Señaló que, entre otras cosas, es una ley que genera gastos pero “no menciona esos gastos y tampoco especifica cómo se van a instrumentar. Todo absolutamente desprolijo, incierto y jurídicamente un auténtico mamarracho”.
Al igual que Sequeira, Grisoni recordó que “los funcionarios policiales y militares fallecidos en actos de servicio ya están cubiertos por las normas legales que están vigentes en nuestro país desde hace décadas: el artículo 115 de la Ley 14.106, del 14 de marzo de 1973, ya cubrió la reparación a los funcionarios militares caídos en actos de servicio”.
Si bien aclaró que Crysol todavía no tomó posición formal sobre este tema, Grisoni dijo que “todos coincidimos en esto y nos vamos a preparar para cuando se discuta el proyecto de ley en la Cámara de Diputados”. De la misma forma, el colectivo Memoria en Libertad se prepara para “iniciar una ronda de contactos con las bancadas de los distintos partidos políticos para aclarar [su postura] en el Parlamento, incluso dentro de la bancada de la oposición”.