La comisión de la Cámara de Diputados que tiene a estudio el proyecto de ley para reformar la Caja de Profesionales recibió este martes a varias delegaciones de profesionales. La mayoría planteó críticas –y también sugerencias– al texto que el Poder Ejecutivo presentó para “salvar” la caja paraestatal, dado que, si no hay reforma, se prevé que agotará sus reservas a mediados de 2025.
El secretario del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU), Jorge Visca, dijo a la diaria que el proyecto “carga todo el peso en la contribución de activos y pasivos”, cuando, según el artículo 67 de la Constitución, el Estado es el que “tiene que garantizar a los organismos de previsión social”. Afirmó además que, para el gremio, la iniciativa sólo mitiga “momentáneamente” el déficit de la Caja “hasta 2028”.
Por su parte, Zaida Arteta, integrante del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), señaló a la diaria que la asamblea general del gremio expresó su rechazo al proyecto en abril de 2023, cuando todavía era un borrador, y apuntó que este martes ratificaron su posición contraria ante los legisladores de la comisión.
El proyecto establece, entre otras cosas, un aumento de la tasa de aportación, un nuevo impuesto a las jubilaciones y “transferencias” por parte del Estado hacia la Caja por un total de 2.000 millones de pesos. También se dispone un adelanto de la suba de la edad jubilatoria y una reducción de la tasa de reemplazo, así como una nueva forma de calcular el monto jubilatorio.
La Asociación de Afiliados a la Caja de Profesionales, en tanto, presentó en la comisión un documento, al que tuvo acceso la diaria, en el cual advierte que la primera transferencia estatal “sería otorgada recién en 2025, fecha en que se habrán agotado las reservas de la Caja”; asimismo, como la ayuda está condicionada a la suba de los aportes, el colectivo sostiene que esto implicará “la muy probable disminución de aportantes voluntarios y de profesionales que no puedan cumplir con los aportes que se proponen”.
Visca coincidió en que el incremento de los aportes “muchas veces trae una retracción” en el número de afiliados, y mencionó que el CCEAU planteó aumentar 24% el valor de los timbres profesionales, que actualmente están “descalzados” respecto de los egresos de la Caja. “Si los timbres se hubiesen ajustado igual que los egresos, la Caja no estaría en esta situación”, aseguró. Esta opción ha sido rechazada por el Poder Ejecutivo; en el proyecto se sostiene que “dicha forma de ingresos presenta inconvenientes e injusticias para el resto de la sociedad”.
El destino del IASS y el problema de fondo
Al igual que el directorio de la Caja, la Asociación de Afiliados propuso que el IASS que pagan los jubilados profesionales se vuelque a la Caja y no al Banco de Previsión Social, como, por ley, ocurre actualmente. En el documento que entregaron a los diputados marcan que el año pasado a los pasivos de la Caja se les retuvo 1.421 millones de pesos por concepto de IASS, y piden que dicho monto “quede en la Caja hasta que se solucione la situación financiera de la misma”.
Consultada al respecto, Arteta dijo que el SMU no comparte el reclamo porque, conceptualmente, “un impuesto no es propio; si no, no sería un impuesto”. “Yo no te saco el impuesto de la vereda a vos para arreglar tu vereda. Te lo saco para arreglar la ciudad. Esto es lo mismo, entonces, ese concepto no lo compartimos, pero sí lo que estamos pidiendo es una asistencia temporal un poco más fuerte del Estado” para “darle viabilidad” a la Caja y para “hacer una reforma realmente más profunda”, señaló.
Arteta señaló que actualmente la Caja de Profesionales “está fundida” y “no tiene viabilidad”. A título personal, opinó que “los profesionales que quieran tener una jubilación mayor tienen que aportar de una manera en un sistema para tener una jubilación mayor”; de lo contrario, los profesionales “tendríamos que tener las mismas reglas” que el resto de “los trabajadores y las trabajadoras de todo el país”, porque “no somos personas diferentes”. Eso, sostuvo, es una discusión “más de fondo”, pero para el gremio “es la que hay que dar”.
La semana pasada, cuando fue a la comisión a explicar el proyecto, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, indicó que a lo largo de su trayectoria los profesionales aportan en promedio “entre el 35% y el 40% de lo que se recibe” como jubilación al retirarse. Afirmó que se trata de “núcleos cerrados”, que “no se sostienen de manera individual”.
Según datos oficiales de la Caja, actualmente los profesionales se retiran con una jubilación promedio de 80.000 pesos. Para la Asociación de Afiliados, en cambio, los profesionales han sido víctimas de “una campaña de desprestigio”, mediante la cual “se ha hecho creer a la población que no sólo somos privilegiados, sino que nuestra carrera y nuestras pasividades nos las pagan la sociedad”, dos conceptos “totalmente falsos”.