El gobierno define por estas horas qué sucederá con los delegados uruguayos en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, y particularmente con los designados de forma directa, entre ellos, los diez ediles del Partido Nacional afines a la lista 404, que lidera el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. En una rueda de prensa durante una visita en Salto, el mandatario se refirió a la interpelación a los ministros Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores) y Azucena Arbeleche (Economía y Finanzas) que se llevó adelante en la Cámara de Diputados este martes y que culminó con una moción en la que se solicita el cese de “forma inmediata” de las designaciones directas.
Lacalle Pou afirmó que Arbeleche y Bustillo explicaron “claramente” la gestión de la CTM de Salto Grande y reivindicó que “fue una gestión de acuerdo a lo exigido al mandato que tiene Salto Grande”. No obstante, sostuvo que los cuestionamientos de la oposición son “una oportunidad para mejorar cosas”: “Nos podemos equivocar. Gente de mi equipo se puede equivocar, tal es así que renuncia. No creo que las comparaciones sean buenas, pero he escuchado a muchos dirigentes políticos, básicamente del Frente Amplio [FA], acerca de esta situación. No lo tengo contado, pero ¿cuántos jerarcas del gobierno han renunciado o se les pidió la renuncia?”, apuntó.
En ese marco, el mandatario recordó “cómo era antes”, en alusión a las administraciones frenteamplistas. “Se decía que se les hacía bullying, se les hacían caravanas, se los aplaudía en el Parlamento. Yo entiendo que cuando hay una actitud distinta no se entienda”, afirmó, y planteó que “acá no hay ilegalidad y tampoco corrupción; sí, quizá, un abuso indiscriminado de un mecanismo de ingreso”. “Eso lo vamos a solucionar”, adelantó.
Lacalle Pou se refirió a las medidas anunciadas en la interpelación por el canciller, quien informó que en los próximos días se enviará un proyecto al Parlamento para que los contratos políticos en la comisión binacional se den de baja una vez que finalice el período. Según dijo, será algo “similar a lo que [ocurre] con los directores de entes autónomos y servicios descentralizados”.
Bustillo expresó que, además de aceptar la renuncia de Carlos Albisu, expresidente de la CTM de Salto Grande, se decidió modificar el estatuto del personal, en especial, en lo que refiere a los retiros incentivados, así como las formas de ingreso de personal a la CTM, con especial referencia a los cargos no gerenciales. Además, se instruyó que los cargos vacantes sean ocupados mediante el proceso de concurso y que los cargos designados de forma directa desde 2020 se transformen en cargos contratados.
El presidente sostuvo que para avanzar en ese proyecto “primero” habrá una comunicación directa con la delegación uruguaya de CTM, más adelante habrá un decreto y, por último, se enviará el proyecto de ley. “Creo que la oposición hace bien en cumplir su rol de contralor del gobierno y, por qué no, cuando el gobierno se equivoca tiene que rectificar”, señaló Lacalle Pou, y al respecto dijo que se actuará “en consecuencia” con los ediles blancos que fueron designados de forma directa. “No nos quedamos quietos, sobre todo cuando hay un pronunciamiento del Parlamento”, aseguró.
Lacalle Pou confirmó que estuvo en contacto con integrantes de la delegación. Al ser consultado sobre el pedido de renuncia de los tres delegados del organismo binacional –Martín Burutarán, Nicolás Irigoyen y Daniel Arcieri–, el mandatario dijo que no entiende por qué se le pide la dimisión, en concreto, al nuevo presidente de la CTM, dado que Albisu ya renunció. “No estamos cerrados a hacerlo, pero no entendí mucho el pedido de renuncia cuando el principal gestor de Salto Grande renunció”, estableció.
Por último, y en línea con lo afirmado anteriormente, Lacalle Pou dijo que “antes se hacía una gestión desastrosa, algunas con irregularidades y otras con delitos”. Para el mandatario, “ahora es un gobierno que es distinto, que cuando se equivoca, aún sin ilegalidades, sin delitos, se da un paso al costado. Eso se ha instituido desde el primer día del gobierno”.
“Tirón de orejas”
El miembro interpelante, Nicolás Viera, señaló en una rueda de prensa, este miércoles, que todo lo que denunciaron en la interpelación fue “absolutamente irrefutable”, por lo que las “consecuencias que deben existir de ahora en más deben ir en la misma dirección”. “Queremos que cesen los contratos y los delegados políticos, y que se convoque a las partes a una auditoría externa”, enfatizó.
Sobre las declaraciones de Lacalle Pou, sostuvo que el presidente reconoció “tarde” los errores en la gestión de Albisu. El frenteamplista señaló que el mandatario “pasó de respaldar en todos los términos la gestión de Albisu y decir que era persona de su confianza a hablar de abuso indiscriminado de ingresos en la CTM”. En síntesis, Viera cree que el presidente sintió el “tirón de orejas que [le hizo] el sistema político, incluido su bloque de coalición, y eso creo que le suma a un proceso de transparencia que en este tema Uruguay necesita”.
Por su parte, el senador cabildante Guillermo Domenech dijo que, en aras de la “preservación de la ética” en el ejercicio de la función pública, el Poder Ejecutivo “debe hacer todo lo posible, todo lo que esté a su alcance, para que se cumpla con lo que se manifestó en Diputados”. “Entendemos que es escandaloso que un número importante de ediles hayan sido beneficiados con cargos muy bien rentados en la CTM. Es algo que no tiene antecedentes en la política nacional”, expresó.
Para Domenech, los ediles deberían renunciar voluntariamente a esos cargos, porque “se ha cometido un gravísimo error que afecta el prestigio de la función pública y de la política”. En ese sentido, entiende que también deben renunciar los delegados de la CTM: “Tiene que haber una renovación total de las autoridades, porque es evidente que las actuales autoridades tienen responsabilidad en lo sucedido. Deben renunciar”, aseveró.
El senador blanco Jorge Gandini coincidió con Domenech en que los ediles electos por el PN deben renunciar antes de que se lo pidan. “Hay un pronunciamiento del Parlamento, ellos tienen obligaciones políticas también. Dignidad arriba y regocijo abajo. Y la dignidad es muy importante, los ediles deberían renunciar”, sentenció.
En tanto, el senador colorado Germán Coutinho cuestionó que se haya pedido la renuncia de Irigoyen cuando asumió en la delegación uruguaya en 2021, puesto que “no estaba” cuando se dieron esos ingresos de forma directa, que datan de mediados de 2020. “Es una cuestión netamente política que tiene intereses sectoriales, partidarios y van en contra de un economista”, expresó.