La semana pasada, legisladores del Frente Amplio (FA) enviaron una nota al Parlamento solicitando tratar este martes en la Asamblea General el veto del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a la ley que cubre parte de los adeudos a los extrabajadores de Casa de Galicia.
El miércoles, un día después de ingresar el pedido, la entonces vicepresidenta en ejercicio, Graciela Bianchi, les comunicó que cuando lo recibió “ya había emitido citación” para que la Asamblea General sesionara el 6 de diciembre. Según lo expuesto en el documento, al que accedió la diaria, la solicitud del FA fue presentada a las 12.15 horas, mientras que la citación de Bianchi se realizó a las 11.47.
En conversación con la diaria, el senador frenteamplista Daniel Caggiani expresó que la interpretación de la resolución es “antirreglamentaria y antidemocrática”. El legislador explicó que la norma establece que la Asamblea General debe ser convocada, “por lo menos, con cinco firmas de senadores y diez de diputados”, cifra que, de hecho, fue superada.
“Es otra perla de este collar de insuficiencias que ha tenido el tema de Casa de Galicia”, afirmó Caggiani. “Además de que se decretó el cierre, la intervención y no se cumplió con la ley votada por parte del Parlamento para que los trabajadores pudieran incorporarse a las instituciones médicas que recibían parte de los socios, ahora tampoco se cumple con el reglamento para poder citar una Asamblea para votar en breve”, lamentó.
Para Caggiani, la resolución “sigue enturbiando la situación”, de la que, “a todas luces, el gobierno no se está queriendo hacer cargo”, consideró.
La ley que impulsó el FA busca garantizar el cumplimiento de la Ley 20.022, que estableció la distribución de socios y extrabajadores entre otros prestadores de salud tras el cierre de la mutualista, en diciembre de 2021, y que se cumpla con la Ley 19.690 (Creación del Fondo de Garantía de Créditos Laborales en el Banco de Previsión Social), que establece que los trabajadores y trabajadoras ante el cierre de una empresa tienen derecho a percibir parte de sus créditos laborales. Así, establece un monto de 105.000 unidades indexadas (UI) para cada trabajador, mientras que el que había propuesto el Poder Ejecutivo se limitaba a 30.000 UI.