Por 19 votos en 20, el Senado aprobó definitivamente este martes el proyecto del Frente Amplio (FA) para cubrir parte de los adeudos a los extrabajadores de Casa de Galicia y garantizar el cumplimiento de la Ley 20.022, que estableció la distribución de socios y extrabajadores entre otros prestadores de salud tras el cierre de la mutualista, en diciembre de 2021. En Diputados la iniciativa recibió algunas modificaciones y se aprobó sólo con los votos del FA, Cabildo Abierto y el Partido Ecologista Radical Intransigente.
En nombre de la oposición habló el senador Daniel Caggiani, quien recordó que este año surgieron varios proyectos para dar solución a la situación de los extrabajadores de Casa de Galicia: uno del Poder Ejecutivo, otro del senador nacionalista Sergio Botana y el del FA, que incorporó algunas propuestas del oficialismo.
Caggiani señaló que aparte de promover el cumplimiento de la Ley 20.022, esta iniciativa busca que se cumpla con la Ley 19.690 (Creación del Fondo de Garantía de Créditos Laborales en el Banco de Previsión Social [BPS]), que establece que los trabajadores y trabajadoras ante el cierre de una empresa tienen derecho a percibir parte de sus créditos laborales. “Lamentablemente, el BPS estableció un criterio novedoso –a nuestro juicio y de todos los actores que han pasado por la comisión, inconstitucional–, que no reviste parte del espíritu que promovió la ley, que es que hay parte de los créditos, los posconcursales, que el BPS entiende que no se deberían cumplir”, sostuvo el senador. En ese sentido, afirmó que “este proyecto viene a poner en negro sobre blanco cuáles son los créditos que se deberían cumplir para los extrabajadores de CDG”.
Tal y como lo han señalado otras veces desde el FA, Caggiani apuntó que esta iniciativa no cubre “el total de adeudos de créditos laborales y posconcursales que tienen los extrabajadores” sino “una parte, hasta el monto de 105.000 unidades indexadas, como establece la ley de garantía de créditos laborales”, pero “por lo menos da un plazo concreto para su cobro de 180 días, establece un criterio para que esos importes recuperados puedan volver a Rentas Generales y seguir nutriendo ese fondo para que otros trabajadores que se encuentran en la misma situación puedan percibir sus adeudos”.
Asimismo, el proyecto establece una comisión de seguimiento del cumplimiento de esta ley que se crea y de la 20.022, integrada por los extrabajadores de Casa de Galicia, la Federación Uruguaya de la Salud y el Sindicato Médico del Uruguay. También se incorpora la posibilidad de establecer multas por incumplimiento de la Ley 20.022, “que es algo que el Ejecutivo había solicitado a la comisión”, indicó Caggiani, así como una bolsa de trabajo con prioridad de los extrabajadores de la exmutualista “para el acceso a los trabajos que las instituciones de asistencia médica puedan generar”.
“Es importante dar un mensaje claro y contundente de que este Parlamento aprueba una ley para atender esta situación acuciante que están viviendo los extrabajadores de Casa de Galicia”, concluyó el senador.
Botana: con este proyecto se está “cuidando las finanzas del Estado”
Botana también defendió la necesidad de aprobar esta iniciativa, y recordó que en su primer paso por el Senado por parte del Partido Nacional sólo lo acompañaron él y el suplente de Juan Sartori, Juan Straneo, que “desde el primer día estábamos defendiendo lo que responsablemente había que hacer, y ahora estamos en una circunstancia similar”. Botana argumentó que la propuesta del Ejecutivo, que disponía un total de ocho millones de dólares, era insuficiente: “Trabajadores con trayectoria, con años, con formación profesional muchos de ellos, con formación en el trabajo y experiencia todos ellos, dentro de un sistema que el Uruguay cuida especialmente, que tiene una protección por encima de cualquiera en este país. ¿A estos trabajadores les vamos a decir 170.000 pesos, una palmadita en la cola y para la casita? No cabe en ninguna cabeza, esa cuenta no cierra en ningún lado”, afirmó.
El senador nacionalista afirmó que “no hay ninguno” de esos trabajadores “que pueda aceptar un despido de ese tipo”. “Van todos a juicio, y si van a juicio, la solución, en vez de costar los 20 millones de dólares que cuesta esta –que es la que la ley marca–, va a costar lo que salen los juicios”, continuó Botana, y señaló, con base en sentencias anteriores, que “ninguna de ellas baja de 1.200.000 dólares”. Por eso, aseguró que con esta iniciativa se están “cuidando las finanzas del Estado”.
No obstante, Botana reconoció que el proyecto que se aprobó “es más blandito que el que habíamos propuesto nosotros: nosotros habíamos puesto ‘al que incumpla con la contratación de los funcionarios de la 22.022, 50% de multa en las cápitas’; este es ‘hasta el 50%’. Yo hubiera querido el otro”, expresó. En esa línea, el legislador dijo sentir “bastante rabia” frente al hecho de que “las empresas médicas que recibieron el beneficio de las cápitas no cumplan con sus deberes”. “Ahora se quejan de que se les da un plazo para que cumplan. Han manoseado a los trabajadores, los han pasado por el sistema y los han mandado para su casa”, criticó, y consideró que “esta actitud de esas empresas médicas ofende a todos los legisladores que creyeron en la solución” de la Ley 20.022.