Desde que trascendió que un policía integrante de la custodia presidencial le pidió al exjefe de seguridad de Presidencia Alejandro Astesiano que interviniera celulares de profesores y estudiantes del liceo 41 de Montevideo, las repercusiones no han cesado.
Esta vez llegaron de manera formal a la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) que, tal como habían anunciado anteriormente, hicieron un pedido de informes dirigido al Ministerio del Interior (MI). En el documento efectúan siete preguntas que se enmarcan no sólo en la situación concreta entre Astesiano y el policía, sino también en la reciente información de que el agente fue removido y trasladado a la Seccional 5ª.
Le pedimos al M.I que nos informe cómo está actuando ante lo revelado por los chats entre Astesiano y el funcionario que ofrecía contactos de estudiantes y profesores del liceo 41 para ser investigados. Un hecho gravísimo que no admite mirar para el costado. pic.twitter.com/SJS18dmA9k
— Sebastián Sabini (@tatisabini) February 13, 2023
Sin embargo, en diálogo con la diaria, el senador frenteamplista Sebastián Sabini subrayó que “nos estamos manejando con trascendidos de prensa y con una resolución” y, por lo tanto, una de las principales preguntas al MI es si efectivamente el cambio de área laboral sucedió y por qué no hubo un relevo del funcionario. “Estos hechos tienen una apariencia de carácter delictivo y sobrepasa las funciones normales de la Policía en un ámbito como el educativo. Con la gravedad del hecho, es llamativo que simplemente se dé el cese de la comisión y no tenemos información de que el MI haya hecho otra acción”, manifestó Sabini.
En conclusión, esbozó que el pedido de informes busca “conocer si se dieron esas otras acciones, si el ministerio entiende que esos hechos ocurrieron y si son parte de su accionar”. Una de las preguntas del documento plantea si la resolución del cambio en los servicios del policía se relaciona con los audios en conversación con Astesiano y cuáles son los motivos.
Por otro lado, cuestionaron si el interlocutor del exjefe de seguridad es Marcelo Fránquez, identificado en los contactos de Astesiano como Marcelo Baiano. En caso de que lo sea, preguntaron cuáles serán las medidas que el MI tomará contra el policía y si este “seguirá prestando funciones en su unidad de origen”.
Otra de las interrogantes es si la cartera planea llevar a cabo una “investigación administrativa para conocer los pormenores de la situación”. Asimismo, se preguntaron: “¿Han existido sucesos que vinculan a estudiantes y docentes del liceo N° 41 que hayan ameritado el accionar del ministerio?” y, en tal caso, si existe una investigación en curso. “¿La Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional se encarga de hacer seguimiento del accionar de docentes y estudiantes? ¿Es un procedimiento habitual?”, fue la última interrogante.
Según el senador, ante esta situación los estudiantes y docentes “tienen una indefensión muy grande” y, en consecuencia, consideró que “tiene que haber una respuesta enérgica del ministerio de que es un caso aislado”, así como “transmitir tranquilidad a todas las comunidades educativas”.
Consultado sobre la afirmación de la fiscal del caso Astesiano, Gabriela Fossati, de que la situación con el liceo 41 no aparenta ser un acto ilícito, sostuvo que existe “una normativa que protege los datos personales” y que “el funcionario tiene limitaciones en sus funciones, y yo en lo personal entiendo que en este caso, de constatarse este hecho, hubo un sobrepasar de esas funciones”. En ese marco, Sabini manifestó que “hay una apariencia delictiva que llama la atención que a nadie le preocupe y que se intenta minimizar”. Para el senador, la circunstancia lo hace remontarse a “la Guerra Fría y a la Doctrina de la Seguridad Nacional”.
Otras medidas
Este fin de semana, la Federación Nacional de Profesores de Educación (Fenapes) tuvo la primera asamblea general de delegados del año. Entre varios puntos tratados estuvo lo sucedido en el liceo 41. El secretario general del sindicato, Emiliano Mandacen, señaló a la diaria que hay “profunda preocupación porque es una situación extremadamente grave”. A su vez, resaltó la intranquilidad “con el pronunciamiento público de la fiscal, que desestima cualquier problema”; “desmerecer la magnitud de lo que ocurrió me parece muy peligroso”, afirmó.
En este marco es que resolvieron realizar actividades en el liceo junto a los representantes docentes en el Consejo Directivo Central y los docentes, estudiantes y familiares de los involucrados. “Estamos tratando de escuchar a los padres y a sus familias, porque hay que tener un profundo respeto por los pasos que ellos quieran dar. El núcleo del 41 ha desarrollado un trabajo responsable, metódico y ético”, desarrolló el dirigente. En tanto, desde Fenapes están “acompañando” y “focalizados en cuidar a los estudiantes y que esto no sea naturalizado como lo hizo la fiscal”.
Por otra parte, el colectivo de Familias Organizadas de Liceos Públicos y UTU efectuó una denuncia por el caso a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). Wilder Tyler, director de la institución, explicó que la denuncia se derivó al área correspondiente pero que aún no se ha tratado en el consejo directivo, donde debe ser aprobada su admisibilidad para recién entonces comenzar una “investigación de carácter sumario”.