El pedido de un policía integrante de la custodia presidencial para que su entonces jefe Alejandro Astesiano interviniera celulares de profesores y estudiantes del Liceo 41 de Montevideo sigue generando indignación y el apoyo hacia quienes fueron víctimas de esa situación. Este viernes, el Colectivo de ex presas y ex presos políticos adolescentes manifestaron su “honda preocupación y rechazo ante los hechos de espionaje realizado desde organismos del Estado” a estudiantes y docentes.
El colectivo, cuyos integrantes fueron objeto de “privación de libertad, exclusión, vigilancia, secuestro y tortura en tiempos del terrorismo de Estado”, afirman que lo sucedido en el Liceo 41 con estudiantes menores de edad es violatorio de los artículos 15 y 16 de la Convención de los Derechos del Niño. Por ello, señalan que realizarán cualquier acción que esté a su alcance para que el tema sea considerado en diversos organismos encargados de esta temática, como el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, el Comité de Derechos del Niño, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes y la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). Además, piden a las instituciones estatales competentes “que inicien acciones de protección a los derechos de los estudiantes del Liceo 41”.
El Gremio Estudiantil del Liceo IAVA (GEI) también se pronunció al respecto. Después de convocar a una asamblea para tratar el tema, emitió un comunicado en el que apoya a los estudiantes y docentes afectados por la “persecución gremial” efectuada por parte del policía, quien esta semana fue removido de su rol en la custodia presidencial y trasladado a otra dependencia policial. El GEI afirma que “aborrece” el involucramiento de medios del Estado para ese tipo de acciones y entiende que “desestima” a los estudiantes como personas y los “expone a un ambiente sumamente hostil”. Además, se muestran dispuestos a “defender la lucha democrática” y no descartan ningún tipo de medida para ello.
Fuera de fronteras, en la semana la Internacional de la Educación (IE) reconoció la gravedad de la situación y manifestó su respaldo a la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, sindicato que integra la organización. Por su parte, el Comité regional para América Latina de la IE está impulsando que la denuncia sea abordada por organismos internacionales de derechos humanos.
Las familias
A casi una semana de que se conoció públicamente esta situación, los docentes sindicalizados y las familias de los estudiantes siguen reclamando que autoridades de gobierno se hagan presentes en el centro educativo para aclarar lo sucedido y anunciar un plan de contención para los estudiantes. Días atrás, un colectivo de familias del Liceo 41 emitió una declaración en la que se preguntan cómo un grupo de estudiantes de tercer año llega a ser objeto de investigaciones policiales, por qué se pidió la intervención de los teléfonos y quién suministró la información.
“Somos familias atentas y cuidadosas de nuestros chiquilines; hemos participado siempre que el liceo lo ha requerido, manteniendo muy buen vínculo con docentes y adscriptos. ¿Qué nos pasó? Entendemos que se han violado los principios democráticos de un Estado de derecho. Que se han violentado los derechos individuales y el derecho a su privacidad, derecho que defendemos”, cuestionan, y piden ser recibidos por la dirección del liceo.
El colectivo de Familias Organizadas de Liceos Públicos y UTU también expresó su preocupación por lo sucedido, y expresó dudas sobre si se trató de un caso puntual o es una práctica extendida. “Nosotros aportamos nuestros datos al sistema educativo para colaborar con sus cometidos, no para ser espiados, y que nos coarten la libertad de expresión”, plantean, y reclaman por el cumplimiento de la ley de datos personales. “En todas las actividades que hacemos en los liceos, cada vez que se quiere publicar una foto, por ejemplo, de un paseo, se necesita la aprobación de las y los adultos responsables. En esta situación conocida a través de la prensa estaban volanteando chats y números de teléfonos de menores sin ningún tipo de responsabilidad”, reclaman.
Por su parte, llaman a generar “acciones colectivas de repudio” de lo sucedido y consideran que debe quedar clara la responsabilidad de las “autoridades competentes” en este caso. Las familias afirman que es “un despropósito que quien debería dar garantías y cuidar”, en su lugar “espía y vigila”, y consideran que se trata de hechos graves. Por ello, presentaron una denuncia ante la INDDHH y mantuvieron contactos con el presidente de la institución Wilder Tayler para que se aclare la situación, se tomen medidas y “se garantice la concurrencia de nuestros adolescentes a sus centros de estudio, con las libertades de expresión que corresponde”.