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Graciela Bianchi (archivo, enero de 2023)

Foto: Mara Quintero

Coalición fijó entre sus prioridades a tratar en comisión el proyecto de prisión domiciliaria

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En CA coinciden en priorizar la iniciativa, que originalmente surgió de sus filas, pero primero quieren tratar el proyecto de reestructuración de deudas de personas físicas.

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En su segunda sesión del año, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, además de dar inicio al juicio político contra Carolina Cosse, estableció las prioridades para la nueva legislatura. La vicepresidenta de la comisión, la nacionalista Graciela Bianchi, dijo en nombre de la coalición que el proyecto de reconocimiento de la libertad de conciencia e ideario –que originalmente presentó Luis Lacalle Pou, en 2010– tendrá “absoluta prioridad”, al igual que el proyecto de reestructuración de deudas de personas físicas de Cabildo Abierto (CA) y el proyecto de prisión domiciliaria preceptiva.

A mediados de 2021, los senadores de CA presentaron un proyecto de un solo artículo para habilitar la prisión domiciliaria para los procesados y condenados mayores de 65 años y se cuestionó que la propuesta beneficiaría especialmente a represores procesados y condenados por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. A mitad de 2022, la senadora del Partido Nacional (PN) Carmen Asiaín elaboró un borrador alternativo que, pese a algunas modificaciones –como aumentar la edad a 70–, también beneficiaría a más de 20 represores recluidos en Domingo Arena.

En diálogo con la diaria, Bianchi subrayó que el primer proyecto que tratará la comisión después de la Semana de Turismo será el de libertad de conciencia, que, según estimó, insumirá “varias sesiones”. En cuanto al proyecto de prisión domiciliaria, explicó que se trata de un “proyecto nuevo”, elaborado por “Asiaín y otro grupo de gente”, que propone “un régimen integral de prisión domiciliaria”. “Se entendió que era mucho mejor, [porque, si no,] podía parecer destinado para determinadas personas”, comentó. La propuesta ya fue recibida por la bancada de CA, pero no por la del Partido Colorado.

Bianchi señaló en la comisión que este proyecto alternativo “fue aprobado por la bancada del PN hace bastante tiempo”, aunque todavía no ingresó formalmente a la comisión, lo cual estima que sucederá “en cuestión de días”.

La prioridad de CA es la reestructuración de deudas

En conversación con la diaria, el senador de CA Guillermo Domenech, miembro de la comisión, dijo que recién recibió la nueva versión del proyecto el lunes, por lo que “no hay todavía un acuerdo definitivo y, por el momento, la prioridad es el [proyecto original] de CA”. De todos modos, aclaró que para su partido la prioridad absoluta la tiene, por encima de la prisión domiciliaria, el proyecto de reestructuración de deudas, por el cual siguen esperando una respuesta del socio mayoritario de la coalición.

Al respecto, Bianchi aseguró en la comisión que “se está trabajando”. “Tenemos que continuarlo, porque lo dejamos morir, lo suspendimos. En realidad, murió en el Senado y después entramos en otros proyectos. Les queremos dar prioridad a los proyectos que presentaron el Frente Amplio [FA] y CA”, manifestó, aunque puntualizó que el tema “amerita conversaciones y acuerdos” con el Poder Ejecutivo.

En la primera sesión de la comisión, cuando todavía no se habían definido las prioridades, Domenech remarcó que “por una cuestión de seriedad en los procedimientos” CA espera un proyecto del Poder Ejecutivo para atender la reestructuración de deudas de personas físicas. “Somos gente seria y queremos cumplir con los compromisos políticos que tenemos. Esperamos esa respuesta porque es un tema que, al margen de la posición política que uno tenga, está afectando a una parte muy significativa de la población. Yo lo he dicho muchas veces: parece la película argentina De eso no se habla porque, prácticamente, no se habla del tema. El endeudamiento es un tema que hay que atender”.

Por su parte, el FA, por intermedio del senador Charles Carrera, planteó como prioridades “la problemática de los deudores”, mediante una “conjunción” entre su proyecto y el de CA; la creación del delito de enriquecimiento ilícito; el fortalecimiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública, y la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, según consta en la versión taquigráfica.

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