La Intendencia de Artigas anunció este jueves que denunciará penalmente a la exfuncionaria Stefani Severo, que cobró cientos de horas extras de forma irregular. Esta decisión se tomó luego de finalizada la investigación administrativa para dirimir el caso de la exempleada de la sección de Recursos Humanos, que es pareja de Rodolfo Caram, primo hermano del intendente Pablo Caram y exsecretario general de la comuna, ahora director de Desarrollo Productivo.
Además, tal como adelantó el diario El País este jueves, la comuna resolvió iniciar un sumario con separación del cargo a la encargada del sector de Recursos Humanos y al de Liquidaciones.
En una conferencia de prensa, el intendente Caram dijo que, “después de tener las pruebas suficientes y la tranquilidad” de haber actuado “en forma correcta”, se presentarán en Fiscalía para hacer la denuncia y, además, concurrieron a la Junta Departamental para dar explicaciones a los ediles.
El nuevo secretario general de la comuna, Emiliano Soravila, dijo a su turno que la investigación “fue realizada por un técnico abogado de la intendencia con absoluta independencia técnica” y que el resultado “determina responsabilidad administrativa” de “tres funcionarios”: Severo, que ya presentó renuncia, y los dos sumariados. Sobre la primera “surgen hechos o conductas que pueden tener connotación penal o delictiva”, por lo que se decidió denunciarla.
Para el FA esta resolución no es el final del proceso
En tanto, la presidenta de la Departamental del Frente Amplio en Artigas, Marianela Olivera, dijo a la diaria que “parece poco creíble que una funcionaria tenga todo ese poder de pasarse toda esa cantidad de horas extras”, y además, por los datos que manejan, “esta situación viene desde hace mucho tiempo” y recién se tuvo “conocimiento de dos recibos, pero aparentemente hay muchos más”.
“También nos llegaron datos de que son entre 15 y 30 funcionarios que cobran más o menos ese monto de horas extras, además de casos de nepotismo, de amiguismo, de clientelismo, todas situaciones que hacen caso omiso a los informes de la Jutep (Junta de Transparencia y Ética Pública) y del Tribunal de Cuentas”, dijo Olivera, quien afirmó que hay “un montón de situaciones que siguen revelando hechos de dudosa legalidad”.
Señaló que hay hechos que hace falta “profundizar” y que las autoridades “expliquen”, pero eso “va a ser en la órbita de Fiscalía”, institución que “da más garantías” que el proceso interno. En este sentido, aseguró que esta resolución de la comuna no es el final del proceso porque “es el resultado de una investigación administrativa en la órbita de la intendencia, y una muy distinta es la que está transcurriendo en la órbita de Fiscalía”, donde el FA hizo una denuncia por este tema. “Son totalmente distintas y espero que por lo menos haya otro tipo de responsabilidades porque sabemos que en la órbita administrativa se pueden acomodar los hechos a conveniencia de las autoridades, y ante Fiscalía no”, sentenció.