Sólo con los votos de los partidos integrantes de la coalición de gobierno y sin los del Frente Amplio (FA), se aprobó este miércoles en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados el proyecto de ley por el que se prevé reparar a víctimas de grupos políticos armados entre 1962 y 1976. El texto ahora deberá pasar por el plenario de la cámara baja, trámite que ocurrirá después de la Semana de Turismo, y una vez aprobado tendrá que volver al Senado –donde había recibido media sanción– porque sufrió diversas modificaciones. En última instancia, la cámara alta sólo podrá decidir por sí o por no al proyecto final y no tendrá posibilidad de hacerle cambios.
El proyecto original, que provino del Poder Ejecutivo por iniciativa de Cabildo Abierto (CA), había recibido diversas críticas del FA no sólo por su contenido jurídico, sino por sus interpretaciones políticas. A pesar de las modificaciones promovidas incluso por socios de la coalición de gobierno, el FA, luego de una discusión interna, aún sostiene que el proyecto es negativo porque promueve una “visión hemipléjica del pasado reciente”, en palabras del diputado opositor Mariano Tucci.
En diálogo con la diaria, Tucci expresó que el FA no acompañó el proyecto “por razones de forma”, ya que tiene “desavenencias de carácter jurídico y político”. En primer lugar, porque “todavía la coalición no ha podido fundamentar adecuadamente el período que elige para reparar a las víctimas”; en segundo lugar, porque “hay una flagrante violación del principio de igualdad” al establecer montos “sustantivamente” superiores en comparación con los que establece la Ley 18.596, de 2009, para víctimas del terrorismo de Estado.
El artículo 11 de dicha ley establece una indemnización por única vez para los familiares de las víctimas asesinadas por el terrorismo de Estado por 500.000 unidades indexadas, lo que a valores de hoy alcanza unos 72.000 dólares. En esta ocasión, para los fallecidos a causa del accionar de los grupos armados, el texto señala que el Estado pagará 150.000 dólares a los causahabientes. “Este proyecto”, dijo Tucci, “duplica ese monto sin ninguna explicación concreta y de manera arbitraria”. Advirtió, por otra parte, que “lo mismo sucede” con el período de detención ilegal que se toma en cuenta para considerar que una persona es víctima y pasible de acceder a una indemnización.
El FA también cuestiona las listas de víctimas que no deberán presentar pruebas para acceder a la prestación que incluye el proyecto, así como tampoco está de acuerdo con la integración de la comisión especial que estará a cargo del tema.
En última instancia, referido a las valoraciones políticas, Tucci dijo que “no existió en el país acción reparatoria más contundente que la de un presidente de la República que ingresó a los cuarteles buscando restos de detenidos desaparecidos”, en referencia a Tabaré Vázquez, y recordó que dos proyectos de ley similares al aprobado este miércoles, uno de 2004 y otro de 2007, naufragaron en el Parlamento. Por otro lado, cuestionó que al hablarse de este proyecto se mencione únicamente a las “víctimas de la guerrilla”, porque el texto “no habla de la guerrilla, habla de las organizaciones armadas políticas e ideológicas”, dentro de las que el FA incluye “una diversidad de organizaciones de la ultraderecha que operaron”, como el Escuadrón de la Muerte y la Juventud Uruguaya de Pie, “organizaciones que infundieron terror, que mataron y que secuestraron”.
La visión del diputado del Partido Colorado Ope Pasquet es otra. En diálogo con la diaria mencionó que “este es uno más de los muchos proyectos de reparación a distintos grupos de víctimas que ha venido votando el Parlamento desde el restablecimiento de la democracia en 1985”, es decir, “un eslabón más de una larga cadena de esfuerzos que venimos cumpliendo para cerrar una etapa muy dolorosa de la vida nacional”. “Lamentamos que el FA no haya acompañado, pensamos que hubiera sido un lindo gesto que votara esto también”, apuntó Pasquet, que preside la comisión que estudió el proyecto.
En tanto, el diputado Rodrigo Goñi, del Partido Nacional, declaró a la diaria que este proyecto “es un hito en la historia de los últimos 50 años porque por primera vez se reconoce legislativamente a las víctimas de la otra guerrilla que existió, o del otro terrorismo que existió también en Uruguay en esa época tan difícil”. “Ya existían leyes en Uruguay que reconocían a las víctimas del terrorismo de Estado y sus reparaciones, como corresponde, y faltaba completar las víctimas del terrorismo de los grupos armados”, dijo, y agregó que “es muy importante para sanar heridas”. “Es mucho más que la reparación a las víctimas; hay un reconocimiento explícito del daño que genera la violencia de grupos guerrilleros”, apuntó.