Con 54 votos en 97, el Plenario de la Cámara de Diputados aprobó en la madrugada del martes el proyecto de reforma de la seguridad social. En esta primera jornada se votó el proyecto en forma general, y este martes desde las 13.00 se discutirá por artículos, en una sesión que probablemente sea todavía más larga y que estará rodeada de una movilización convocada por la Intersocial. El texto quedaría definitivamente aprobado el jueves, cuando lo trate la cámara alta –por donde ya pasó, pero como tuvo cambios, debe volver–. La sesión del lunes tuvo la particularidad de que por algunos minutos contó con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou, que había ido al Parlamento a presenciar un acto de conmemoración del 108º aniversario del genocidio armenio, y luego entró a la sala de la cámara baja y se sentó a un costado para presenciar el debate.
El miembro informante en mayoría fue el nacionalista Pedro Jisdonian, que resaltó que a pesar de los varios cambios que sufrió la iniciativa en las últimas semanas a propuesta de Cabildo Abierto (CA) y el Partido Colorado (PC), el proyecto cumple con “la propuesta del gobierno desde el inicio”, que “era que [el gasto previsional] no superara los 10 puntos del PIB”. En su fundamentación, el diputado blanco dijo que “de continuar con el sistema actual los egresos previsionales van hacia 13 puntos del PIB”, mientras que si se aplican los cambios propuestos los gastos “se estabilizarán, llegando al orden de 10 puntos del PIB en 2080”.
Jisdonian consideró que “nadie puede negar que esta reforma es totalmente necesaria” y sostuvo que “es imperativo realizarla por tres razones fundamentales”. La primera es “el contexto demográfico, con una tasa de natalidad que disminuye en forma más que importante y, a su vez, lo que es una excelente noticia, una esperanza de vida que viene en sostenido aumento”. El segundo aspecto “tiene que ver con la alta fragmentación del sistema vigente, producto de la existencia de diferentes regímenes, lo cual trae aparejado inequidades en materia de derechos y obligaciones”.
La tercera razón “refiere al gasto público que está detrás de este sistema de seguridad social”. “Todos sabemos que el gasto público de pasividades en Uruguay es excesivamente alto y la situación tiende a empeorar con el correr del tiempo. En consecuencia, es necesario generar el espacio fiscal para contemplar otras necesidades sociales igual de relevantes”, aseguró Jisdonian. El diputado señaló que para el caso del Banco de Previsión Social (BPS) “no hacer nada” implica pasar de un gasto de 8,4% del PIB en egresos en 2025 a 9,6 en 2050.
Pedro Jisdonian en la Cámara de Diputados (24.04.2023).
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Una de las principales modificaciones que contiene el proyecto es el aumento de la edad de retiro normal, actualmente fijada en 60 años, a 65, de forma escalonada. Jisdonian dijo que es un “esfuerzo que nos exige esta reforma” y que se definió en lugar de optar por aumentar la tasa de contribución o los impuestos. La edad jubilatoria se modifica inicialmente para las personas nacidas a partir de 1973, estableciéndose en 61 años, y se incrementa de forma escalonada anualmente: para los nacidos en 1974 se fija en 62, para los nacidos en 1975 se establece en 63, para los nacidos en 1976 se fija en 64, y en 65 para los nacidos a partir de 1977. En cuanto a la cantidad de años de servicio necesarios, no se introducen cambios.
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FA: “El tratamiento ha sido caótico”
La representante del Frente Amplio (FA) Ana Olivera fue la encargada de leer el informe en minoría, que expresó el rechazo de la oposición. Pero antes de leerlo, la dirigente comunista recordó que para el FA, “sin lugar a dudas”, es “necesaria una reforma de la seguridad social”, lo que “refiere a la integridad de la protección social, que no está contemplada en esta reforma”.
Además de eso, apuntó que esta reforma en particular es rechazada “por contenido y por forma”. Sobre lo primero, recordó que este proyecto “no solamente significa que la gente va a trabajar más, sino que además mayoritariamente se va a ganar menos”. También dijo que “esta ley obliga, más allá de los ingresos que se tengan, después de los seis meses de aprobada, a incorporarse al régimen de las AFAP”.
En cuanto a la forma, dijo que esta reforma, “que debía ser integral, con diálogo, con participación social”, tuvo “dificultades” en esta materia porque “la gran mayoría de delegaciones” que recibió la comisión que estudió el proyecto “se manifestaron en contra, comenzando por los tres directores sociales del BPS”, representantes de trabajadores, jubilados y empresarios. También porque “diferentes gremios” expresaron su rechazo, ya que “el traslado a 65 años de la edad de jubilarse los perjudica porque ya tienen dificultades para llegar a los 60”. Y también “por cómo se procesó este debate”, que concluyó con negociaciones de último momento entre los diferentes socios de la coalición de gobierno.
Al leer el escrito, comenzó diciendo que esta es “una reforma injusta que perjudica a las grandes mayorías y que tuvo un tratamiento irresponsable por parte de la coalición”. La exintendenta de Montevideo destacó que la bancada del FA en el Senado, donde se discutió el proyecto en primera instancia, “trabajó intensamente y logró suavizar algunos aspectos muy perjudiciales de la reforma”, pero en Diputados “nuevamente el tratamiento ha sido caótico y las idas y vueltas que han sucedido fuera del ámbito parlamentario” hacen que no tengan “ninguna certeza de los impactos de lo que se está votando”, ya que “la solvencia técnica brilla por la ausencia”.
La leche, el agua, el maestro y los alumnos
En tanto, el diputado del FA Gabriel Otero recordó que en 2008 el FA hizo una reforma de la seguridad social que logró que “60.000 uruguayas y más de 40.000 uruguayos se jubilen, porque prácticamente no tenían posibilidad ninguna de obtener una jubilación, ni siquiera a la vejez”, y subrayó que “no cuesta tanto imaginar qué hubiese pasado si esa reforma no se hubiera hecho: más de 100.000 uruguayos tendrían que haber estado posiblemente apoyados en nietos, sobrinos, hermanos, todo lo que trastocaría no haber tomado esa decisión”. Y destacó que fue en “pleno 2008”, cuando estaban combatiendo “una pobreza galopante, heredada, de más de 40%”.
El diputado dijo que no van a creer que “trabajando más, aumentando la edad jubilatoria, sin que tenga beneficios en la tasa de reemplazo, somos un ejemplo”. Aseguró que los últimos años de trabajo, “sin ningún tipo de aporte a la jubilación, son como haber trabajado por década una hora por día a cuenta del patrón”, y destacó que “esos números surgen de lo que van a perder los futuros jubilados”.
“Ahora, ¿de verdad van a seguir argumentando que esta ley da la posibilidad de trabajar a los jubilados? ¿De verdad eso es un mérito? ¿Saben quién tiene la opción de trabajar o quién va a tomar la opción de trabajar? El que se esté muriendo de hambre, a ese le vamos a dar la libertad. ‘Te jubilaste con 65 pero vas a poder trabajar’, y al diablo se te fue el ocio, el disfrutar después de 40 y pico años de trabajo, con tu familia, las chirolas que te quedan de vida”, finalizó.
Por su parte, el diputado blanco Alfonso Lereté siguió la metáfora de Lacalle Pou, de la leche y el agua, y dijo que “uno puede tener la leche entera o la leche descremada”, y subrayó que este proyecto arrancó “como una leche entera, la de Conaprole de color rojo, muy potente”. Recordó que la iniciativa original se aplicaba a partir de los nacidos en 1967, pero luego CA la llevó a 1973, y eso fue “generando el proceso de pasar de la leche entera a la descremada”. “Ahora, la leche descremada se toma, y si hacemos una compulsa acá, 80% toma leche descremada, y esa es la reforma que hoy vamos a votar”, indicó.
Por su parte, el diputado Eduardo Lust, exintegrante de CA que formó su propio partido, fue crítico con el procedimiento que dio lugar al proyecto final. Dijo que en 15 días se hicieron 140 modificaciones y que el proyecto existió recién ayer, porque “se estuvo redactando hasta ayer, y eso no es un procedimiento”. Luego hizo una analogía con “un cuento de escuela”, el del maestro que dijo “esto no se cambia, el que toca esto lo echa a perder”, hasta que “apareció un alumno, Guido” –por el senador Manini Ríos, líder de CA–, que dijo que se podía cambiar, y el “maestro” aceptó, entonces, “aparecieron los compañeritos Adrián [Peña], Gustavo [Zubía] y Conrado [Rodríguez]” (legisladores del PC), diciendo: “Pero si él puede, nosotros podemos”.
“Reconozco que el procedimiento fue poco serio, que pasó lo mismo con la ley de tenencia [compartida], que no se podía cambiar ni una coma y la cambiaron toda”, dijo Lust. Por lo tanto, subrayó que votará el proyecto en general, y este martes, cuando se discutan los artículos en particular, quizás no acompañe algunos.