Este jueves, de madrugada, la Cámara de Diputados aprobó con 53 votos en 91 el proyecto de ley de tenencia compartida, que había comenzado a tratarse el miércoles a las 11.00. La iniciativa fue votada por los partidos de la coalición, salvo por el Partido Independiente, que había adelantado previamente que no apoyaría la nueva redacción. Ahora el proyecto vuelve a la Cámara de Senadores, que deberá reafirmar los cambios hechos en la cámara baja. La sesión tuvo de todo un poco, con gente en las barras a favor y en contra del proyecto, pero menos que las que marcaron presencia cuando el proyecto se aprobó en el Senado.
Antes de que se votara el proyecto y después de varios cuartos intermedios, el FA solicitó que el proyecto vuelva a la Comisión de Constitución de la cámara para rediscutir los cambios introducidos en el articulado tras un acuerdo entre los partidos de la coalición de gobierno. “Pocos minutos antes de comenzar la sesión, recibimos a través del coordinador de bancada un proyecto sustitutivo al que hoy tenemos en consideración”, comenzó la diputada frenteamplista Claudia Hugo, y recordó que en la comisión todas las delegaciones a las que recibieron “manifestaron su opinión contraria al proyecto”.
“Cuando comenzó la sesión de hoy, la miembro informante se refirió al artículo 4° de un proyecto de ley que no es el que tenemos en carpeta”, sobre el que el FA “no fue consultado”, agregó. “Nos sentimos avasallados y nos parece que el proyecto tendría que volver a comisión para consultar a las más de 30 delegaciones que recibimos si este nuevo proyecto presentado contempla las sugerencias de todas estas organizaciones sociales, de la sociedad civil y de la academia”, continuó Hugo, y consideró que esas no son “las formas en las que se debe llevar adelante la discusión de un proyecto, ignorando a la principal fuerza política de este país”.
A continuación, el diputado del Partido Nacional (PN) Juan Martín Rodríguez se mostró sorprendido por “la deshonestidad con la que se ha procedido” a lo largo de la jornada del miércoles y sobre este tema “a lo largo de las últimas jornadas”, en alusión a la oposición. “La semana pasada los coordinadores del FA nos dijeron: ‘A nosotros no nos interesa que este tema se trate, por eso no votamos la sesión del 19 de abril’”, recordó Rodríguez, y puso sobre la mesa el hecho de que, luego de acordar en el oficialismo, el diputado Alfonso Lereté le envió a diputados de la oposición el documento final por Whatsapp.
En tanto, el diputado frenteamplista Mariano Tucci consideró que “la coalición, una vez más, de manera corsaria, en diez minutos, entre cuatro o cinco personas, resuelve modificar la mayoría de los artículos de este proyecto”. “El Parlamento no es un boliche; las modificaciones no las conocemos, no están formalizadas. Es verdad que hubo conversaciones, pero que no se me venga a hablar de respeto de acuerdos”, manifestó.
Finalmente, la moción para que regrese a comisión la votó sólo el FA y el resultado fue negativo, con 42 manos levantadas en un total de 93 legisladores presentes. Luego, la oposición pidió otro cuarto intermedio, que fue apoyado por el Partido Colorado (PC), lo que trajo un pequeño ida y vuelta entre legisladores del oficialismo, medio en broma, medio en serio. El legislador cabildante Martín Sodano, mientras se iba de la sala, se quejaba a viva voz de que el PC había votado el cuarto intermedio. El diputado colorado Conrado Rodríguez le explicó que fue por “cortesía parlamentaria” y añadió: “A mí no me grites”.
PN: “Sacarnos la mordaza invisible que es siempre estar del lado de lo políticamente correcto”
La diputada del PN Alexandra Inzaurralde fue el miembro informante por la coalición. Dedicó buena parte de su exposición a la obstrucción de los vínculos parentales, uno de los principales argumentos de los grupos impulsores del proyecto, los cuales apuntan principalmente a la responsabilidad de la madre en esa obstrucción. Al respecto, la diputada sostuvo que “cuando se obstruye ese vínculo se está ejerciendo violencia sobre esos niños, que se ven privados, en forma injustificada, del contacto con uno de los progenitores” y, en una clara referencia a la ley de violencia basada en género, afirmó que “lo peor de todo es que es una violencia institucional, avalada por leyes que ameritan y que claman ser modificadas”.
El artículo 3º del proyecto, en su versión final, establece que la opinión del niño o adolescente “deberá recabarse en un ámbito adecuado y adoptándose todas las medidas para garantizar que la misma sea expresión de su voluntad reflexiva y autónoma, según su grado de desarrollo cognitivo y autonomía progresiva”. Al respecto, Inzaurralde aseguró que “va a haber una escucha especializada del discurso infantil, más allá de las palabras”, lo cual implica “garantizar que no estamos en una situación de manipulación”.
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Sobre el artículo 4º, que habilita las visitas incluso con denuncias de por medio y “que tanto fue generando dificultades en los consensos”, Inzaurralde afirmó que va contra las situaciones en las que “se abusa, se mal usa” el “principio precautorio” y se convierte en un “principio de desamparo” y un “principio de injusticia hacia los más vulnerables, que son los niños”. “Este artículo 4º no los desprotege. ¿A quién se le ocurre que legisladores van a poner en contacto a un niño con un agresor?”, aseveró.
Para cerrar, Inzaurralde habló de un “cambio de paradigma” que quedaría instaurado a partir de la sanción de esta ley. “Se ha trabajado mucho en la mujer y estamos de acuerdo. Pero esto es un cambio de paradigma. Aun por encima de la mujer siempre va a estar el niño. Y [este cambio de paradigma] requiere cierto coraje, valentía, y también sacarnos la mordaza invisible que es siempre estar del lado de lo políticamente correcto”, sentenció.
Cecilia Bottino y Gonzalo Civila en la conferencia de prensa del Frente Amplio, este miércoles, en Palacio Legislativo.
Foto: Alessandro Maradei
FA: día “triste” y “falta de seriedad”
“¿Cuál es el problema que se pretende resolver con este proyecto? ¿A quién favorece? ¿Para quién está pensado? Las instituciones nos dijeron que estamos ante un proyecto innecesario, inconveniente y que daña a niñas, niños y adolescentes”, expresó, por su parte, la diputada del FA Cecilia Bottino, encargada de presentar el informe en minoría. Citó en primera instancia el informe de gestión anual correspondiente a 2021 del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav).
“Durante el año pasado se atendió un total de 7.035 situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, lo que implica la intervención en promedio de 19 casos por día”; de ese total, señaló la diputada, “2.882 corresponden a nuevas situaciones ingresadas al Sipiav durante 2021”, lo que representó “un aumento de 43% respecto de 2020, año en el que se registraron 4.911 casos de violencia”. Subrayó que el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay devolvió a Rentas Generales, en 2021, “750 millones de pesos y plantea como prioridad este proyecto”. “¿Esto es proteger para este gobierno?”, preguntó.
Bottino sostuvo que el artículo 4º pone “en contradicción las legislaciones actuales aprobadas para la protección de la niñez y adolescencia, que ratifican los principios de la Convención de la Niñez, muy especialmente la prohibición de revinculación de los niños, niñas o adolescentes con quienes están denunciados por atentar contra la integridad física, psíquica y/o sexual intrafamiliar”.
Ya entrada la noche, varios diputados del FA brindaron una conferencia de prensa, en la que el socialista Gonzalo Civila subrayó que fue un día “triste” y que el tratamiento del tema no fue el “adecuado”, dado que fue en el contexto “de una serie de negociaciones en la interna de la coalición de gobierno”. Subrayó que “la prueba más evidente de eso” fue que, minutos antes, en la misma antesala de Diputados en la que estaban, hubo una conferencia de prensa de los legisladores colorados “referida al tratamiento de un proyecto de ley que no tiene nada que ver con este tema”, en referencia al de la reforma de la seguridad social, y que “ha estado discutiéndose de forma simultánea, enganchado con este y con otros proyectos, que son parte de una agenda retrógrada del gobierno”.
Por su parte, Bottino subrayó la “falta de seriedad” del oficialismo, ya que recién a las 17.00 del miércoles la coalición presentó por escrito las modificaciones, y resaltó que no duda en categorizar el proyecto como “el peor de la legislatura”, porque “pone en grave riesgo la vida, la salud, la integridad física, moral y psíquica de los niños, niñas y adolescentes de este país”.
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¿Cómo quedó el artículo 4° del proyecto?
En la versión definitiva se incluyeron algunas modificaciones al artículo 4, uno de los más resistidos porque habilita las visitas de los niños y adolescentes con la persona denunciada, lo cual se mantiene en el documento nuevo, pese a algunos agregados. La redacción final establece que “el Juzgado de urgencia que actúe a raíz de una denuncia” al momento de convocar a la audiencia “deberá en todo caso, designar defensor a los niños o adolescentes que pudieran verse afectados por la resolución a adoptarse”.
“Si ya estuviera dispuesto un régimen de tenencia o visitas” el tribunal “no adoptará medidas que lo afecten, salvo en caso que lo considere necesario de acuerdo al interés superior del niño o adolescente”, y en caso de adoptar medidas, el juzgado de urgencia remitirá en un plazo de 48 horas “testimonio del expediente donde adoptó las medidas al juzgado de familia que fijó el régimen afectado”. En cambio, si no existiera régimen fijado con anterioridad, “el juzgado de urgencia establecerá las medidas de protección que considere pertinentes, estableciendo su duración y oyendo siempre a la defensa de los niños y adolescentes”, agrega.
Por otra parte, se establece que “el progenitor que se considere afectado podrá solicitar medidas cautelares, provisionales o definitivas ante el juzgado de Familia competente” y será el juzgado de Familia el que “evaluará bajo su más seria responsabilidad funcional la necesidad o no de modificación del régimen de tenencia y su ejercicio”. Acorde a la iniciativa, “sólo se suspenderá el régimen de visitas vigente en el caso de que se encuentre en riesgo el interés superior del niño o adolescente” y “dicha suspensión será transitoria y podrá revisarse”.
En otro agregado al artículo, el proyecto señala que el juez “valorará muy especialmente los hechos denunciados en caso que sean determinantes para la formalización en la órbita Penal del progenitor denunciado, cuando ellos impliquen un riesgo al interés superior del niño o adolescente”.
Un último aditivo indica que la Suprema Corte de Justicia llevará un registro de las medidas de protección de toda especie dispuestas por los tribunales, y “antes de adoptar cualquier medida relativa a la tenencia o visitas de niños, niñas y adolescentes, los Tribunales competentes al efecto deberán consultar al registro”.
Igualmente, se mantiene la disposición de que “en el supuesto de haberse decretado la aplicación de medidas cautelares, deberá respetarse el derecho a las visitas de los niños y adolescentes con la persona denunciada, toda vez que a juicio del Juez sean acordes al interés superior del niño o adolescente, y de considerarse necesario, en las modalidades que garanticen dicho interés superior, como ser, a título enunciativo: que las visitas sean en lugares públicos, en presencia de familiares del niño o adolescente, en reparticiones estatales adecuadas, o de cualquier otra forma que a criterio del Juez garantice la protección de la integridad física y emocional de los niños y adolescentes, disponiendo el régimen de seguimiento periódico necesario”.
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