El Ministerio de Ambiente (MA) invitó a la Intendencia de Montevideo (IM) a participar en un ámbito de coordinación sobre el Proyecto Muelle Oeste y Ampliación de la Playa de Contenedores. No es otra cosa que la obra programada a raíz de la prórroga hasta 2081 de la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo a Terminal Cuenca del Plata (TCP), sociedad entre Katoen Natie y el Estado en la que la multinacional belga tiene 80% de las acciones.
La IM pidió la apertura del ámbito cuando respondió formalmente a la Puesta en Manifiesto sobre el proyecto, un documento ministerial que resume más de 1.000 fojas sobre la obra que pretende realizar TCP. En un escrito dirigido a la División de Emprendimientos de Alta Complejidad del MA, la comuna consideró “imprescindible la conformación de un espacio de coordinación”.
A juzgar por otros contenidos del documento de la IM, la respuesta ministerial podría ser un intento de poner paños fríos en una discusión que en los últimos días subió el volumen. El escrito de la IM prácticamente empieza diciendo que “del análisis del documento [presentado por el MA] se desprende que no se cuenta con los informes y estudios necesarios, sin los cuales esta Administración se ve forzada a rechazar el proyecto”. En adelante, se exponen objeciones legales, patrimoniales, ambientales y de movilidad, acompañadas de dos fotomontajes para graficar el impacto paisajístico. La afectación de la estructura y de la vista de la escollera Sarandí es una de las preocupaciones centrales. Uno de los fotomontajes compara el actual paisaje hacia la bahía y el Cerro con el proyectado y advierte un cambio radical: como informó la diaria en agosto pasado, el borde interior de la escollera le daría paso a un espacio de agua de apenas 25 metros de ancho, tras el cual se levantaría uno de los extremos de la enorme explanada erigida sobre nuevos terrenos ganados a la bahía, que albergaría grúas, contenedores e, incluso, un taller de mantenimiento de 25 metros de altura que alteraría la vista al oeste desde la calle Cerrito.
Además, la IM manifiesta preocupación en aspectos como el oleaje y el perfil de la costa, la calidad de las aguas y la estructura de dos edificios que, tristemente dormidos, acompañan el proceso desde la primera fila de la Ciudad Vieja: el Hotel Nacional, usado durante décadas por la Universidad de la República, y el ex Club Neptuno.
Al otro lado de la mesa, en el diálogo que se abrirá a la brevedad, el MA estará representado por la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea). Eduardo Andrés, director de la dependencia, explica que el proyecto fue clasificado en la categoría C, asociada a “impactos considerables”. Aclara que el ministerio aún no autorizó el proyecto, sino que “está en el proceso de aprobación”, cronograma que prevé instancias como la pedida por el gobierno departamental. Según el jerarca, “en principio” TCP no participará. El gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie, Fernando Correa, confirmó que lo que viene será “un ámbito técnico entre el MA y la IM”.
El contacto entre la empresa y el Estado también ha generado insumos usados para evaluar los impactos patrimoniales. Días atrás, William Rey, el presidente de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, salió al cruce de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y dijo públicamente que el organismo que él encabeza “ya evaluó y resolvió”. Consultado por la diaria, agregó que esto comprendió dos ejes. Por un lado, acerca de lo “arquitectónico y paisajístico”, aseguró que la posible ampliación es consecuencia de decisiones tomadas a fines de los 80, que habilitaron el desarrollo portuario hacia el extremo de la península de la Ciudad Vieja. Acotó que desde entonces “se están perdiendo vistas” y que “son transformaciones muy difíciles de controlar a partir de normativa”. El otro eje evaluado es el de los “aspectos arqueológicos que tienen que ver con los bienes subacuáticos”. Al respecto, señaló que se tuvieron en cuenta informes técnicos hechos por TCP hace algo menos de 20 años, también aludidos por Correa, de Katoen Natie. Coincidentemente, en el Plan de Inversiones presentado en julio de 2021 la empresa estableció que “la totalidad del sector acuático del área concesionada fue investigada desde el punto de vista arqueológico en el año 2004 y la Comisión del Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación autorizó, según su Acta N° 003/2005 de 22/02/2005, la ejecución de obras [...] por lo cual no es necesario hacer una nueva solicitud de autorización”. Quizás por esto Rey aclara que las evaluaciones hechas bajo su gestión no son “una resolución” sino “un asesoramiento”. Y es en ese aspecto, en el valor jurídico de ese último pronunciamiento, que la IM concentra una de sus principales objeciones. “Es un informe absolutamente definitivo, no sé la IM qué tipo de statu quo pretende”, responde Rey.