“Estamos defendiendo nuestra fuente de trabajo ya que el gobierno dejó a 5.000 personas sin sustento desde el sábado”, decía la proclama que leyeron empleados y dueños de lavaderos de autos callejeros, en la movilización que realizaron en la tarde del lunes en la esquina de Burgues y José Batlle y Ordóñez. Un par de horas antes alrededor de 15 personas se reunieron para conversar y definir cómo seguir.
“Hoy vamos a ser una banda”, afirmó Richard, uno de ellos. Según contó a la diaria, “todo el mundo tiene los lavaderos cerrados” a partir de que la Jefatura de Policía de Montevideo resolviera inspeccionarlos, pero hay varios que no pueden ir a la manifestación porque ante esta situación “no tienen plata ni para el boleto”. Si bien fuentes del Ministerio del Interior dijeron a la diaria que los policías no registran personas ni inspeccionan el lugar -pues su objetivo es relevar únicamente la ubicación de los lavaderos-, algunos de los relatos de los dueños y empleados que se organizaron para pedir soluciones ilustran lo contrario.
“Tienen que cerrar”, manifestaron varios que les han dicho. De acuerdo a lo que narraron, los efectivos visitan sus lugares de trabajo y les dicen que en el caso de no dejar su actividad, los detendrán o les sacarán sus instrumentos. “La gente está con miedo de que le saquen la herramienta, que cuesta mucho juntarla, cuesta mucho comprarla”, confesó Antonio, otro de los presentes, y agregó: “A su vez, si nos sacan la herramienta, ¿qué hacemos? ¿Volver a comprar? No”. Las hidrolavadoras que utilizan salen “10.000 pesos, como mínimo”, y ese es un gasto significativo para sus compradores.
Richard y Yanaína, dueños de un lavadero en José Batlle y Ordóñez y General Flores, piensan que lo que sucede “ya no es un tema de robo de agua, ni robo de luz”, porque en la actualidad están en regla, sino de que “no quieren que trabajemos”, aseguraron. Preocupados por lo que vendrá, insistieron en que “hay muchas familias” afectadas por la decisión de la Policía, y por lo tanto “niños, mujeres y gurises con problemas” que necesitan el dinero para alimentarse.
Entre sus compañeros están Alejandro y Yaniré, integrantes de un grupo de siete personas que gestionan juntas el lavadero Trapito. Horas atrás, ambos se encontraban allí, trabajando junto a Ana, la pareja de Alejandro, y sus hijas, Milagros y Katrina. “Estamos lavando a escondidas”, admitió Yaniré al conversar con la diaria sobre lo que han vivido los últimos días. El martes de la semana pasada fueron visitados por efectivos policiales a la medianoche. Les pidieron sus datos y les dijeron que “estaban haciendo un relevamiento” y que no pasaba “nada malo”. Aun así, alarmados por lo que han vivido otros lavaderos, mantuvieron el negocio cerrado durante el viernes, el sábado y el domingo, pero abrieron el lunes porque no podían “aguantar más”.
Trapito funciona todos los días y está abierto durante las 24 horas. Cobra alrededor de 300 pesos el lavado a autos particulares y 150 pesos a taxis, que realizan limpiezas cada dos días, como máximo. Sobre las 16.00 del lunes los únicos dos vehículos que se hallaban en el lugar eran taxímetros. Uno de sus conductores, Carlos, explicó a la diaria que tienen la obligación de mantener sus unidades limpias y que “el tema del lavado afecta al servicio como tal”. Algunas cuadras al norte, en José Batlle y Ordóñez y Gregorio Sanabria, otros dos taxistas esperaban a que sus vehículos fueran lavados. Consultados sobre el problema que enfrentan los lavaderos, los taxistas Julio y Fabián dijeron que si los cierran les “cortan las patas” a ellos. “La intendencia nos agarra con el coche sucio y nos multa y nos saca la chapa”, dijo Julio, y agregó: “La multa la pagamos nosotros, no la paga ni el dueño del coche. En dos minutos te quedás sin aguinaldo y sin licencia”.
Por su parte, quienes se manifestaron el lunes expresaron a la diaria que están dispuestos a adoptar alternativas como el “lavado en seco”, o a implementar un régimen en el que abran sus establecimientos menos veces a la semana. “Que por lo menos nos dejen pasar un trapito”, recalcaron.
Alternativas
“Estamos hablando del sustento de muchas familias con respecto a la comida diaria, al pago de alquiler o a cualquier acción”, dijo a la diaria Justo Onandi, coordinador del Plan de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, luego de expresar que desde el gobierno municipal observan con “preocupación” la decisión del Ministerio del Interior (MI). Onandi se refirió a las 20 medidas para mitigar la crisis del agua presentadas por Carolina Cosse ante el Poder Ejecutivo, dentro de las cuales una apuntaba a los lavaderos. Según recordó, el cuarto punto, en el que se propuso “prohibir el uso de agua de OSE para actividades como lavado de veredas, riego, lavado de autos”, planteaba que “había que trabajar en un protocolo de acciones, para que toda la gente que trabaja en esa actividad tenga una alternativa o alguna forma de seguir adelante”. Aunque no han tenido ninguna comunicación con el MI, Onandi remarcó que desde la comuna están “dispuestos a seguir colaborando” para enfrentar la crisis, como lo han hecho en otras áreas.