Hace poco más de un mes, cuando el Senado votó la extensión de los jornales solidarios, la sesión derivó en un debate sobre las contrataciones directas en las intendencias, y allí el senador del Partido Colorado (PC) Adrián Peña dijo que iba a presentar un proyecto para “ordenar” ese tema –porque “lo que se vive es un desmadre”– mediante la aplicación de las normas de contratación que rigen para la Administración Central a los gobiernos departamentales. Finalmente, según dijo Peña a la diaria, está ultimando los detalles y esta semana presentará la iniciativa en el Parlamento.
El corazón del proyecto está en su primer artículo, que declara “aplicable a los Gobiernos Departamentales, las normas legales que establecen para la designación de personal presupuestado o contratado de la Administración Central, el preceptivo procedimiento de concurso público y abierto, así como aquellas que establecen la prohibición de designar personal presupuestado o contratado en el período de un año previo a la finalización del período de gobierno”.
A su vez, en el segundo artículo se establece que la designación de personal presupuestado o contratado en los distintos órganos de los Gobiernos Departamentales, en cargos o funciones tales como “Técnico Profesional”, “Técnico”, “Administrativo”, “Especializado”, “Oficios”, “Servicios Auxiliares” o de análoga denominación a los referidos grupos ocupacionales, “deberá realizarse cualquiera fuere el origen de los fondos empleados para ello, por concurso público y abierto, previo pronunciamiento favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil [ONSC] sobre aspectos de juridicidad”.
En diálogo con la diaria, Peña señaló que la idea del proyecto es llevar “a un orden la contratación de personal en el interior”, porque la Administración Central “ha ido avanzando a través de los sucesivos gobiernos, ha transparentado el ingreso a la función pública y lo ha mejorado, con el trabajo de la ONSC”. En cambio, consideró que “hay una diferencia muy grande entre cómo se contrata en la Administración Central y a nivel de los gobiernos departamentales, y me parece que el país tiene que ir avanzando para que los procesos sean lo más claros posible. Creo que hay un retraso a nivel de las intendencias”, sostuvo.
Además, el senador colorado subrayó que se destinan “muchísimos recursos” a los gobiernos departamentales, y hay “miles y miles de contratos”, por lo tanto, “todos deberían estar debidamente justificados”. “Hemos visto denuncias, de todos los partidos políticos, de la oposición en cada caso –depende del departamento que sea–, señalando mecanismos que no son los mejores desde el punto de vista de la contratación directa”, indicó. Precisamente por presuntas irregularidades en las contrataciones estuvieron en el ojo de la tormenta en las últimas semanas las intendencias de Maldonado, de signo nacionalista, y la de Salto, en manos del Frente Amplio.
Peña señaló que el proyecto presenta una dificultad, y es que necesita mayorías especiales. Esto se debe a lo dispuesto por el artículo 64 de la Constitución, que indica que se requerirán los votos de dos tercios del total de componentes de cada cámara para establecer por ley “normas especiales que por su generalidad o naturaleza sean aplicables a los funcionarios de todos los Gobiernos Departamentales y de todos los Entes Autónomos, o de algunos de ellos, según los casos”.
El senador subrayó que hay que ver, en el sistema político, “quién está del lado del orden, la transparencia y las buenas prácticas en materia de gestión pública, y quién no”. Por lo tanto, piensa que el tratamiento de su proyecto “será una buena instancia para intercambiar y debatir sobre esto en el Parlamento”. “Para mí esto es muy importante, sobre todo la cuestión de evitar prácticas de clientelismo político previo a las elecciones departamentales, y también teniendo en cuenta, más allá de los recursos que son de la recaudación departamental, que hay mucho dinero, tal cual lo establece la Constitución, del gobierno central, y hay que controlar de manera correcta a qué se destinan todos esos fondos”, finalizó.
Botana contra el proyecto y la ONSC
Si bien el proyecto aún no se presentó oficialmente, ya genera discrepancias dentro de la coalición. Sergio Botana, senador blanco y exintendente de Cerro Largo, dijo a la diaria que es “un disparate violentar la autonomía municipal”, y sostuvo que “la mayoría de esas normas rigen en todos los departamentos, pero por elección de los propios departamentos”, y, además, “no es bueno extender lo que funciona muy mal en el Estado”. “No hay nadie en el Uruguay que esté contento con los concursos que hacen los organismos. Y si se hace una encuesta, a todo el mundo le va a sonar a acomodo”, opinó Botana.
Además, el legislador nacionalista advirtió que al “violentar” así la autonomía departamental, “se empieza por esto y después se va siguiendo por cada cosa”. Agregó que el proyecto de Peña es producto del “centralismo histórico” del PC, por lo tanto, no le “sorprende” que la idea “venga de un colorado batllista”.
A su vez, Botana negó que haya contrataciones poco claras en las intendencias del interior, y aseguró que lo que sí hay es “un mal registro de parte de la ONSC de las cuestiones de las intendencias”. “Manda mal los formularios y no se da cuenta siquiera cuando hay evidentes errores. Una vez puso que yo había nombrado 202 cargos de confianza en la Intendencia de Cerro Largo, pero yo lo único que había hecho era reintegrar a los funcionarios que habían corrido arbitrariamente”, finalizó Botana.