“La Junta Departamental persiste en la maldita práctica de encajonar las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) y meterlas en un bolsón que impide tratarlas. Es algo poco transparente, que hace mucho daño al sistema institucional departamental”, expresó el edil frenteamplista Joaquín Garlo en la pasada sesión del legislativo departamental.

Debido a este mecanismo, resuelto por los presidentes oficialistas que se suceden en la corporación, las observaciones quedan “en un expediente bolsón”, la información no aparece desglosada y los ediles no se enteran de su existencia, explicó Garlo a la diaria.

En este contexto, mencionó algunas observaciones del TCR a las que accedió por su cuenta, vinculadas con compras directas no justificadas, gastos sin disponibilidad de fondos o licitaciones abreviadas que violan diferentes artículos del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf).

“Esta intendencia ha gastado, sistemáticamente, millones de dólares en compras directas sin justificar las emergencias, como dispone el artículo 33 del Tocaf”, referido a las contrataciones por licitación pública u otros procedimientos competitivos, sentenció el edil.

Una de las observaciones versa sobre la compra directa de 400 luminarias led a razón de 220 dólares cada una, y de otras 1.200 por 175 dólares cada una. “La IDM, en lugar de hacer una licitación pública, hace una compra directa sin justificar el motivo y por eso el TCR observó el gasto”, remarcó Garlo.

Otra observación que le pareció “llamativa” refiere a las obras realizadas el año pasado para evitar que el segundo puente de La Barra colapsara totalmente debido a las roturas que se detectaron antes del verano. Si bien en este caso la compra directa se justifica por la emergencia, el TCR observó que el gasto se aprobó sin disponibilidad de recursos y que no fue justificado en tiempo por la comuna.

Además, el edil señaló que esa resolución del TCR, a la que accedió la diaria, menciona un acta sobre el plan de acción para este puente, firmada por varias direcciones generales de la IDM, que nunca llegaron a conocimiento de la Junta Departamental. Por ese motivo, pidió acceder a una copia del documento.

Garlo sostuvo que no está claro el origen de los fondos destinados a las tareas en el puente 2, a cargo de la empresa constructora Sacceem, y adelantó que la semana próxima intentarán despejar esa duda en la Comisión de Presupuesto, que analiza el proyecto de modificación presupuestal.

Otra licitación abreviada observada por el TCR, ya que no fue justificada y superó el momento previsto por el Tocaf para ese tipo de procedimientos, es la adjudicación del parador de a 19 de la playa Mansa a la firma Sushi Magnum SRL, en 2021, de la que informó la diaria semanas atrás.

Licitaciones perpetuas

Por otra parte, Garlo cuestionó “la decisión política” de la administración de Enrique Antía, de prorrogar licitaciones y perpetuarlas sin justificación, en lugar de realizar nuevos llamados públicos.

“Son prórrogas de licitaciones públicas para evitar hacer otras. ¿Por qué se perpetúa a los adjudicatarios actuales y no se les da la posibilidad a otros empresarios de presentarse a competir? Capaz que conseguimos mejores precios, capaz que ahorramos plata. Eso es una definición política que repercute en las finanzas del pueblo de Maldonado y en su vida cotidiana”, advirtió.

Como ejemplo de estas situaciones, mencionó la gestión del depósito final de residuos de Las Rosas, cuya licitación se mantiene desde 2018. También los servicios de limpieza de “las calles de todo el departamento”, y los servicios de transporte colectivo de pasajeros que, a su juicio, son “un desastre”.

Las líneas de transporte son públicas, pertenecen a la intendencia y son adjudicadas a empresas privadas con “ómnibus rotos y sucios, pocas frecuencias y barrios incomunicados por decisiones económicas de las empresas”, lamentó, para mencionar el aislamiento de barrios como el Kennedy, Benedetti y Urbanización al Norte.

Su reclamo es que “la IDM llame a licitaciones públicas, que genere competencia para que los servicios mejoren y se pueda abaratar costos. Es interesante poder discutir estos asuntos que le hacen bien a la población”, opinó.