Este miércoles al mediodía, Sandra Cha y Mario Abella, en representación de Cabildo Abierto (CA), presentaron la iniciativa de reforma constitucional “contra la usura y por una deuda justa” ante la Corte Electoral, luego de hacerla pública el lunes en el edificio anexo del Palacio Legislativo.
El texto propone modificar el artículo 52 de la Constitución de la República, que prohíbe la usura, al establecer que la ley defina “el interés máximo permitido por todo concepto, incluido tasas de interés compensatorio y moratorio, comisiones, reajustes y cualquier otro gasto adicional”. También busca que no se pueda “delegar a ninguna autoridad la determinación del interés máximo”. Además, se agrega la posibilidad de que “todas las deudas contraídas antes del 18 de julio de 2023, ya sea en moneda nacional, en moneda extranjera o en unidades reajustables”, puedan “ser canceladas por el deudor mediante el pago del monto inicialmente convenido”.
“Nosotros simplemente somos una comisión provisoria que estamos haciendo las gestiones habituales de acuerdo a la norma”, aclaró Abella en una rueda de prensa, antes de destacar que el proyecto “está abierto a que se integren otros sectores sociales”. Según recordó, el líder de CA, el senador Guido Manini Ríos, dijo “desde el primer momento” que “están invitadas otras organizaciones sociales para participar en este plebiscito”. El representante de CA resaltó que “esto es para todos, no es una cosa exclusiva de la Cámara de Diputados”.
De acuerdo a lo estimado desde la Corte Electoral, la propuesta estará aprobada dentro de entre 15 y 20 días aproximadamente. A partir de ese momento, CA dará comienzo a la recolección de firmas a través de una comisión de campaña preparada para la ocasión que ya está trabajando en el tema y buscando “agrupar personas y voluntarios”. Su integración abarca “la información, los aspectos logísticos, los recursos humanos, la comisión legal –que es la que integramos con la doctora– y las juventudes del partido”, contó Abella.
El objetivo será “ir a todos los lugares del país y llegar a la mayor parte de la población”, entre “las distintas agrupaciones” del partido y “otras organizaciones sociales”, y así alcanzar las 270.000 firmas necesarias para poner la iniciativa a consideración durante las próximas elecciones nacionales. Para impulsar el plebiscito se necesita al menos el 10% de las firmas del electorado y para que sea aprobado el 50% + 1 de los votos emitidos.
Sobre la postura de algunos integrantes del Frente Amplio (FA), que opinan que el único objetivo de la iniciativa es juntar votos, Abella manifestó que si bien no se considera “la persona adecuada para responder”, piensa que lo que se debate “es un problema de todos los ciudadanos”. Asimismo, agregó que los idóneos para lograr acuerdos con otros partidos son los senadores Manini Ríos y Guillermo Domenech, quienes “han sido las personas clave” para impulsar el proyecto.