El asunto de la titularidad de la Fiscalía General de la Nación se reflotó a partir de unas declaraciones que dio el presidente, Yamandú Orsi, el lunes en el marco de un acto conmemorativo de los 200 años de la administración de justicia en Uruguay. “Hoy no tenemos esa urgencia”, respondió el mandatario, ante una consulta sobre la designación de un nuevo fiscal de Corte, cargo que, formalmente, está vacante desde hace cinco años. “Tenemos, sí, que resolver a nivel de partidos políticos las vacantes que se van generando en los distintos tribunales”, expresó el presidente, en referencia al Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral y la Suprema Corte de Justicia.
Al día siguiente, el martes, el senador del Frente Amplio (FA) Daniel Caggiani, uno de los encargados de negociar con la oposición el llenado de las vacantes –que requieren una mayoría especial en el Parlamento–, afirmó en rueda de prensa que para el FA “es muy importante tener una Fiscalía de Corte no subrogante” y aseguró que, “hasta que no haya un acuerdo general, no va a haber integración, lamentablemente, de estos ámbitos”.
Este miércoles, el senador del Partido Nacional Sergio Botana dijo en rueda de prensa que, a su entender, “Orsi dijo que se iban a cumplir los acuerdos”, pero “Caggiani decidió que no”. “Nunca vi desautorización más grande a un líder político”, expresó.
Para Botana, en este momento no está claro con quién hay que hablar en el gobierno por este tema. “El presidente es un hombre de bien, obviamente que quiere cumplir con su palabra, es lo suyo. Pero bueno, parece que no se lo permite Caggiani”, comentó.
En declaraciones a Radio Sarandí, este mismo miércoles, Caggiani sostuvo que existe un intento de “construir un enfrentamiento” a partir de los dichos de Orsi y de los suyos. Afirmó que para el FA “sigue siendo importante el fortalecimiento de los organismos de contralor y la Fiscalía”, y aseguró que “no se trata de una persona”.
El último fiscal de Corte designado por el Parlamento fue Jorge Díaz; el actual prosecretario de Presidencia dejó el puesto en 2021. En su lugar, en calidad de subrogante, asumió Juan Gómez, quien en ese momento se desempeñaba como fiscal adjunto de Corte. En agosto de 2024, Gómez dejó definitivamente el cargo –había estado de licencia varios meses por motivos de salud– y asumió Mónica Ferrero, la actual titular de la Fiscalía.
El ascenso de Ferrero se dio a través de un artículo de una Rendición de Cuentas aprobada en el gobierno anterior que adjudicó a las fiscalías penales de Montevideo la competencia de “subrogar al fiscal adjunto de Corte en el orden administrativo y jurisdiccional en casos de licencia, vacancia temporal o definitiva”, agregando que “dicho fiscal subrogante será elegido en función de la mayor antigüedad en el cargo de fiscal de Montevideo en cualquier materia”, que en ese momento era justamente Ferrero. Desde el FA se ha señalado que se trató de un artículo “con nombre y apellido”.
En este período, Ferrero ha sido respaldada en reiteradas ocasiones por los partidos Nacional, Colorado e Independiente, integrantes de la Coalición Republicana. De hecho, los senadores de la oposición han declarado que garantizarán su continuidad hasta el final del mandato.
En entrevista con el programa Info capital, de TV Ciudad, el presidente del FA, Fernando Pereira, afirmó este miércoles que el partido “tiene que tener opinión propia”. “La opinión del Frente Amplio es que debería haberse cambiado a la fiscal de Corte hace mucho tiempo”, manifestó.
Pereira planteó dos argumentos. Por un lado, porque “no hay consenso político” en torno a Ferrero; y por otro, porque “es subrogante de subrogante”. “Yo creo que ella misma debería dar un paso al costado, porque finalmente, si nota que somos muy cuidadosos pero que una parte importante no la está respaldando, bueno, debería pensar si es el lugar en donde debería continuar”, expresó Pereira.