Diez años después de haber renunciado a su banca y al Movimiento de Participación Popular (MPP), el doctor Álvaro Vega volvió este miércoles al Parlamento. Lo hizo para plantear ante la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes lo que, entiende, es un caso de persecución política que derivó en su cese como jefe del servicio de Cirugía del hospital Raúl Amorín Cal de Florida. Fue designado para ejercer ese cargo en 2013, tras dejar el Poder Legislativo. A fines de junio le envió una carta al presidente Luis Lacalle Pou, comentando que lo hacía “en nombre de los muchos que están siendo perseguidos en sus trabajos públicos o privados por sus opiniones”.
Durante más de 40 minutos Vega narró a la comisión lo ocurrido desde la asunción del nuevo gobierno, en 2020. Primero cuestionó las decisiones que se adoptaron en Cirugía durante los primeros meses de la pandemia y, luego, con relación al llamado a concurso para ocupar el cargo que él ejercía. Afirma que de este modo sólo se buscaba desplazarlo a él, ya que era el único llamado que se estaba realizando con esas características, y que incluso tuvo irregularidades que llevaron a anularlo. También dijo que no se presentó al segundo llamado porque entendía que, de hacerlo, lo estaría avalando. Reiteró que quien pasa ahora a ocupar la jefatura de Cirugía desempeña dos cargos en un mismo horario, y aseguró que se han registrado otros casos de persecución, como el de la nurse Valeria Dodera, quien fue cesada del equipo de dirección del hospital y luego se presentó a concurso para el cargo de nurse asistencial, “pero olímpicamente la saltean” de la lista de prelación, dijo. Vega planteó además que el gerente general de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Eduardo Henderson, admitió en una entrevista con la diaria que “no había dado curso a notas” que se recibían “en contra” del médico floridense. “Si me tienen que investigar a mí, como dijo, que lo hagan. Me encantaría que lo hicieran, porque yo lo hice en el sentido de la defensa de la gente”, indicó Vega a la diaria, explicando que también aguarda que se investigue su denuncia respecto del doble cargo de quien lo sustituye en el cargo. “El deber del funcionario público es investigar la denuncia”, apuntó, explicando que les recordó a los legisladores que “los diputados también son funcionarios públicos”, por lo que “también les corresponde la obligación”.
En la comisión lo recibieron los diputados Cristina Lustemberg (presidenta), Milton Corbo (vicepresidente), Lucía Echeverry, Nibia Reisch y José Enrique Gallo, como delegado de sector. Silvana Pérez Bonavita, de Cabildo Abierto, llegó luego de la intervención de Vega.
Corbo, del Partido Nacional, dijo a la diaria que escuchó con atención los planteos de Vega y opinó que entre estos hay “varias manifestaciones de discrepancias que, al menos en la impresión que tenemos, tienen que ver con el funcionamiento del hospital durante la pandemia, sobre todo en la parte de Cirugía”. Indicó que el entonces director del hospital, Héctor Javiel, poco antes había integrado la lista de Vega en el Frente Amplio. “No creemos que haya habido ahí persecución política, pero escuchamos atentamente y obviamente respetamos lo que cada uno pueda sentir”, dijo. “Nos relató también lo del primer concurso, sobre el que entendía, y creo que coincidimos, que adolecía de algunos problemas y que posteriormente fue anulado”, añadió.
El vicepresidente de la comisión explicó a la diaria que los miembros coincidieron en la necesidad de solicitarle información a ASSE, la que esperan vía carta, para tratar al sesionar después de la Rendición de Cuentas. A partir de entonces se definirá el camino a seguir. El miércoles se comunicó con Leonardo Cipriani, quien se comprometió a hacer la devolución lo antes posible.
Por su parte, la diputada frenteamplista Lucía Etcheverry señaló que Vega “plantea situaciones que, de verificarse, son muy graves, que obviamente nos preocupan. Esperamos tener una respuesta del directorio de ASSE” para analizar luego si es necesario que asista a la comisión. Apuntó que si bien el órgano tiene “la importante función de contralor”, para estos casos “no es un tribunal de alzada”. “Somos actores políticos que tenemos que verificar y controlar que se garantice la política pública en la asistencia de calidad. Si esto empieza a afectarla y empieza a ser parte de las tantas dificultades que ya están identificadas en ASSE, tendremos los mecanismos dentro del rol del Parlamento y de la comisión para actuar”, dijo.