La Comisión Especial de Frontera con Argentina de la cámara baja recibió en la mañana de este miércoles al director de Aduanas, Jaime Borgiani, para tratar el aumento del trasiego de personas hacia Argentina, donde la diferencia cambiaria por la devaluación del peso hace que sea tres veces más barato comprar productos de la canasta básica familiar.
Borgiani anunció que su dirección sumará 90 nuevos funcionarios a fines de setiembre para poder cumplir con las tareas de fiscalización y vigilancia, entre otras. Nueve de ellos trabajarán en Salto, siete en Fray Bentos y otros siete en Paysandú. Mientras tanto, para enero se espera que se sumen más funcionarios para estos puntos y otros.
Desde la Dirección de Aduanas dijeron a la diaria que los ingresos son “genuinos”, es decir, que se trata de contrataciones nuevas que se realizan bajo la órbita de Uruguay Concursa. La idea, de cara al año próximo, es dotar de más personal al organismo, y el objetivo es llevar a 130 los trabajadores que fiscalizan en los distintos puntos del país.
Disconformes
El diputado del Frente Amplio (FA) Álvaro Lima dijo que los compañeros de su fuerza política no se fueron conformes con lo planteado por Borgiani, puesto que esperaban “abordar y trabajar” en más medidas para el litoral por la afectación de los comercios de Río Negro, Paysandú y Salto.
Según explicó en una rueda de prensa el diputado salteño, esperaban tratar medidas que tengan que ver con la canasta básica alimenticia y algunos otros beneficios para “desestimular el pasaje y tránsito de tantas familias que, en forma desmedida y desproporcionada”, van a la provincia de Entre Ríos, por su cercanía con Salto, ejemplificó.
“Esperábamos poder avanzar en propuestas o medidas. Desde mayo, la única medida que tuvo efectividad y que se implementó fue el aumento del descuento del Imesi para la comercialización de las naftas, que fue elevado al 40%, pero en aquel momento dijimos que esa medida en soledad no iba a tener el efecto o impacto que pretendíamos. Es atemperar, aminorar, desestimular el tránsito de personas y proteger al comercio formal”, relató Lima.
Desde el FA han insistido con la necesidad de adoptar medidas que tengan que ver con el subsidio a los productos de la canasta básica. Según Lima, hay que plantear “precios diferenciados para los productos de la canasta”, porque “todas las medidas que el gobierno ha implementado y ejecutado tienen que ver con descuentos tributarios, con beneficios ante el BPS [Banco de Previsión Social], medidas con las que estamos de acuerdo pero que no tienen un traslado a la canasta básica familiar, al consumidor final”. “Pensamos que esas otras medidas podrían tener un efecto positivo y son, en definitiva, por lo que estamos bregando”, agregó.
En tanto, en diálogo con la diaria, la diputada frenteamplista de Paysandú, Cecilia Bottino, consideró que “no serían suficientes funcionarios para cubrir los puentes sobre el litoral, que es donde más se necesitan”. “Esa es una de las preocupaciones”, expresó, a la que se suma el “ingreso masivo” de mercadería por los distintos puentes, y puntualizó: “No el trasiego de mercadería realizado por personas que necesitan realmente cruzar, sino el contrabando grande”.
La bancada del Movimiento de Participación Popular analiza la posibilidad de citar en régimen de comisión general a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por esta situación, en caso de que no haya avances en la comisión de fronteras, adelantó Bottino.
“Competencia desleal”
Al respecto, la colorada Nibia Reisch denunció que tanto vehículos como camionetas “y, en algún caso, camiones” hacen contrabando desde el vecino país. “Se están comercializando [estas mercaderías] en nuestro país y es una competencia desleal para los comerciantes instalados que tributan”, apuntó.
Reisch le solicitó una reunión al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para dar cuenta de las denuncias que le han llegado desde Colonia, departamento que representa. En ese marco, señaló que si bien no es posible tomar medidas económicas para “empardar” la situación de la diferencia cambiaria con Argentina, “entendemos que sí se debe hacer mejores controles para que no pasen este tipo de situaciones”.
La comisión está a la espera de la creación de la Comisión Nacional Honoraria Asesora en Políticas de Frontera, que será presidida por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y tendrá por cometido asesorar en asuntos vinculados a la situación laboral y del comercio en los departamentos de nuestro país limítrofes con Argentina y Brasil.
Esto fue aprobado por la Cámara de Diputados en el marco del proyecto de Rendición de Cuentas. Según indica el texto, la comisión estará integrada por los delegados y sus respectivos alternos. Habrá dos de la OPP, dos del MEF, uno del Congreso de Intendentes, uno del Plenario de Municipios, uno del Congreso Nacional de Ediles, uno de las intendencias de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, Colonia, Rivera y Cerro Largo; y uno por cada centro comercial de los citados departamentos.
El cometido de esta comisión, que para el FA llega “tarde”, será asesorar al Poder Ejecutivo con relación a las “políticas relativas a la protección de la situación laboral y del comercio en los departamentos de frontera”, como también de “garantizar la articulación entre las diferentes instituciones y entidades que abordan la temática, así como aquellas con competencia en la misma”. Una vez aprobado esto por el Parlamento, el gobierno tendrá un mes para reglamentar la comisión.
Los diputados de la Comisión Especial de Frontera con Argentina elaboraron una moción para que ese órgano parlamentario pueda trabajar por al menos seis meses más, dada la complejidad de la situación que atraviesa el litoral como consecuencia del trasiego de personas y mercadería.
“Un tiro en el pie”
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, fue crítico con la situación en el litoral. Al respecto, en una rueda de prensa, consideró que cruzar a Argentina es un “atractivo muy potente”, por lo que la gente “en lo inmediato” aprovecha esa ventaja de precios, “pero al final se está pegando un tiro en el pie, porque eso va a afectar el trabajo de sus propios familiares, amigos, vecinos". Según Mieres, el gobierno “no puede controlar” la “situación de precios en Argentina”.
Tanto Río Negro como Paysandú y Salto están por encima de la media en lo que refiere al desempleo, que es de 7,8%. En el primer caso es de 13,5%, mientras que en el territorio sanducero es de 11,3% y en el salteño es de 12,8%, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.
"Cuando uno mira la cantidad de personas empleadas, no ha caído. Aumenta la gente que ingresa al mercado de trabajo, eso le ha pasado a Río Negro y también a Salto y otros departamentos del litoral. ¿Qué quiere decir? Que hay más gente que sale a buscar trabajo: el empleo no es que caiga, pero aumenta la gente que busca trabajo y no encuentra", sostuvo Mieres.