Tras la comparecencia de las autoridades de la cancillería ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Senado, este martes, el senador frenteamplista Daniel Caggiani denunció que hay más designaciones directas en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) que en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande. El manejo de las contrataciones en ese organismo derivó en que se fijara una interpelación para principios de octubre a los ministros de Economía y Relaciones Exteriores y la renuncia de su presidente, el blanco Carlos Albisu.
Según informaron a la diaria fuentes de la oposición, se trataría de 43 los cargos que fueron designados sin concurso por parte de la delegación uruguaya de la CARU, que dirige el nacionalista Mario Ayala. Al respecto, el canciller Francisco Bustillo, que está en el exterior, mandó un mensaje a los legisladores en el que aseguró que no sabía de la situación en la CARU y adelantó que iba a revisar esas contrataciones.
En rueda de prensa, Caggiani expresó que salieron de la comisión “más preocupados” que cuando entraron, porque se enteraron de que “no solamente ha habido ingresos irregulares” de forma directa en la CTM de Salto Grande –donde contabilizan unos 36–, sino también en la CARU, donde señalan que hay designaciones directas de familiares de parlamentarios. El legislador de la oposición expresó que a la información la han sacado a “cuentagotas” a partir de “preguntas y repreguntas” a los jerarcas.
“Aparentemente, en Salto Grande eran más de diez ediles de la 404, y aparentemente en la CARU hay por lo menos familiares de parlamentarios y algunos ediles también de Alianza Nacional”, aseguró Caggiani, y recalcó que en ambas instituciones no hay representación de la oposición. “Se han dado estos ingresos irregulares, y lo que nos preocupa es que esto ha sido tomado como coto de caza del Partido Nacional [PN] y de algunos sectores del Partido Colorado para ingresar a dedo a amiguitos políticos”, agregó.
Para Caggiani, ambos organismos binacionales fueron utilizados de manera “clientelar” y con “vicios de corrupción”. Agregó que Ayala dio cuenta de un cambio en los estatutos que iban a permitir que los asesores de la delegación –designados de forma directa– puedan participar de concursos internos; no obstante, se dio marcha atrás y las bases se modificarán. “Tan mal estaba eso” que “en la misma sesión el propio presidente de la CARU paró el concurso interno que se iba a desarrollar el 28 de setiembre. No cumplía con los estatutos de la propia comisión”, estableció.
En síntesis, Caggiani indicó que “hay una serie de irregularidades notorias”, por lo tanto la interpelación a los ministros Bustillo y Azucena Arbeleche en la Cámara de Diputados, pautada para el 3 de octubre, “era más que necesaria”: “Hay que echar más luz y transparencia sobre esto”, expresó, y fustigó que el PN, en el río Uruguay, “tiene un monopolio en ingresos de funcionarios, sobre todo de carácter político”.
El presidente de la comisión, el nacionalista Rodrigo Blás, valoró que se haya dado marcha atrás en el llamado a concurso por tener un “error” en sus bases. “El presidente [Ayala] va a suspender el concurso para corregir las bases”, dijo en rueda de prensa; al ser consultado sobre si preocupa la cantidad de designaciones directas que se hicieron en el organismo, señaló que “si uno toma la cantidad de gente de toda la CARU, hay cinco funcionarios más que había antes, entre jubilados e ingresos nuevos” y, además, añadió que “en realidad” se disminuyó el presupuesto “al modificar el trabajo de los asesores que antes eran contratados y hoy son a sueldo”. Según Blás, anteriormente, “eran contratados con viáticos y a dieta”. A consecuencia de eso, afirmó, la CARU tuvo un “ahorro muy importante”, que es del orden del 30%.
“Preocupa si es que realmente ha habido cosas que no son del todo correctas. Yo sé que pasaban antes, yo sé que hay hijos de diputados anteriores que han ingresado en la CARU, sé de unos concursos muy extraños en Salto Grande donde también se metía gente para dentro en algún momento. No justifica lo que se hizo ayer que se haga hoy”, aclaró, y concluyó que en la CARU ve un “funcionamiento correcto”.
¿Qué dice la resolución?
Las bases del concurso se venían gestando “hace meses”, confiaron a la diaria fuentes de la coalición de gobierno. Según la resolución del 7 de julio, a la que tuvo acceso la diaria, el concurso contó con la anuencia de la delegación argentina, que se sumó al llamado interno. En el caso del país vecino se hizo la solicitud para ocupar 17 cargos, mientras que para Uruguay, unos 23. En el caso uruguayo, el llamado se hizo para jefe del Departamento de Ambiente, jefe de Recaudación del Puente Libertad Gral. San Martín, supervisor administrativo, analista de tesorería, chofer, cobrador, ayudante de vivero, entre otros cargos.
En la resolución se expresa que “las delegaciones coincidieron en que están habilitados para presentarse a los concursos internos todos los funcionarios de la CARU y contratados actualmente por la Comisión en cualquiera de sus modalidades: contratado por tiempo determinado, eventual o contrato de asesoría con una antigüedad mínima de seis meses, siempre que cumplan con los requisitos de la convocatoria”.
En ese marco, la delegación argentina “prestó acuerdo” a la solicitud de los jerarcas uruguayos de designar para el proceso “a una empresa especializada en recursos humanos para la selección de personal de nacionalidad uruguaya”. En cambio, para los argentinos el proceso se llevará adelante por una “Junta de Selección”.
Una base de ese llamado ya estaba pronto. Quienes querían postularse a jefe del Departamento de Ambiente tenían tiempo hasta este martes para anotarse, puesto que estaba previsto que este miércoles a la mañana se abrieran los sobres en la sede de la CARU en Paysandú. Un requisito excluyente para poder acceder a ese cargo era “ser funcionario de la comisión con cargo de permanencia o contratado”, en cualquiera de sus modalidades, ya sea por tiempo determinado, eventual, o contrato de asesoría, con una antigüedad mínima de seis meses, además de vivir a un máximo de 50 kilómetros de la sede uruguaya de la CARU. El solicitante podía vivir en Argentina o en Uruguay. Tras la comparecencia, dieron de baja el llamado.