“Se acabó el recreo”, “tolerancia cero con la delincuencia”, un presidente que sería “el primer policía”. El cambio de gobierno que se produjo en marzo de 2020 implicó nuevos rumbos en la gestión de la seguridad pública y también nuevos discursos, que apuntaban a una ruptura radical con una administración, la frenteamplista, que el actual oficialismo caracterizaba como un completo fracaso. La seguridad pública fue uno de los ejes de la campaña electoral de 2019 y, en palabras del sociólogo experto en seguridad Emiliano Rojido, “probablemente una de las áreas que provocaron la alternancia en el poder de los partidos políticos”.
En su discurso de asunción ante la Asamblea General, el 1º de marzo de 2020, el presidente Luis Lacalle Pou habló de la “emergencia” y de la “crisis de la seguridad humana” que a su entender vivía el país. Una de sus primeras acciones de gobierno, ese mismo día, fue reunirse con las cúpulas policiales, y en su discurso en el Parlamento prometió que en su gobierno se cuidaría “a los que cuidan”. “No estamos dispuestos a ceder territorio a la delincuencia o al narcotráfico, y vamos a perseguir el abigeato, que asola gran parte del interior de nuestro país. Vamos a recuperar el control de cada rincón de nuestra patria, y también de las cárceles”, afirmó en aquella instancia.
Transcurridos tres años y medio de gobierno, el tema continúa como preocupación en la opinión pública, y la valoración de la población sobre la gestión no es buena. Según una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana llevada a cabo entre el 8 y el 12 de setiembre, el 49% piensa que el desempeño del gobierno en materia de seguridad ha sido malo, el 23% considera que ha sido bueno y el 27% entiende que ha sido regular. La valoración negativa predomina en todos los estratos sociales, pero es más acentuada en las personas de nivel socioeconómico bajo y medio, en las personas de 45 a 59 años, en las mujeres y en los habitantes de Montevideo.
Al mismo tiempo, el 56% tiene una visión negativa del estado de la seguridad en el país (28% considera que es “muy malo”, e idéntico porcentaje que es “malo”), y sólo el 13% tiene una visión positiva (2% opina que es “muy bueno” y 11% que es “bueno”). El 31% calificó el estado de la seguridad en el país como “regular”.
Quienes tienen en mayor proporción una visión negativa del estado de la seguridad son las personas de entre 45 y 59 años, de nivel socioeconómico medio, mujeres y de Montevideo. La percepción sobre el estado de la seguridad está fuertemente condicionada por el voto en las elecciones pasadas: mientras el 85% de los frenteamplistas tiene una visión negativa, entre los votantes de la coalición oficialista ese porcentaje se reduce a 26%, empatando con las visiones positivas, que también se sitúan en 26%. La opinión predominante entre quienes votaron la coalición liderada por Luis Lacalle Pou es que el estado de la seguridad en el país es “regular” (48%).
Al preguntarle a la gente con qué frecuencia le preocupa ser víctima de delitos con violencia, el 19% respondió que “todo el tiempo o casi todo el tiempo”, el 39% contestó que “algunas veces”, el 31% dijo que “ocasionalmente” y el 9% respondió que nunca teme (el 2% no supo o no contestó). Quienes sienten mayor preocupación son las personas de nivel socioeconómico bajo, mujeres y de edades entre 45 y 59 años, y jóvenes de 18 a 29 años. Además, el 30% respondió que “algunas veces” ha dejado de hacer actividades de trabajo o esparcimiento por temor a ser víctima de un delito con violencia, y el 6% que lo hace “todo o casi todo el tiempo”. El 17% fue víctima de algún acto de delincuencia en el último año, y el 28% declaró que había sido víctima algún pariente suyo.
Luces y sombras de la gestión en seguridad
Para Rojido, existieron dos momentos bien marcados de la gestión del actual gobierno en la materia. Un primer momento asociado a la conducción del exministro Jorge Larrañaga, que tuvo “una impronta mucho más disruptiva con respecto al gobierno anterior, implicó discontinuar muchas de las cosas que se venían haciendo, algunas veces sin poner nada en el lugar”. Una posible “caricatura” de la gestión de Larrañaga es, para Rojido, la exclamación “se terminó el recreo”, la convicción de que “con determinación y pegando un grito esto se encauza”. En tanto, el académico caracterizó la gestión del ministro actual, Luis Alberto Heber, como “un monstruo de dos cabezas”: si bien no renunció a la figura de Larrañaga y utiliza en parte su misma retórica -por ejemplo, cuando se refiere a la “lucha inclaudicable contra el crimen”-, al mismo tiempo “le dio alas” al académico Diego Sanjurjo, “que señaliza otras posiciones en materia de seguridad, intentando basarse en las evidencias, generar consensos mínimos suprapartidarios, con una visión más orientada a la prevención que a la represión”.
Sanjurjo, coordinador de estrategias focalizadas en Prevención Policial del Delito del Ministerio del Interior (MI), dijo a la diaria que “el gran aprendizaje” que debería extraer “todo el sistema político” en estos temas es que para tener una política de seguridad moderna “se necesita evidencia, datos”. “Precisamos dejar de catalogar las políticas de seguridad como de izquierda y de derecha, es igual que las políticas de ambiente, no son de izquierda o de derecha, hay que combinar la prevención con la represión”, consideró.
En materia de los resultados de la gestión, las visiones del oficialismo y la oposición son contrapuestas. Para el senador frenteamplista Charles Carrera, quien ocupó la dirección general de secretaría del MI entre 2010 y 2017, la gestión de Heber “es muy mala, estamos peor en muchos aspectos”. Puso como ejemplo la situación del narcotráfico y el lavado de activos, en la que se está peor “no sólo según la evaluación de los uruguayos sino de los organismos internacionales”. “En 40 meses hay un deterioro, éramos un país de tránsito y ahora somos un país de acopio, estamos en un nivel de violencia superior”, opinó. Carrera aseguró que será un tema para discutir políticamente en la próxima campaña, aunque el Frente Amplio (FA) no prometerá “delincuencia cero” porque eso no es posible, sino políticas integrales que permitan combatir el fenómeno.
En cambio, para Sanjurjo se ha logrado a partir de 2020 “quebrar una tendencia que venía al alza de casi todos los delitos”, y algunos se han logrado reducir “de manera bastante considerable”. “Acá destaca sobre todo el abigeato, que creemos que no se combatía de manera correcta, y que se ha bajado casi 50%, también las rapiñas y hurtos han bajado entre 20% y 30%, si bien se mantienen altos”, resaltó.
Rojido destacó como aspectos positivos de esta gestión el intento que se hizo este año de lograr un acuerdo interpartidario para generar una estrategia de prevención del delito. Finalmente, la Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva no contó con el respaldo de la oposición. Sobre esta instancia, Sanjurjo lamentó que desde el gobierno se hayan tomado varias propuestas que hizo el FA y dijo que “lamentablemente” la oposición los dejó “tirados, en una actitud bastante mezquina”.
En cambio, para Carrera no se apuntó a una “verdadera política de Estado”. “Primero por los tiempos en los que se hace, y segundo porque no se actuó de la manera en la que se debe actuar, porque en las políticas de Estado primero lo que hay que tener es buena fe, no es que yo le pido a un partido político que me haga propuestas y a partir de allí selecciono cuáles son las que se van a discutir. Hay que hacer una agenda en común”, valoró.
De todos modos, Rojido evaluó que es destacable el intento de “sacar el tema de la seguridad del MI, y también de la órbita de la discusión político electoral permanente, y sentarse a discutir con una mirada política no electorera”. Además, destacó que en la propia estrategia “hay cosas muy positivas”, por ejemplo, la institucionalización de las encuestas de victimización, que permite “no estar a ciegas con lo que está pasando en el mundo del delito”. Rojido también valoró la publicación de datos abiertos sobre seguridad por parte del MI y la presentación de un estudio de reincidencia.
Como elementos negativos, mencionó que se haya sacado a los becarios de las comisarías que estaban dando apoyo para recibir las denuncias y que se haya discontinuado “un proceso de modernización y profesionalización de la Policía que se venía llevando adelante”, así como el aumento de los topes para el manejo de efectivo, que es “un tiro en el pie para cualquier política de control del dinero”. Entre los aspectos negativos, incluyó también “insistir en una fórmula fracasada de aumento de penas, de aumento de la cantidad de policías como solución, y de aumento en general de la prisionización”, una fórmula “archiprobada” y con resultados negativos “a la vista”.
Homicidios: datos y percepciones
Uno de los temas más complejos de manejar para la actual administración ha sido el narcotráfico y el incremento de los homicidios por ajustes de cuentas, reconoció Sanjurjo.
Según los datos del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad del MI, entre 2021 y 2022 los homicidios aumentaron 25%, y los datos del primer semestre de 2023 arrojan cifras prácticamente idénticas a las del año pasado: hubo 189 homicidios frente a 190 del primer semestre de 2022. Además, la violencia de los homicidios viene en aumento en los últimos años (ver recuadro), y desde 2018 la cantidad de homicidios se ha mantenido en registros altos.
En línea con estos datos, el 69% de los consultados por la Usina de Percepción Ciudadana entiende que los homicidios aumentaron, mientras el 24% opina que se mantuvieron igual, y el 3% que disminuyeron. El 4% no sabe o no contesta.
Sanjurjo evaluó que en el transcurso de esta gestión hubo “un gran aprendizaje” que consiste en “entender que la represión es absolutamente fundamental, y que no se debe ejercer con vergüenza, pero si no la complementamos con prevención y trabajo con las causas directas [del delito], no va a poder ser efectiva”. “Hay que dejarse de que la prevención es de izquierda y la represión es de derecha; en una política profesional de seguridad convergen ambos enfoques”, insistió.
Para Sanjurjo, el fenómeno de los ajustes de cuentas se debe abordar de manera distinta, y por eso se recurrió a un programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo que apunta a recurrir a exreclusos para trabajar en la prevención de los homicidios. “Aspiramos a que esta nueva metodología nos permita bajar los homicidios, ojalá que en un año podamos hablar de haber reducido todos o casi todos los delitos que más impactan en la opinión pública”, señaló. No obstante, discrepó con Carrera en que se haya pasado a “otro estadio” en materia de narcotráfico. “No creo que estemos peor que hace cinco años, hay una intención política de instaurar un relato que no es cierto”, afirmó. Admitió que “tenemos un puerto que es de los más frágiles de la región”, pero opinó que eso sucede porque “los escáneres que dejó el gobierno anterior eran obsoletos”.
Rojido apuntó que tiene “matices con esta estrategia” de combate a los homicidios, pero consideró que es “mucho mejor que resolver esto en nombre de las guerras contra las drogas, y que llenar barrios periféricos de policías”. “Hay un intento de hacer cosas nuevas que han funcionado en otros contextos, y eso es positivo”, resaltó.
Confianza en la Policía y cambios en las cúpulas
La percepción mayoritariamente negativa de la población sobre el estado de la seguridad en el país contrasta con la valoración positiva que se tiene de la Policía: según la Usina de Percepción Ciudadana, el 57% tiene confianza en esa institución, frente al 30% que expresa poca confianza y el 12% que no tiene ninguna confianza (el 1% no sabe o no contesta). La confianza en la Policía es mayor entre las personas del interior, de nivel socioeconómico alto, y entre los votantes de la coalición oficialista en las últimas elecciones.
El alto nivel de confianza registrado en la encuesta de la Usina está en línea con otras encuestas, como la del Latinobarómetro, que en su informe de 2021 arrojó que en 2020 el 65% de los uruguayos tenían confianza en la Policía. El Latinobarómetro registra que el nivel de confianza fue creciendo notoria y sostenidamente desde 2013, cuando se situaba en el 43%, hasta 2020. Lo mismo ha sucedido con la confianza en las Fuerzas Armadas, que en 2020 se situó en 59%, mientras la confianza en los partidos políticos se ubicó en 33%.
No obstante, la encuesta de la Usina da cuenta de un cambio a partir de 2021: mientras en noviembre de 2021 la confianza en la institución era del 67%, en setiembre de este año se ubicó en 57%.
Carrera señaló que “no todo” lo que se hizo durante las administraciones del FA fue exitoso, admitió que “en materia de seguridad y convivencia no estábamos bien”, pero destacó como uno de “los grandes activos” el proceso de profesionalización de la Policía y el accionar policial, que implicó que policías jóvenes y formados se incorporaran a la gestión y se abocaran al enfrentamiento del narcotráfico y el crimen organizado. “Todo eso se dejó de hacer a partir del 1º de marzo de 2020 y se los corrió de la Policía, se hizo una purga porque ellos cometieron el único pecado de haber trabajado con los gobiernos del FA. En estos 40 meses, pasamos a un estadio superior en los problemas del narcotráfico y el crimen organizado”, lamentó Carrera. Añadió que este gobierno convocó policías “que no estaban preparados para enfrentar los desafíos de esta época”. De todos modos, destacó como un cambio positivo la reciente asunción de José Azambuya como director de la Policía nacional, a quien calificó como “un gran policía y un gran profesional”, recordando que formó parte del gobierno del FA como integrante de Policía Científica.
Cuatro personas fueron asesinadas y calcinadas en un mes
Los homicidios aumentaron particularmente en 2022, y en 2023 se mantiene la tendencia al alza de estos delitos. También se reitera una y otra vez la crueldad en los crímenes: además de verse ejecuciones, se ven pruebas de tortura previas al homicidio o posteriores.
Prender fuego a las víctimas es una modalidad que se repite a tal punto que el MI incluyó en la última Rendición de Cuentas como agravante específico cuando haya “mutilación, desmembramiento o se queme el cuerpo de la víctima”.
Se registraron varios casos de este tipo en estos años, y, en particular, en el último mes, cuatro personas fueron asesinadas y prendidas fuego. El primero de estos casos se registró el 10 de agosto en Bañados de Carrasco, donde un hombre fue baleado y luego calcinado.
El 27 de agosto hubo otro caso en Punta Yeguas, donde un hombre que presentaba una herida en el cráneo fue hallado prendido fuego en una cuneta. Pocos días después, el 1° de setiembre, otro hombre fue asesinado y su cuerpo quemado en Parque Guaraní, en la zona de Flor de Maroñas.
El cuarto caso ocurrió el sábado pasado en Paso de la Arena, donde un hombre de 53 años fue asesinado y su cuerpo prendido fuego.
Se desconoce si el calcinamiento de personas es una modalidad criminal general o si representa a alguna facción delictiva o grupo organizado.