Luego de que el Poder Ejecutivo tomara la decisión de cobrar 2,10 dólares más IVA a cada pasajero que sale o entra al país en barco para costear el nuevo sistema de control migratorio, las empresas fluviales Buquebus y Colonia Express analizan las medidas que tomarán.
Si bien a priori la tasa debería ser pagada por los pasajeros, son las compañías las encargadas de cobrar el dinero y sucesivamente enviarlo a Veridos México, quien ganó la licitación para llevar adelante un nuevo aparato de control fronterizo.
Según informó El Observador en las últimas horas, Colonia Express definió que aumentará las tarifas y, a su vez, existe la posibilidad de que reduzca las frecuencias. Por su parte, Buquebus todavía no ha decidido si trasladará el aumento al precio pagado por los pasajeros o lo incorporará a sus costos internos de funcionamiento.
Fuentes de estas empresas señalaron a El Observador que, además del costo que implica la nueva tasa, su cobro también implica costos administrativos, por lo que el impacto en el precio final que llega al consumidor podría ser más significativo. En este sentido, el decreto que estableció esta tasa prevé que se podrá cobrar “hasta un máximo de 3% más IVA” sobre “el precio por Servicio de Seguridad” (US$ 2,10 más IVA), que “se adicionará al mismo, a los efectos de cubrir los costos administrativos de las empresas que actúan como agentes de retención”.
Desde Colonia Express sostuvieron que, de acuerdo a sus cálculos, este nuevo precio por “servicio de seguridad” incrementará sus costos entre un 8% y 10%, por lo que el aumento en las tarifas de la conexión Colonia-Buenos Aires podría experimentar una suba de entre 14% y 15%, teniendo en cuenta el tipo de pasaje.
La empresa informó que las nuevas tarifas se aplicarán en mayo para los pasajes que marquen viajes a partir de agosto. En cambio, desde Buquebus se dijo a El Observador que, en caso de trasladar los costos a los consumidores, las tarifas se ajustarán en mayo, pero para quienes viajen a partir de octubre.
Paralelamente, ambas empresas anunciaron que trabajan en un recurso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, la oposición citará al Parlamento a ministros de Turismo, Economía e Interior como consecuencia de lo establecido en este mismo decreto.