La agenda política de los últimos días estuvo marcada por el desenlace de los hechos que se iniciaron con la condena del ex secretario general de la Intendencia de Artigas Rodolfo Caram, el ahora exintendente Pablo Caram y la exdiputada Valentina dos Santos.
En el caso, que tuvo como centro el excesivo otorgamiento de horas extras a funcionarios, se inicia un nuevo capítulo vinculado a la posibilidad que tienen los jerarcas políticos o de particular confianza de solicitar un subsidio por un año equivalente al 85% de sus haberes en función tras dejar el cargo.
Un proyecto de ley que actualmente se encuentra en la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores y que fue aprobado por unanimidad a finales de 2023 en la Cámara de Diputados busca quitar esta posibilidad cuando los jerarcas tengan una condena firme de delitos contra la administración pública.
La iniciativa es del diputado colorado Conrado Rodríguez. Según explicó a la diaria, en las últimas horas dialogó con el senador colorado Pablo Lanz, integrante de la mencionada comisión, que le manifestó que pediría que se pusiera en discusión el citado proyecto y se le diera “prioridad”.
Con el argumento de que muchas veces los funcionarios se dedican exclusivamente a la actividad pública y, por ende, es necesario que “puedan nuevamente involucrarse en el mercado laboral”, este subsidio se creó en 1990 y tuvo varios antecedentes que, sin embargo, no “necesariamente preveían” esta figura, explicó el diputado.
Rodríguez señaló que si bien aún no se sabe si los jerarcas de Artigas solicitaron acceder a este beneficio, la aprobación de la iniciativa “sería algo bueno para prevenir” que otras personas en el mismo escenario se aprovechen de algo que está previsto para los funcionarios que “cumplen con la ética de la función pública”.
Según prevé el artículo 77 de la Constitución en su numeral 10, ningún legislador ni intendente que “renuncie a su cargo después de incorporado al mismo, tendrá derecho al cobro de ninguna compensación ni pasividad que pudiera corresponderle en razón del cese de su cargo, hasta cumplido el período completo para el que fue elegido”. En este sentido, la posibilidad de acceder a la compensación estará abierta para los implicados –al menos [Pablo] Caram y Valentina dos Santos– cuando asuman en el próximo período nuevas personas a los respectivos cargos políticos que ocuparon.
La senadora blanca Graciela Bianchi, presidenta de la comisión, dijo a la diaria que Lanz planteó el tema este martes y que “obviamente” estuvieron todos de acuerdo en darle prioridad. Acordaron que se trate en la sesión que se hará dentro de dos semanas, porque para la sesión de la semana que viene ya tienen varios temas en el orden del día. Bianchi dijo que aún no leyó el proyecto de los colorados, pero, de todos modos, apoya “todos los proyectos que tiendan a la transparencia”.
El senador blanco Carlos Camy, integrante de la comisión, dijo a la diaria que está de acuerdo con el proyecto porque está en contra de que se cobre subsidio si el jerarca que renuncia está condenado.
A su vez, el senador del Frente Amplio Charles Carrera dijo a la diaria que su partido puede acompañar el proyecto de los colorados, y además señaló que en la comisión plantearon que se ingrese en el orden del día el proyecto de la coalición de izquierda que crea el delito de enriquecimiento ilícito y también el fortalecimiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).
El proyecto de ley
Rodríguez ya había presentado en 2017 este proyecto de ley. En aquel entonces, según detalló, lo propuso a raíz de la renuncia del entonces vicepresidente, Raúl Sendic. Este exjerarca, condenado en 2021 por los delitos de abuso de funciones y peculado, solicitó en 2020 el subsidio, al que posteriormente accedió. “Si se hubiera aprobado el proyecto de ley en 2017, Raúl Sendic no hubiera cobrado el subsidio”, remarcó el diputado Colorado. “En Artigas, al realizar acuerdos abreviados en la sede de Fiscalía con la homologación judicial, ya existe sentencia de condena, por lo que si este proyecto de ley estuviera aprobado en las dos cámaras, estos funcionarios no podrán cobrar el subsidio”, apuntó en la misma línea.
La propuesta legislativa prevé la suspensión del beneficio con “el procesamiento o con la acusación fiscal” de los delitos “contra la administración pública y otros relacionados con la corrupción”. A su vez, la posibilidad de acceder al subsidio “se extingue” con la “sentencia condenatoria definitiva firme, consentida o ejecutoriada”.
Asimismo, se deja claro que “se considerará indebido el cobro de todo o parte del mismo, que se hubiere efectuado con anterioridad” a una sentencia firme y ejecutada, como describe el propio proyecto. Lo obtenido por el funcionario, en ese caso, quedará “sujeto a recuperación administrativa o judicial”, constituyendo “título ejecutivo” la resolución administrativa del organismo que haya “efectuado el desembolso”.
En su exposición de motivos la iniciativa recuerda lo descrito por el artículo 39 de la Ley 9.940 de 1940, que prevé que “los delitos cometidos contra la Administración Pública o conexos a la función pueden traer aparejada la pérdida de los derechos a la pasividad”. El argumento resalta que esto se aplica a los titulares de los cargos políticos y de particular confianza, y sostiene que aunque el subsidio “no es un derecho o beneficio jubilatorio”, de todas formas “se emparenta con una prestación de seguridad social”. En este sentido, se apunta a que lo que se propone es una “sanción similar”.