El martes el Tribunal de Cuentas aprobó una resolución en la que informó sobre las irregularidades constatadas en la Intendencia de Artigas. La intervención de la entidad fiscalizadora había sido solicitada por la Junta Departamental a principios de diciembre de 2023, a partir de la situación de “generación y pago de horas extras, así como de compensaciones por mayor horario”.
Algunos de los casos que se derivaron para el análisis fueron los que terminaron con la condena judicial del exintendente departamental Pablo Caram y su sobrina, la exdiputada Valentina dos Santos.
Según el informe del Tribunal de Cuentas, del que dio cuenta El Observador y al que accedió la diaria, se pagaron 52 millones de pesos en horas extras irregulares a 53 funcionarios y un total de 327 millones de pesos en total de horas extras entre 2020 y 2023.
En la mencionada resolución, además de profundizar en las características de las irregularidades que se desprenden de la auditoría realizada, también se informó que se dará cuenta de lo obtenido a la Asamblea General, el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación. Además, también dispuso que “si se presentare solicitud de subsidio por parte del intendente de Artigas cesante, la intervención preventiva del gasto será resuelta por el Tribunal Central”.
Conclusiones de la auditoría
Según destaca el informe, el Tribunal de Cuentas concluyó que “las irregularidades constatadas son consecuencia tanto de normas que no fueron reglamentadas previo a su aplicación así como falta de controles, separación de funciones y oposición de intereses, escasa rotación de funcionarios y registraciones manuales realizadas por el personal de Recursos Humanos”.
Se agregó que “la ausencia de un ambiente de control eficaz debido a la falta de una definición de responsabilidades y de tareas a asignar a los funcionarios, el comportamiento de los mismos ante la falta de control y la carencia de reglamentos y manuales de procedimientos crearon un ambiente propicio para el desarrollo de las irregularidades constatadas”.
Por otra parte, en lo que tiene que ver con lo normativo, se subraya que el artículo 9 del presupuesto departamental 2020-2025, aprobado en julio de 2021, “se revela como una norma imperfecta y que plantea dudas”, y a su vez se destaca que se “reglamentó en forma tardía”. Esto lleva, según el Tribunal de Cuentas, a que “existen funcionarios que realizan trabajo extraordinario, liquidándose compensaciones y horas extras que exceden los máximos establecidos en el Convenio 30 de la OIT, ratificado por la Ley 8.950”.
En ese artículo 9, por ejemplo, se “autoriza al intendente departamental a otorgar por resolución fundada a los funcionarios compensaciones de un 20%, o 30%, o 40% en todos los casos sobre el sueldo del funcionario, de acuerdo a la carga horaria que establece el respectivo escalafón, incrementada en igual proporción, y a las tareas que determine el intendente”.
Además, se aclara que también se podrán “otorgar compensaciones por 'metas cumplidas” a los funcionarios a quienes previamente al cumplimiento de una tarea específica se les establezcan metas concretas, y en caso que se cumplan en una escala mayor al 90% las podrán percibir”. En cuanto al pago de horas extras, dicha norma establece que “es acumulable con el de compensaciones, pero si estas supusieron un incremento en la carga horaria del funcionario, el mismo sería irregular cuando se superen los máximos legales”.
Meses después de aprobado el presupuesto, el intendente departamental mediante una orden general de servicio, en noviembre de 2023, dispuso que las horas extras se liquidarán hasta la cantidad de 80 horas. Más allá de esto, desde la entidad fiscalizadora se entiende que persiste “la ausencia de resoluciones fundadas del jerarca, estableciendo los motivos” de las mencionadas compensaciones u horas extras.
“La Intendencia posee un débil sistema de control interno relativo a todo lo que refiere básicamente a las horas extras y compensaciones, y no dio cumplimiento a la normativa que regula el trabajo extraordinario”, resumió, en última instancia, el Tribunal de Cuentas.
Las debilidades
Haciendo foco en las debilidades en el control interno, el Tribunal de Cuentas destacó que, más allá de varias constatadas, a partir de marzo de 2023 “se han tomado medidas para subsanar algunas de ellas”. En ese sentido, las que aún continúan pendientes tienen que ver con los “controles informatizados” que permitan alertar “si algún funcionario no cumple su horario mínimo o no esté concurriendo a trabajar”. Además también se indicó que falta un “control de horario por compensaciones”, teniendo en cuenta que desde abril de 2023 se controla “sólo para los casos en los que se les paga horas extras”.
Por otra parte, todavía hay ausencia de la “justificación de la realización de horas extras”. Según se indicó, “en la mayoría de los casos, hasta abril de 2023 no consta por escrito la justificación de la necesidad de la realización de horas extras”. Asimismo, más allá de esa fecha, “en algunos casos se detallan las tareas realizadas y en otros se incluye de forma genérica que la fundamentación es por ‘necesidad del servicio’”.
Funcionarios bajo la lupa
En la nota de la Junta Departamental que fue presentada en noviembre de 2023 al Tribunal de Cuentas se mencionó la duda sobre la legalidad del cobro de horas extras y compensaciones por parte de nueve funcionarios, desde diciembre de 2020 hasta esa fecha (36 meses).
En ese sentido, la entidad fiscalizadora constató que al calcular “la cantidad de horas extras a liquidar” a la funcionaria Stefani Severo -esposa del exsecretario general Rodolfo Caram- “no se sumaba a las horas de la jornada diaria de trabajo la carga horaria generada por el pago de la compensación”. Por ese motivo, “las mismas horas por las que se le abonaba la compensación también se le pagaban horas extras”. Esta situación se mantuvo hasta su renuncia en enero de 2023, la cual no fue aceptada, y finalizó con su destitución tras una investigación administrativa.
Por otra parte, con relación al caso de otro funcionario se destacó que “no es posible determinar si las horas correspondientes a la compensación se tomaban en cuenta al momento de determinar la cantidad de horas extras”. Se explicó que tal imposibilidad tiene que ver con que “la planilla en la que se autorizaban sus horas sólo dice la cantidad de horas extras, pero no figura la hora de entrada y salida y no registraba las marcas en el reloj” biométrico.
En el caso de los siete funcionarios restantes, se “descontaban las compensaciones en la carga horaria”. En total, los nueve funcionarios realizaron 28.328 horas extras en los 36 meses, lo que completa un promedio, entre todos, de 793 horas extras mensuales. La comuna, en esa línea, desembolsó durante los 36 meses 2.097.490 pesos en compensaciones y 13.837.259 pesos en horas extras, lo que suma un total de 15.934.749 pesos.