Este martes la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) recibió en el Palacio Legislativo a las máximas autoridades de la fuerza política: su presidente, Fernando Pereira, la vicepresidenta, Verónica Piñeiro, y el secretario político, Daniel Mariño. Además, en el encuentro de “balance” del año legislativo también estuvo la presidenta de la cámara alta y vicepresidenta de la República, Carolina Cosse.
Luego de la instancia, Pereira remarcó que esta “evaluación” era “importante”, dada la presencia en este primer año de la legislatura de una gran “cantidad de desafíos”. Entre ellos, enumeró la reforma de la Caja de Profesionales, el abordaje de la situación del Casmu, la ley de muerte digna y el presupuesto quinquenal. Más allá de esos temas, y a la luz de lo resuelto el lunes por la Mesa Política del FA, también se trató en el encuentro la eventual inconstitucionalidad en la que incurrió el senador colorado Andrés Ojeda y las posibles salidas a esa situación.
Hace dos semanas, el presidente del FA informó luego de una reunión de la Mesa Política que se habían solicitado informes a constitucionalistas para determinar si la solicitud en Fiscalía del reexamen de una causa por parte del senador era motivo de violación del artículo 124 de la Constitución de la República. La disposición constitucional establece que los legisladores no podrán “tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la administración central, gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados”. La carta magna dispone que el incumplimiento de esto supondrá “la pérdida inmediata del cargo legislativo”.
Con posterioridad a esta instancia, la fuerza política recibió dos informes, uno de José Korzeniak y otro de Luis Fleitas, ambos constitucionalistas, que concluían que Ojeda cometió efectivamente una infracción. En ese escenario, según explicó el propio Pereira, la Mesa Política definió “habilitar” un “camino de diálogo con senadores para encontrar la mejor salida” para esta situación. Por lo pronto, adelantó que la fuerza política “no tiene la vocación de destituir por simple mayoría”.
Blanca Rodríguez: “Seguimos esperando informes jurídicos”
En la instancia de este martes, según informó la senadora Blanca Rodríguez, se decidió postergar el tratamiento de la situación de Ojeda hasta el levantamiento del receso parlamentario en febrero. “Seguimos esperando informes jurídicos, el tema no está cerrado para el Frente Amplio”, aseguró la legisladora. Asimismo, remarcó que “todos los informes” recibidos hasta el momento “coinciden en que hubo un apartamiento de la Constitución”.
“Él puede tener esa opinión y yo la respeto”, respondió Pereira al ser consultado si este era “un tema cerrado” como expresó Ojeda luego del informe favorable de la División Jurídica del Poder Legislativo. El presidente del FA agregó que tras el levantamiento del receso se buscará llegar a “una posición acordada” entre la bancada de senadores y la fuerza política.
Haciendo referencia a Tabaré Vázquez, Pereira se detuvo en la importancia de “actuar con el programa abajo de un brazo y la Constitución abajo del otro”. “Implica tener responsabilidad y tomarse el tiempo suficiente; nosotros somos de los que consideramos que hay que tener mucho cuidado con los legisladores que fueron electos con el voto directo y secreto”, comentó el presidente de la coalición de izquierda.
Pereira planteó que, por lo pronto, ha “preocupado” en filas frenteamplistas las manifestaciones de Ojeda de que seguirá ejerciendo su profesión en las mismas condiciones y con el mismo vínculo con la Fiscalía. “Ese es un dato que a nosotros nos alarma mucho porque habíamos considerado que era un error, pero aparentemente no lo es”, agregó.
La búsqueda de prevenir y los posibles desenlaces
“Es una posibilidad, ojalá tengamos la madurez para dejar bien claro, negro sobre blanco, cuáles son las incompatibilidades y que nadie pueda violentarlas”, comentó Pereira al ser consultado sobre si se buscará aclarar por ley este tipo de situaciones como la de Ojeda. “La Constitución no es cualquier cosa, son las líneas amarillas que marcan por dónde podemos transitar”, planteó, de todas formas.
Al ser consultada por las prioridades para el próximo año, la senadora Rodríguez también comentó que algunas de las ideas que están sobre la mesa tienen que ver con “establecer precisiones con respecto a las limitaciones que pueden tener los legisladores en algunos ejercicios profesionales de manera más específica”.
Al retorno del receso parlamentario se definirá qué camino se tomará en el caso del senador colorado. Según supo la diaria, de los informes recibidos hasta el momento, uno de los caminos posibles es la aplicación del artículo 115 de la Constitución de la República, que prevé que la cámara “puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes”.
La otra vía en consideración tiene origen en el artículo 93 de la Constitución de la República que establece que la Cámara de Representantes tiene “el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores”, entre otros, a los miembros de “ambas cámaras” por “violación de la Constitución o de las leyes u otros delitos graves”.
Complementariamente, el artículo 102 de la Constitución señala que a “la Cámara de Senadores corresponde abrir juicio público a los acusados por la Cámara de Representantes”. Está previsto que en esa instancia pueda “pronunciar sentencia al solo efecto de separarlos de sus cargos, por dos tercios de votos del total de sus componentes”.